LAHORE, miércoles, 2 junio 2004 (ZENIT.org).- Un católico de 32 años de edad, Samuel Masih, detenido presuntamente por blasfemia desde agosto del año pasado, murió el pasado 28 de mayo a consecuencia de la violencia sufrida a manos de un carcelero musulmán fundamentalista.
Al presidir el funeral por el joven el sábado, el arzobispo de Lahore y presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán –monseñor Lawrence Saldanha— condenó a los responsables del crimen y reclamó al gobierno que garantice la vida y la seguridad de las minorías religiosas.
«Samuel estaba haciendo su trabajo, recogiendo desperdicios para limpiar un jardín. Los amontonó fuera del muro de la mezquita. Pensaba recogerlos después y quemarlos. Este acto ha sido considerado una blasfemia», explicó el prelado, según recoge «AsiaNews».
Fue el motivo por el que el muecín de Lahore golpeó al joven y lo entregó a la policía. El 23 de agosto pasado fue detenido acusado de blasfemia contra el islam y permaneció en la prisión central de Lahore hasta el 22 de mayo, cuando tuvo que ingresar en el hospital por tuberculosis. Un policía le vigilaba, pero dos días después otro policía le atacó y declaró que su fe le obligaba a matar a Samuel.
Ocurre con frecuencia que, en los casos de blasfemia, cuando la acusación está todavía pendiente de verificarse ante un tribunal, el acusado padece durante su detención violencias y torturas, incluso hasta la muerte.
«El número de víctimas no deja de crecer… Cada día que pasa esta ley aumenta las injusticias contra el pueblo pakistaní –denunció monseñor Saldanha–. La peligrosa dirección en que nos movemos muestra que los pobres y los débiles se convierten en víctimas del odio fanático».
Igualmente el prelado exhortó a los fieles a hacer frente a la Ley sobre la blasfemia –cita «Fides»–, que condena a «cuantos con palabras o escritos, gestos o representaciones visibles, con insinuaciones directas o indirectas, insultan el sagrado nombre del Profeta».
La ley sobre la blasfemia –secciones 295 B y C del Código Penal pakistaní— fue introducida en 1986. La sección 295-B se refiere a las ofensas al Corán, castigadas incluso con cadena perpetua, mientras que la sección 295-C prevé la pena de muerte o cadena perpetua por calumnias contra el profeta Mahoma.
La norma permite encarcelar al presunto trasgresor en virtud de declaraciones ofrecidas por cualquier ciudadano. Al basarse la denuncia en simples declaraciones orales, favorece el uso de la ley como medio de venganza personal. Igualmente la disposición es manipulada por los militantes islámicos para perseguir a los cristianos o a cuantos no estén de acuerdo con ellos
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán ha dado a conocer que desde 1987 hasta el momento, al menos 148 musulmanes, 208 ahmadi, 75 cristianos y 8 hindúes han sido acusados injustamente de blasfemia.
La ley en cuestión es rechazada por líderes cristianos, asociaciones civiles y grupos que defienden los derechos humanos. De hecho, son muchos los que se ofrecen gratuitamente a ayudar a cuantos son acusados injustamente de blasfemia, como el abogado Khalil Tahir –de Faisalabad–, que está defendiendo a la familia de Javed Anjum, el joven asesinado recientemente por algunos integristas musulmanes (Cf. Zenit, 19 de mayo de 2004).
El presidente pakistaní Pervez Musharraf ha afirmado en diversas ocasiones su voluntad de una revisión de la disposición –cuya abolición pide la Iglesia en el país–, pero hasta el momento no ha habido ningún resultado.
De los aproximadamente 150 millones de habitantes de Pakistán, el 75% son musulmanes suníes y el 20% son chiíes. Los cristianos representan el 2,5%. De ellos, los católicos son 1,2 millones.
