QUERÉTARO, lunes 14 de febrero de 2011 (ZENIT.org / El Observador).- El martes pasado, el Senado de la República acordó una serie de modificaciones al texto constitucional mexicano, que fueron consideradas como muy positivas por la Conferencia del Episcopado Mexicano ya que abren el camino hacia un verdadero respeto de los derechos humanos de las personas, sintonizan a México con los acuerdos internacionales en materia de protección a la vida y dan certidumbre al derecho humano fundamental de la libertad religiosa.
Sin embargo, muy poco, prácticamente nada, se ha comentado al respecto en los medios de comunicación de México. Por tal motivo, ZENIT-El Observador ha entrevistado al doctor en Ciencias Políticas Francisco Porras, quien es coordinador de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), con sede en Querétaro.
–¿Cuáles son –en esencia- las reformas constitucionales recientemente realizadas en el Senado?
Francisco Porras: Las reformas constitucionales aprobadas en el Senado mexicano el pasado martes 8 de marzo, son el resultado de un proceso de cerca de dos años de duración, en el cual también participó la Cámara de Diputados. En esencia, la reforma modificó el texto de diez artículos constitucionales para reconocer de una manera explícita los derechos humanos de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en nuestro territorio.
–¿Qué camino han seguido estas reformas?
Francisco Porras: Los cambios más importantes se han dado en el Título Primero, Capítulo I, que ha dejado de llamarse “De las Garantías Individuales”, para pasar a ser “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Específicamente, el Artículo Primero substituyó el término “individuo” por el de “persona”, declarando que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…” La mención explícita de los tratados internacionales es un cambio muy importante, pues implica que los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en ellos también deben ser “promovidos, respetados, protegidos y garantizados” por las autoridades mexicanas.
El Artículo Tercero se modificó para incluir que la educación que imparta el Estado Mexicano “fomentará…el respeto a los derechos humanos”; los nuevos textos de los artículos 11, 15 y 33, reconocen los derechos humanos de extranjeros que se encuentren en nuestro territorio, incluyendo el derecho de asilo. En la misma línea, el artículo 18 declara que el sistema penitenciario debe organizarse “sobre la base del respeto a los derechos humanos”. El 8º establece que el Presidente de la República debe dirigir la política exterior de México incluyendo “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Los artículos 102 y 105 modifican algunos procedimientos relacionados con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Finalmente, y también muy significativamente, el artículo 29 define algunos derechos humanos que no pueden ser suspendidos o restringidos por el Presidente. Como sabemos, la Constitución permite al Presidente en casos de guerra y emergencia muy grave, suspender el reconocimiento y ejercicio de las garantías individuales. Sin embargo, la reforma aprobada por el Senado establece que nunca se podrán suspender o restringir derechos fundamentales de las personas, entre los que se encuentran los derechos a “la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna…la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud… ”
–Como dice el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿son estas reformas un avance en la promoción y respeto de los derechos humanos en México?
Francisco Porras: En el CISAV pensamos que esta reforma constitucional es la más importante en materia de derechos humanos de las últimas décadas. Como dice el comunicado de la Conferencia del Episcopado, la reforma tiene un sentido humanista, pues eleva los derechos humanos al máximo grado de reconocimiento legal en México. En concreto, la reforma de los artículos 1 y 29 marca el rumbo para el reconocimiento de la libertad religiosa, y la protección de la vida, la persona y la familia en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Ahora, lo importante es que nuestros legisladores, políticos y funcionarios inicien el proceso de adecuación de toda la normatividad nacional a estos cambios constitucionales.
–¿Qué dificultades enfrenta la libertad religiosa en México?
Francisco Porras: De acuerdo a varios reportes internacionales, México enfrenta actualmente problemas relacionados con restricciones gubernamentales y la presencia de hostilidades sociales. A diferencia de otros países, en México se reconocen las libertades de pensamiento, creencia y culto, lo que no es lo mismo que la libertad religiosa. La libertad religiosa implica el ejercicio efectivo del derecho de asociarse y manifestarse públicamente, a través de obras sociales, educativas, caritativas y medios de comunicación, teniendo como único limitante el bien público. Sin embargo, nuestras leyes y reglamentos actuales presuponen que la religión es un asunto privado. Al mismo tiempo, esto está acompañado por un ambiente social y cultural que es muy crítico a la participación activa de los creyentes en la vida pública del país.
–El CISAV, ¿va a dar seguimiento, en los sucesivo, a la candente cuestión planteada por Benedicto XVI sobre la libertad religiosa, misma que llamó el Santo Padre uno de los caminos que el mundo tiene que seguir para construir la paz?
Francisco Porras: Sí; en la División de Ciencias Sociales y Jurídicas –que un servidor coordina– hemos establecido una línea de investigación sobre Derecho, Persona y Sociedad que trata estos temas. En el futuro esperamos que esta línea de trabajo produzca publicaciones, diplomados y programas docentes sobre estos temas que, en México, prácticamente nadie se está ocupando de ellos.
Por Jaime Septién
