QUERÉTARO, domingo, 10 mayo 2009 (ZENIT.org-El Observador).- Han pasado dos años desde aquel 24 de abril de 2007, en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una serie de enmiendas en las leyes locales para permitir el aborto bajo cualquier motivo, siempre y cuando éste se practique en las doce primeras semanas de gestación.
Veinticuatro meses después el sistema de salud del gobierno capitalino ha lanzado las campanas al vuelo para anunciar sus logros en este campo: más de 23 mil «interrupciones de embarazos», como eufemísticamente le llaman, algo así como 33 abortos diarios. Ante la influencia innegable que tiene en la vida del país lo que pasa en la capital, ¿cuáles han sido las respuestas de los estados que componen la federación?
La vida a debate
El 24 de mayo de 2007, un mes después de que el Gobierno del DF hiciera pública la así conocida ley del aborto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron, cada una por su parte, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anular las reformas que despenalizan el aborto. Tanto la CNDH como la PGR aseguraron que sus demandas se basaban sólo en posibles contradicciones legales y no respondían a factores religiosos, morales, políticos, económicos o sociales.
A la par, diversas organizaciones civiles a favor de la vida iniciaron movilizaciones en el país para hacer conciencia sobre las consecuencias que traería consigo esa ley. La presión fue tal que la SCJN decidió abrir una serie de audiencias públicas entre el 11 de abril y el 27 de junio de 2008, con participación de grupos tanto a favor como en contra del aborto.
Finalmente, el 28 de agosto de 2008, la SCJN emitió su resolución: es constitucional la norma de ALDF que despenaliza el aborto en DF hasta la semana 12 de gestación. El fallo se logró con una votación de ocho magistrados a favor y tres en contra.
Respuesta inmediata a favor de la vida
Sin embargo la aparente derrota se convirtió en un desafío para la vida. Luego de la votación en la SCJN, el ministro Sergio Aguirre, el encargado de elaborar el proyecto de sentencia que apuntaba hacia la inconstitucionalidad de la ley abortista, señaló que con el fallo y el entorno que creó el llamado «debate de la vida» se inauguraba en México «una etapa de reflexión a nivel constitucional sobre la categoría constitucional que se debe otorgar al producto de la concepción».
Al final de cuentas, a decir de los analistas, en términos sencillos, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la vida, no puntualiza los límites temporales, es decir, no expresa cuándo inicia y cuándo termina. Aquí estaba el obstáculo, que para algunos se antoja insalvable.
Pero la respuesta de algunas entidades federativas no se hizo esperar: de octubre a diciembre del mismo 2008, los congresos de Sonora y de Baja California hicieron modificaciones a sus respectivas constituciones locales para establecer el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con lo que cerraban las puertas a quienes deseaban ampliar las causales de aborto y seguir el ejemplo de la ALDF.
Blindaje de la vida
A partir de esas reformas en las constituciones locales, se empezó a hablar del «blindaje» de la vida contra el aborto y la eutanasia. Este blindaje, en palabras de Juan Pablo Pampillo, experto en derecho, no es otra cosa que la expresión clara y explícita, en las leyes, de los límites temporales de la vida como bien tutelado.
Así, por ejemplo, la constitución de Sonora establece en el artículo primero que «el Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural».
A partir de las reformas en aquellos dos estados norteños, otras legislaturas del país empezaron a promover iniciativas para enmendar sus leyes, o bien, puesto que ya venían cabildeando sobre el particular, le inyectaron un nuevo brío a los esfuerzos por proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural.
Nueve estados a favor de la vida desde la concepción
Así las cosas, después de Sonora y Baja California, las legislaturas de Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo, en lo que va de este año, han reformado algunos artículos de sus constituciones y leyes secundarias con lo cual se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción y hasta la muerte natural. Chihuahua ya había logrado avances significativos en este rubro desde 1995.
El 8 de mayo, el Congreso de Guanajuato aprobó la iniciativa de reforma constitucional que defiende la vida del no nacido.
Llaman la atención algunas precisiones en estas reformas, que no dejan lugar a argucias legales, como el caso de Jalisco, donde se añadieron las siguientes líneas: «Se entiende por concepción humana la fecundación del óvulo femenino por el esperma masculino en el vientre materno, dando origen a un nuevo ser humano en la secuencia natural de gestación».
Además en ese mismo estado se anunció que en breve se añadirá un párrafo al artículo 228 del Código Penal para permitir al juez conmutar la pena de prisión por un «tratamiento médico integral» a las mujeres que aborten.
Pero hay más estados que ya trabajan sobre posibles enmiendas a sus constituciones para seguir los pasos de los nueve estados que ya han blindado la vida contra el aborto: Querétaro, Campeche y Michoacán son algunas entidades federativas donde ya se habla de reformas.
Presiones abortistas
Los avances que se han logrado en este blindaje de la vida no han estado libres de dificultades. Si bien es cierto muchos grupos opuestos a la legalización del aborto han hecho presión con éxito en los congresos locales, incluso han elaborado las iniciativas de reforma, existen diversas organizaciones, apoyadas desde el extranjero muchas de ellas, que siguen impugnando las enmiendas a favor de la vida.
En época electoral para algunos partidos el tema del aborto es muy incómodo. No saben qué hacer con él, si ponerse a favor o en contra. Incluso el partido que hace dos años se ufanaba de su logro en imponer la legalización casi absoluta del aborto en el DF, ahora en plena campaña electoral prefiere no hablar del asunto.
Pero hay quien se lanza en contra de la Iglesia, señalándola como la principal promotora del blindaje de la vida en varios estados. Un nuevo partido de izquierda ha encabezado una cruzada «en defensa del Estado laico», y se queja amargamente de que los demás partidos de izquierda han sido cómplices al no oponerse en forma decidida a las reformas: «todos los demás están cuidando sus votos, pensando que es más barato para ellos quedarse callados que defender un principio tan importante y que nos costó tanto, que fue sacar a la derecha y a los curas de los Congresos».
Sin embargo, es clara la posición de los legisladores próvida: «Aquí no cabe discutir el tema del aborto, pues se trata de una reforma que reconoce y garantiza el derecho a la vida que enaltece la dignidad humana […] Para que exista un aborto, primero debe haber una concepción».
O, como expresó un legislador de Durango: «si no garantizamos el derecho a vivir del ser humano desde la fecundación a través de la Constitución política de nuestro estado, estamos condenando a los sere
s humanos a depender para vivir de voluntades externas ya que no se puede defender ni garantizar lo que la propia constitución no señala de manera clara y contundente».
Salvaguarda de los derechos del concebido y la madre
De acuerdo al dictamen aprobado por la mayoría de los diputados en cada uno de los nueve congresos locales que hasta hoy han hecho modificaciones, la reforma constitucional tiene como propósito proteger a la madre y a los hijos por nacer, defiende la dignidad humana de las personas y busca conciliar los intereses de la mujer embarazada y los hijos por nacer, de tal forma que el derecho de una no sacrifica los derechos de los otros.
Uno de los principales postulados que plantean las enmiendas es que después de la concepción un humano ha comenzado a existir y esto no se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental.
En suma, a decir de los promotores de estas reformas, «elevar a rango de carta Magna la defensa de la vida desde el momento de la concepción es un acto constitucional y está en línea con los acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
Por Gilberto Hernández García
