Obispos peruanos y los enfrentamientos entre nativos y colonos en Amazonía

Pronunciamiento tras los sucesos en los que perdieron la vida 15 personas

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LIMA, 31 enero 2002 (ZENIT.org).- El 17 de enero tuvieron lugar enfrentamientos entre indígenas aguarunas y colonos en los que perdieron la vida 15 campesinos. El litigio surgió a raíz de la posesión de tierras en Flor de la Frontera, en San Ignacio, en plena selva amazónica de Perú.

Los obispos de la zona han publicado este «Pronunciamiento» que aquí publicamos.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA SELVA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS EN «FLOR DE LA FRONTERA» (CAJAMARCA)

1. LOS OBISPOS DE LA SELVA, queremos compartir algunas reflexiones y compromisos sobre los hechos ocurridos el 17 de enero pasado, en el Vicariato Apostólico de Jaén, en «Flor de la Frontera» de la comunidad nativa Los Naranjos, en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Lo hacemos desde nuestra fe en Jesucristo y desde nuestra misión de pastores, en comunión con el Mensaje de los Obispos del Perú, emitido el 25 de enero pasado.

2. En primer lugar, lamentamos la muerte de niños y adultos campesinos, debido al enfrentamiento de grupos de peruanos pobres que buscan mejores condiciones de vida. Sin embargo, no podemos dudar en ser «la voz de los que no tienen voz», especialmente cuando no se cumplen los derechos fundamentales de las comunidades nativas en nuestra Amazonía Peruana.

3. La Comunidad Nativa Aguaruna Los Naranjos es propietaria de los terrenos que hoy se conocen como «Flor de la Frontera»». Esta propiedad está titulada desde 1975 e inscrita en la Ficha 3640 de los Registros Públicos de Jaén en 1996.

La comunidad nativa Los Naranjos inició un proceso penal ante el juez mixto de San Ignacio por usurpación de su territorio. Con los juicios ganados y las órdenes de desalojo los indígenas esperaron pacientemente durante varios años que las autoridades policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público, cumplan con el fallo judicial. Hubo varios intentos de desalojo, los que no se llevaron a cabo por intransigencia de los colonos. Actualmente se está investigando la versión que afirma que el último desalojo del 12 de enero del 2002 nunca se llevó a cabo, según lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo. Este hecho generó la respuesta de los indígenas cuyos trágicos resultados la opinión pública conoce.

4. Más allá de los hechos, cuyos responsables deberán responder por sus acciones, es importante darnos cuenta que lo ocurrido es un caso emblemático de un problema mucho más amplio, que necesita una urgente respuesta para no seguir deplorando la pérdida de vidas humanas. Las comunidades y pueblos indígenas del Perú vienen siendo sistemáticamente perjudicados en la propiedad y posesión de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan. Está situación se da en el Alto Cenepa, Loreto, Selva Central, San Martín, Ucayali, Cusco y Madre de Dios.

5. El Estado peruano en la Constitución Política de 1993 reconoce legalmente los derechos de posesión y propiedad sobre la integridad de los territorios que las comunidades y pueblos indígenas ocupan, en la normatividad especial para comunidades nativas (1978), y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Resolución Legislativa N 26253) vigente en el Perú desde 1995.

6. Es conocido que el actual Gobierno tiene especial interés en que este marco legal sobre los pueblos indígenas se haga realidad y que para eso ha creado una Comisión Nacional de pueblos andinos y amazónicos. Esperamos que dicha Comisión Nacional contribuya ala defensa de los territorios y demás derechos de los pueblos indios.

7. Para ello es necesario promover un desarrollo humano que implica necesariamente eliminar la pobreza, la ignorancia, la corrupción y las desigualdades excesivas en el Perú. La construcción de una sociedad democrática requiere el ejercicio de la ciudadanía indígena y peruana, que articule lo global con lo local, la modernidad con la tradición y reconozca la dignidad de las culturas indígenas.

8. Hemos pedido al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (C.A.A.A.P.). Institución de la Iglesia Católica para el servicio de la Amazonía Peruana, que sustente y amplíe las reflexiones y compromisos que mencionamos en este Pronunciamiento.

9. Con los demás Obispos del Perú (Mensaje 25-01-02), invitamos a vivir «la esperanza, fundada en la convicción de que el mal no tiene la última palabra en los avatares humanos… Toda la historia del mundo está siempre acompañada por la solicitud diligente y misericordiosa de Dios, que conoce el modo de llegar a los corazones más endurecidos y sacar también buenos frutos de un terreno árido y estéril»; y al mismo tiempo alentamos a todos a ofrecer un compromiso serio y perseverante a favor de la justicia y el perdón.
Lima. 27 de enero de 2002

Mons. Pedro Barreto Jimeno, S.J
Obispo de Jaén

Mons. Francisco González Hernández, O.P.
Obispo Coadjutor de Puerto Maldonado

Mons. Julio Ojeda Pascual, O.F.M.
Obispo de San Ramón

Mons. José Luis Astigarraga L., C.P.
Obispo de Yurimaguas

Mons. Alberto Campos Hernández, O.F.M.
Obispo de San José del Amazonas

Mons. Julián García Centeno, O.S.A.
Obispo de Iquitos

Mons. Juan Luis Martín Bisson, C.M.E.
Obispo de Pucallpa

Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.
Obispo Coadjutor de San Ramón

Mons. José Santos Iztueta M., C.P.
Obispo de Moyobamba

Mons. Víctor de la Peña Pérez, O.F.M.
Obispo de Requena

Mons. Juan José Larrañeta Olleta, O.P.
Obispo – Vicario Apostólico de Puerto Maldonado y
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana

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ZENIT Staff

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