QUITO, viernes, 16 mayo 2008 (ZENIT.org).- Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal, acompañado por otras autoridades de la Iglesia y representantes de varias entidades entregaron el 14 de mayo, al presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador más de seiscientas mil firmas de ecuatorianos que respaldan las aportaciones al texto constitucional de los obispos ecuatorianos.
Monseñor Arregui, informa la agencia misionera de la Santa Sede «Fides», dio lectura a la carta entregada al economista Acosta, en la que reitera la petición de los ecuatorianos de que «bajo la protección de Dios, se reconozca el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se reconozca y proteja a la familia formada por hombre y mujer, se garanticen los derechos de las familias especialmente en la educación de sus hijos conforme a las propias convicciones».
En la carta, a la vez que piden «no hacer injustas discriminaciones a las personas homosexuales, que deben tener el mismo patrimonio jurídico que el resto de los ciudadanos», señalan también «la inconveniencia de ofrecer una ley especial para las uniones entre personas homosexuales, cuyas situaciones jurídicas de interés mutuo tienen el amparo del derecho común».
A las firmas presentadas, exactamente 636.417, se siguen sumando otras de ecuatorianos que respaldan la petición de la Conferencia Episcopal, firmas que «han sido recogidas por todo el país en un marco de total libertad y consciente adhesión, sin efectuar gasto alguno». Los firmantes son
«ciudadanos comunes».
Se trata de una «manifestación originada desde la luz de la fe cristiana, desde la ciencia y la recta razón, en continuidad con las raíces de un patrimonio cultural que ha forjado la nacionalidad ecuatoriana y la impulsa hacia una creciente vigencia de la dignidad humana en nuestra sociedad».
En la carta se manifiesta también la preocupación de que «algunas voces que se han alzado contra la mención del nombre de Dios en el preámbulo, siendo así que tal mención es plenamente compatible con una sana laicidad del Estado. Laicidad no es ateísmo».
Puntualiza que algunas disposiciones, aprobadas recientemente, «desean garantizar un derecho a cambiar de sexo que es imposible de alcanzar para la limitación humana (…), y la potestad de tener hijos cuando se quiera como si se tratara de una simple adquisición y no de un regalo de Dios a través del amor responsable de los padres».
Igualmente pide revisar la «la declarada inviolabilidad de la vida», «en la que no se precisa cuándo empieza y termina la vida humana». «Esto, igual que la indeterminación del momento en que se quiera tener o no un hijo, deja abierta la inadmisible posibilidad legal de abortar». Destaca así mismo que «la incorporación de vocablos más ideológicos que jurídicos, como la homofobia siembra inseguridad jurídica».
Concluye la carta pidiendo que «se estudien mejor estas propuestas en vía de aprobación, para no herir las convicciones y sensibilidades de los centenares de miles de firmantes».
