SAN JOSÉ, viernes, 18 septiembre 2009 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha hecho público este jueves un comunicado rechazando el Proyecto de Ley Nº 17511 propuesto por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, afirmando que es falso que busque mejorar el ejercicio de la libertad religiosa.
En el comunicado enviado a ZENIT, firmado por monseñor Hugo Barrantes Ureña, arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal y Óscar Fernández Guillén, obispo de Puntarenas y secretario de la Conferencia, los obispos inician con una cita de la Gaudium et Spes: «Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones de la comunidad política y la Iglesia.» (76).
Los prelados expresan su voluntad de manifestar públicamente «como guías y orientadores del Pueblo de Dios», su posición con relación al Proyecto de Ley Nº 17511 propuesto por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica.
Dicho proyecto, afirman, «se ‘enuncia’ como remedio para resguardar la libertad religiosa de los habitantes del país mediante la modificación de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política».
Los obispos rechazan «en todos sus extremos» el proyecto por una serie de razones que enumeran en su comunicado.
La primera es que «los proponentes, todos ellos vinculados al Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, aprovechan esta oportunidad para impulsar su propia agenda».
«Como es público –añaden–, algunos de ellos, de forma insistente, se han manifestado opuestos a los valores del Evangelio y de la ética cristiana que la Iglesia enseña. Su marcado interés particular, les obstaculiza la búsqueda del auténtico bien común y les desautoriza como supuestos defensores de la libertad religiosa en el país».
Los obispos afirman que les consta «que los diputados y diputadas que apoyaron este proyecto actuaron de forma apresurada, no reflejando la voluntad de la gran mayoría de quienes los eligieron».
Con respecto al fondo, dicen, «es falso que se busque mejorar el ejercicio de la Libertad Religiosa, cuando de hecho, la actual redacción del artículo 75 y la interpretación Jurisprudencial de la Sala Constitucional, ya lo garantizan en plena armonía con el ordenamiento internacional y la Doctrina Social de la Iglesia».
«La Constitución Política, como fruto de nuestra identidad nacional, ha permitido, históricamente, una sana, respetuosa y equilibrada colaboración entre el Estado y la Iglesia en aras del desarrollo integral de nuestro país. Afirmar lo contrario es ignorar la historia», subrayan.
Así mismo, afirman que «la supresión del nombre de Dios del juramento constitucional, evidencia un doloroso secularismo, del todo opuesto al concepto de justa autonomía de la comunidad política y de la Iglesia, y entendido como la exclusión de Dios y de la fe de los ámbitos públicos, reduciendo ésta a un simple intimismo».
Al respecto, citan al Papa Benedicto XVI que enseña que al excluir a Dios de la vida pública esta «se empobrece de motivaciones y la política adquiere un aspecto opresor y agresivo… La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para la razón política, que no debe creerse omnipotente».
Los obispos aseguran que «los prejuicios antirreligiosos, los intereses particulares y el relativismo moral son expresión de una miopía que niega todo valor a la dimensión trascendente y vivencia de la fe cristiana».
Subrayan que su oposición al citado proyecto «se fundamenta en la defensa de principios y valores que favorezcan una auténtica democracia, y no en la búsqueda de supuestos privilegios pues, ‘Una democracia sin valores (…) se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo'».
Como pastores de las comunidades católicas y conocedores de la realidad cultural del país, sienten la obligación «de denunciar» y de oponerse «a todo proyecto que, a la luz de la doctrina cristiana y de la razón dañe a nuestro pueblo».
Y concluyen pidiendo que «el Dios de la vida y de la historia siga iluminando nuestro caminar, particularmente a cuantos nos gobiernan».
Por Nieves San Martín
