Obispos de Venezuela: "Unidos en la justicia y la rectitud"

Exhortación pastoral

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CARACAS, sábado, 12 julio 2008 (ZENIT.org).- Publicamos la exhortación pastoral emitida por la Conferencia Episcopal de Venezuela con el título «Unidos en la justicia y la rectitud».

* * *

Introducción

1. Los obispos de Venezuela, fieles a la misión recibida de Cristo, en comunión con los sacerdotes, religiosos, religiosas y todo nuestro pueblo, deseamos exponer algunas inquietudes y propuestas sobre la realidad nacional en este momento histórico. Se trata del grave deber pastoral de ofrecer una orientación ética y moral para el discernimiento y la actuación de los fieles. Proponemos estas reflexiones ejerciendo el derecho a expresarnos, sin pretender imponer a otros sectores nuestro modo de considerar y analizar la realidad.

2. «Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia» (Jn 10, 10). Esta expresión del Señor nos interpela ante la grave situación que amenaza la vida de los venezolanos, producto del desprecio a la verdad, de la injusticia, la corrupción, la impunidad, de la inseguridad generalizada, que se manifiesta en el irrespeto a la vida desde sus comienzos; el influjo perverso del tráfico y consumo de estupefacientes; el relajamiento de las costumbres, hasta llegar a la corrupción de los niños, adolescentes y jóvenes en sitios de esparcimiento y planteles educativos; la trata de seres humanos, con fines de prostitución y de explotación. Esta realidad hunde sus raíces en una profunda crisis moral, generadora de dolor y temor, a la cual la Iglesia desea responder con la persona misma de Jesús, que viene a sanar la debilidad del corazón humano, y lo abre a la esperanza, poniendo en él, por medio de su Espíritu, el deseo de vivir según la Ley del amor.

Una realidad oscurecida por la violencia

3. Actualmente uno de los problemas más graves que sufre el venezolano es el de la inseguridad física, jurídica y económica. Dentro de este contexto, la vida humana no es protegida ni respetada. Hay una violencia desatada y sin control, generada por la delincuencia y la impunidad. Son miles las familias que sufren hoy la desaparición de seres queridos. Esto debilita la esperanza de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por su actitud respetuosa de la vida de las personas.

4. Hace siete años los obispos expresábamos con preocupación que «la población está viviendo con angustia un considerable aumento de la delincuencia que se hace cada vez más violento y siega con saña miles de vidas inocentes cada año» (Exh. Past. «He venido para que tengan vida», 12-7-2001); hoy nos encontramos en peores condiciones, sin vislumbrar soluciones a corto o mediano plazo, ante la carencia de políticas públicas efectivas de seguridad ciudadana que garanticen la paz social y el derecho a la vida de las personas. A ello se ha sumado de forma alarmante el secuestro y retención indebida de personas, sobre todo en las zonas fronterizas.

5. Por tanto, hacemos un nuevo llamado a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad ciudadana para que asuman con decisión la urgencia de resolver la problemática de la inseguridad, que ha pasado a ser la mayor preocupación del pueblo venezolano. Exigimos al gobierno nacional todos los esfuerzos posibles para lograr la liberación de las personas que se encuentran actualmente secuestradas. Debe librarse una lucha frontal contra el delito del secuestro. Sin duda, todo lo que contribuya a devolver a una persona secuestrada a su familia y a su vida ordinaria, dejando atrás días, meses o años de forzada e injusta reclusión, ha de ser saludado como un hecho positivo. Los esfuerzos por erradicar el funesto tráfico de seres humanos deben ser realizados a todo nivel y en todo sentido. De la misma manera nos dirigimos a aquellos que por distintas circunstancias han optado por la violencia para que conviertan su corazón al amor y depongan cualquier actitud que lesione la paz y la dignidad de las personas. Hay que decir un no a la muerte y la violencia, y un sí a la vida y a la paz.

6. Todos los cristianos, como discípulos misioneros del Resucitado, hemos de promover la cultura de la vida  y generar actitudes y comportamientos que hagan posible la civilización del amor en el encuentro fraterno y respetuoso entre todos. De esta manera daremos testimonio del amor que Dios nos tiene, ya que «hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte» (1 Jn 3. 14). Esta enseñanza de la Escritura nos muestra que «la vida sólo se desarrolla plenamente en la comunión fraterna y justa» (Documento de Aparecida, 359).

Derecho a la educación.

7. La Educación es un derecho de todas las personas. Una educación de calidad es fundamental para el desarrollo sostenido de un país. Mucho se ha avanzado en las oportunidades educativas para todos. La Iglesia, con su extensa red de planteles, la mayor parte de los cuales está al servicio de las clases populares, ha contribuido al desarrollo del país mediante una educación de calidad.

8. Nuestro pueblo siempre ha tenido en alta estima la educación impartida en los centros educativos de la Iglesia. Sus alumnos son tan venezolanos como los que estudian en otros planteles. Sus docentes y trabajadores tienen derecho a equipararse a los que trabajan en las escuelas oficiales. Expresamos nuestra preocupación respecto a las dificultades encontradas para que los organismos oficiales competentes honren los convenios ya establecidos, principalmente en el ajuste anual de los presupuestos para cumplir con las obligaciones salariales del personal.

9. Es obligante señalar la amenaza que se cierne sobre algunas instituciones educativas católicas y privadas, en el orden presupuestario, por el necesario aumento del costo de la matrícula escolar. Para nadie es un secreto que nuestro país tiene uno de los índices de inflación más altos de América Latina. Esta realidad afecta tanto a las personas como a las instituciones, entre ellas las educativas, poniendo en peligro la existencia de éstas últimas. De esto están conscientes los directivos, los padres y representantes de los alumnos, que temen la desaparición, en la práctica, de la posibilidad de optar por una educación cristiana para sus hijos.

10. En la búsqueda de la educación que queremos los venezolanos, de acuerdo con los principios constitucionales, es fundamental proceder a la elaboración de una propuesta curricular que incorpore el consenso más amplio, después de una consulta abierta e inclusiva, que respete el derecho de los padres a elegir el tipo de educación integral que ellos anhelan para sus hijos, y que esté encauzada a la formación del ciudadano que requiere el país.

Es necesario que las autoridades educativas favorezcan el diálogo y la concertación con las organizaciones educativas católicas, de tal modo que se encuentren soluciones pertinentes y permanentes en bien de miles de estudiantes que se forman en esos centros educativos.

Clima político-electoral

11. El actual panorama político del país se caracteriza por una crispación de los ánimos que no es saludable para el importante evento electoral que se avecina. Las elecciones son un proceso normal en el desenvolvimiento de un país democrático. Se hace necesario el diálogo, el respeto a las personas y sus derechos y al ordenamiento jurídico vigente para no entorpecer este proceso.

12. Como en anteriores ocasiones, exhortamos a los electores a cumplir su obligación cívica de sufragar, uno de los actos que más fortalecen el sistema democrático. A pesar de las dificultades y retrocesos que se han producido en el pasado lejano y reciente en relación a la realización de comicios, éstos siempre constituyen un canal imprescindible de expresión de la ciudadanía y de consolidación de la democracia. Es grande también la responsabilidad de los candidatos o actores políticos: en este proceso electoral,
más que unos cargos, están en juego valores esenciales de la democracia, a saber: el pluralismo, la libertad, la honestidad, la justicia, la paz.

13. A la obligación de participar que tienen los electores corresponde, por parte del Estado, en particular del Consejo Nacional Electoral, el deber de garantizar la pulcritud del proceso, su fácil acceso, la difusión inmediata de los resultados y el acatamiento de los mismos, como voluntad popular que de ese modo se expresa, sin que pueda anteponérsele ningún otro interés, grupal o individual, ideológico o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, dados los acontecimientos del último semestre, en concreto, las inhabilitaciones de centenares de ciudadanos por un órgano administrativo, conviene poner de relieve que entre los presupuestos de un proceso de elecciones imparcial, transparente y libre, está la garantía para todo ciudadano, dentro de los límites establecidos por las leyes, de elegir y de ser elegido. A nadie se puede condenar o privar de sus derechos sin una sentencia judicial firme. Se trata de derechos humanos que sólo excepcionalmente pueden ser limitados, y ello dentro de los cauces constitucionales (Cf. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 42 y 65). Cualquier lesión de estos derechos por medidas que no estén claramente fundadas en el ordenamiento jurídico vigente, viola la Constitución, pone en entredicho la voluntad democrática de un régimen, y más bien sugiere la intención de sacar del camino a los adversarios que tengan posibilidades de éxito.

14. Dentro del cuadro político ya descrito, un elemento que agudiza la polarización es la imposición de cualquier tipo de consigna que amenace con la muerte. Este tipo de consigna es éticamente reprobable, y contraviene abiertamente la Constitución vigente y la voluntad expresada en el referéndum del 2 de diciembre. En vez de expresiones como ésta, lo que el pueblo desea es la solución de los graves y muy concretos problemas que vive, como la seguridad, la salud, la vivienda, la educación y otros.

La División de poderes, expresión y garantía de la Democracia

15. Una auténtica separación de poderes es garantía de ejercicio pleno de la democracia. El argumento de que no puede haber ningún tipo de diferencia porque los poderes deben trabajar en armonía es falaz. Evidentemente, los grandes intereses nacionales piden el logro de acuerdos, pero estos jamás pueden ser automáticos, ni responder a la línea dictada por uno de los poderes públicos, sino fruto, precisamente, del debate, de la confrontación de ideas, en el respeto mutuo de los actores de dicho dialogo. El Poder Judicial, cuya misión es, precisamente, juzgar, incluso eventualmente a quienes detentan los demás poderes públicos, debe hacer valer y respetar su independencia y autonomía.

Conclusión.

16. Nuestro pueblo quiere la vida, y una vida digna. Ésta se consigue con actitudes y políticas que promuevan el reconocimiento de la dignidad personal, los valores humanos, la paz, el respeto a las diferencias, el diálogo sincero y la apertura a los otros. El progreso de Venezuela no se logrará con una permanente conflictividad, sino mediante un clima de paz, abierto al reconocimiento e inclusión de todos sus habitantes y sectores humanos. La construcción del país es tarea de todos. Nadie debe ser excluido.

17. Los cristianos no podemos abdicar de esta responsabilidad; antes bien, con la sabiduría del Espíritu de Dios debemos sentirnos llamados a ser mensajeros permanentes de la Buena Noticia de Jesucristo, el Señor, y trabajar por el bien común de todos los venezolanos. Él nos llama a asumir en nuestra nación el gran desafío de construir su Reino de verdad, de justicia, de paz, de amor. Pedimos la intercesión de María Santísima de Coromoto, patrona de nuestra Patria, para que nos acompañe en la construcción de este Reino  y el logro de la paz duradera.

Caracas, 10 de julio de 2008

Con nuestra bendición.

Los Obispos de Venezuela

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ZENIT Staff

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