MÉXICO, viernes, 17 marzo 2006 (ZENIT.org–El Observador).- A medida que se acerca la votación en el Senado de los Estados Unidos sobre las nuevas leyes de control de la inmigración, la presión de los obispos de México y Estados Unidos se intensifica.
A la reciente junta interconfesional de Estados Unidos, liderada por el cardenal Theodore E. McCarrick, arzobispo de Washington, se une, ahora, un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el que reconoce que si bien «las personas deben tener la oportunidad de permanecer en su tierra natal y encontrar en ella una vida plena para ellos mismos y para sus familias», también es cierto que cuando esto no sucede, tienen la posibilidad de emigrar a buscar el sustento en otros países.
Para lograr que las personas no emigren, dice la CEM, «resulta de gran importancia desarrollar las economías de los países en que se originan las emigraciones, incluyendo a México, para que los flujos migratorios sean determinados por la decisión y no la necesidad».
Sin embargo, tampoco hay que dejar de reconocer que «los Estados Unidos y México comparten una relación especial que requiere un atento enfoque en los intereses comunes».
De acuerdo con el órgano de comunicación de la CEM, los obispos reconocen que «las realidades de la migración entre ambas naciones exigen políticas migratorias que den amplia respuesta al fenómeno y sean implementadas en forma coordinada».
«La relación actual queda debilitada por políticas inconsistentes, divergentes y unilaterales que, en muchos casos, se dirigen a atender los síntomas y no las causas del fenómeno migratorio», subrayan los obispos mexicanos.
En otra parte de su comunicado advierte la CEM que «los Estados Unidos y México están viviendo una integración económica, social y cultural sin precedente, por lo que es urgente que ambos gobiernos reconozcan formalmente esta realidad, implementando reformas en los sistemas migratorios de ambos países».
Cálculos del Episcopado mexicano indican que hay alrededor de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos actualmente; la mitad de ellos en calidad de indocumentados.
Cada año, según la misma fuente, alrededor de 150 mil inmigrantes mexicanos ingresan a los Estados Unidos sin documentos, «y trabajan en industrias como la agricultura, servicios, entretenimiento y construcción, contribuyendo con ello a la economía de ambas naciones, por lo que resulta alarmante que con frecuencia las autoridades de ambos países los traten como criminales y se promuevan proyectos de ley como el impulsado por el legislador republicano James Sensenbrenner», concluye el comunicado de la CEM.
