Decenas de miles de personas, en su mayoría de Sudán y Eritrea, se han estado manifestando en Israel en contra del encarcelamiento indefinido de africanos que solicitan asilo, la negación de visas y otras medidas destinadas a forzarlos a abandonar el país.
El 5 de enero, en la mayor protesta hasta la fecha, unos 30 mil refugiados y sus partidarios se manifestaron en Tel Aviv en el primer día de una huelga de sudaneses y eritreos que trabajan principalmente en restaurantes, cafés, hoteles y empresas de limpieza. Al día siguiente volvieron a protestar frente a la embajada de Estados Unidos, las oficinas de Naciones Unidas y otras embajadas. La huelga de tres días provocó que muchos establecimientos debieran cerrar sus puertas.
Con pancartas con lemas como «Libertad», «Libertad sí, prisión no» y «Somos refugiados políticos, no emigrantes que buscan trabajo», los manifestantes se congregaron para pedir que Israel revise individualmente cada solicitud de asilo político y que se tumbe la reciente reforma de la Ley de Prevención de Infiltraciones, que les impide acogerse a ese estatus.
En unas declaraciones publicadas este fin de semana en la edición italiana de la web del Patriarcado Latino de Jerusalén, el responsable diocesano para la pastoral de los migrantes, padre David Neuhaus aborda esta compleja situación y muestra su apoyo a los migrantes africanos.
Para el sacerdote, las drásticas medidas adoptadas por el Ejecutivo israelí se deben en parte a “una fuerte demanda popular que presiona al gobierno para expulsar a estas personas que, según ellos, perjudicarían a la identidad del país”. Además, “existe todo un vocabulario que estigmatiza a estas mujeres y hombres que escaparon de los regímenes autoritarios, de situaciones miserables y que les califica como ‘infiltrados’”, añade. “Los inmigrantes en Israel no son criminales”, subraya. Y aclara que “simplemente piden estatus de refugiado”.
Por otra parte, el padre Neuhaus indica que “en esta población de solicitantes de asilo (eritreos, etíopes y sudaneses), se debería saber que hay católicos”. Y prosigue: “Estas personas deben seguir viviendo su fe y debemos apoyarlas”.
Es más, “para atender a esta población, tenemos un nuevo sacerdote de la diócesis de Adigrat en Etiopía (el padre Medhin), que puede celebrar la misa en su propio rito, en Jaffa, Tel Aviv y Eilat”, enfatiza. Ciertamente, recuerda, “la Iglesia no trata directamente con la política, pero trabaja con organizaciones no gubernamentales israelíes dedicadas a estas poblaciones”.
Durante la entrevista, el responsable de la pastoral para los migrantes en Israel dice también que “el papa Francisco ha demostrado claramente que el mundo de la migración tiene un lugar especial en su corazón”. Así, «muy preocupado por lo que está pasando con los migrantes, el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado ha pedido que todo el mundo reaccione: ‘Es necesario un cambio de actitud hacia los migrantes y los refugiados por parte de todos …’”.
Por este motivo, el padre David Neuhaus concluye sus declaraciones asegurando que «nuestra Iglesia de Tierra Santa, ya pobre y débil, está llamada a salir de sí misma. No es fácil porque no es una Iglesia rica: es una Iglesia pobre que va al encuentro de una Iglesia aún más pobre».
Según la nueva enmienda de la ley de inmigración israelí, aprobada el pasado mes de diciembre, se permite el encarcelamiento de los inmigrantes durante un año si son descubiertos sin papeles en regla y después la detención «indefinida» en centros de internamiento que algunos detractores – es el caso de la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Walpurga Englebrecht – han calificado de «cárceles abiertas».
Desde que se aprobó la ley a mediados de diciembre, diversos grupos de derechos humanos han denunciado que más de 300 personas han sido arrestadas. Varias decenas de personas han sido citadas para proceder a su detención, entre ellos hombres que tienen esposas e hijos a su cargo. Ahora las autoridades pueden detener por tiempo indefinido a los inmigrantes sin papeles válidos.
Unos 60 mil africanos, la mayoría de Eritrea y Sudán, encontraron refugio en Israel entre 2006 y 2012, hasta que el Gobierno de Netanyahu terminó de construir una verja fronteriza con Egipto en el Sinaí.
En la actualidad, y a pesar de ser firmante de las convenciones internacionales correspondientes, el país no concede el estatus de refugiado político a casi ningún emigrante de Eritrea y Sudán y, aunque les garantiza no ser deportados, no les ofrece permisos de trabajo o asistencia sanitaria.
