BOGOTÁ, 14 noviembre 2002 (ZENIT.org).-
La opinión del episcopado colombiano «no sólo respecto al obispo de Zipaquirá, sino hacia todos los secuestrados, es que la vida y la libertad ni se compra, ni se vende y, por lo tanto, ni se cambia, ni se negocia. Por el contrario, se respeta y se defiende».
Así lo ha manifestado el obispo de Popayán, monseñor Iván Marín, en nombre del Episcopado colombiano, según informa el diario «El Tiempo». El obispo de Apartadó, Germán García Isaza, añadió: «Ningún miembro de la Iglesia, o cualquier ser humano es canjeable, porque no es una mercancía con la cual se pueda negociar».
Con el secuestro del obispo de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, y del párroco de Pacho, Desiderio Orjuela, se vuelve a plantear la propuesta de canje de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo al que las autoridades atribuyen el hecho.
En lugar del intercambio, los religiosos proponen buscar un acuerdo humanitario para la liberación de los miembros de la Iglesia y del resto de los secuestrados.
«Es necesario buscar fórmulas para acuerdos humanitarios que permita a todos los secuestrados gozar de la libertad. Yo creo que el gobierno y las FARC pueden buscar caminos de acercamiento», afirmó el obispo de Sincelejo, monseñor Nel Beltrán Santamaría.
La complejidad de un posible acuerdo humanitario
Sobre la posibilidad de un acuerdo humanitario con la guerrilla, varios senadores, que se reunieron en la madrugada del martes con el presidente Álvaro Uribe Vélez, comentaron que el gobierno había dado un paso importante al no pedir como condición previa para hablar del tema un cese de hostilidades a la insurgencia.
«Se abre una puerta para que pueda llegar un acuerdo humanitario. Queda la jugada en manos de los grupos insurgentes», manifestó el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos.
Además, el gobierno insiste en que el interlocutor válido de ese acuerdo sea la ONU y que se abra una posibilidad de diálogos en otros países como Venezuela, Cuba o Francia. Los rebeldes quieren sin embargo un diálogo directo, sin intermediarios.
La situación se presenta compleja. Aunque el Estado acepta negociar un acuerdo humanitario, la guerrilla plantea una ley de canje permanente.
Tanto el gobierno como el ejército señalan que el canje supondría reconocer el carácter de beligerancia a las FARC, alentaría la comisión de más secuestros y sería un golpe moral a la fuerza pública.
Por su parte, los legisladores han pedido que el eventual acuerdo humanitario permita la liberación de todos los prisioneros y que los guerrilleros se comprometan a no cometer más secuestros, pero las FARC no han ofrecido garantías de asumir ese compromiso.
Para el gobierno, un eventual acuerdo humanitario debería conducir a la liberación de todos los civiles, militares y policías en poder de las FARC (calculados en más de 3.000), mientras que el mando guerrillero sólo ha mencionado la posibilidad de dejar en libertad a 47 oficiales y suboficiales de la fuerza pública y 24 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial ecologista Ingrid Betancourt.
Los jefes insurgentes no dudan en reclamar la liberación de todos sus camaradas presos, mientras que el Estado señala que, por razones humanitarias, sólo saldrían de la cárcel aquellos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, parlamentarios afines al gobierno plantean que los rebeldes que eventualmente salgan de prisión deben irse a otro país, «para que no sigan delinquiendo en Colombia y revitalizando el aparato de guerra de la insurgencia».
En cambio las FARC, en sus comunicados, han indicado que sus combatientes en prisión deben ser entregados en el mismo lugar donde sean liberados los secuestrados en su poder.
Además la agrupación insurgente exige desmilitarizar una zona del país para negociar y entregar allí a los liberados de cada bando, cosa que el presidente Uribe rechaza categóricamente.
Operativo militar de rescate del presidente del CELAM
Diez municipios de las provincias de Gualivá y Rionegro (Cundinamarca) contemplan el despliegue de tropas en busca de monseñor Jiménez Carvajal y del párroco de Pacho, Desiderio Orjuela, secuestrados el lunes.
Según fuentes militares, la ofensiva se ha extendido principalmente a los municipios de Caparrapí, La Palma, Topaipí, Yacopí, El Peñón, Pacho, Útica y La Peña. En estas localidades opera el frente «Policarpa Salavarrieta», de las FARC, grupo al que el Ejército y la Policía de Cundinamarca atribuyen el delito.
De acuerdo con las autoridades, en esas poblaciones el «Policarpa» y el «frente 22» han ejercido un dominio territorial que se disputan con las autodefensas comandadas por Luis E. Cifuentes, conocido como «El águila».
El enfrentamiento entre «paras» y guerrilla, que el mismo monseñor Jiménez trató de dirimir desde sus inicios, en 1993, y que se ha intensificado en los últimos nueve meses, originó entre agosto y septiembre el desplazamiento de mil personas desde La Palma y Útica.
En mayo, el «frente 22» asesinó a Ana Lucía Álvarez, presidenta de la Asociación de Municipios de Rionegro, y el 16 de agosto pasado a los concejales de La Peña, Salatiel Flores, Luis Antonio y William Pulgarín.
En la provincia de Rionegro, donde está el municipio de Topaipí, han sido asesinadas 74 personas este año.
