ISLAMABAD, jueves, 4 noviembre 2004 (ZENIT.org).- Personalidades del ámbito católico, protestante y jurídico de Pakistán califican de inútiles e insuficientes las enmiendas aprobadas por el parlamento del país, el pasado 26 de octubre, sobre la ley de la blasfemia.
Las modificaciones pretenden limitar los abusos de la ley, pero las denuncias recogidas por la agencia «AsiaNews» del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) advierten que la norma sencillamente debería ser «rechazada».
La ley sobre la blasfemia –secciones 295 B y C del Código Penal pakistaní– fue introducida en 1986. La sección 295-B se refiere a las ofensas al Corán, castigadas incluso con cadena perpetua, mientras que la sección 295-C prevé la pena de muerte o cadena perpetua a «cuantos con palabras o escritos, gestos o representaciones visibles, con insinuaciones directas o indirectas, insultan el sagrado nombre del Profeta».
La disposición, que permite encarcelar al presunto trasgresor en virtud de simples declaraciones orales ofrecidas por cualquier ciudadano, favorece su utilización como medio de venganza personal. También es manipulada por los militantes islámicos para perseguir a los cristianos o a cuantos no estén de acuerdo con los primeros.
Desde la entrada en vigor de la norma, decenas de cristianos han sido asesinados por haber «difamado» el Islam. Según datos de la Comisión nacional Justicia y Paz (NCJP) de la Conferencia Episcopal de Pakistán, oficialmente hay unas 560 personas acusadas de blasfemia en el país desde 1987 al 2004. 30 están aún en espera de juicio.
Monseñor Lawrence John Saldanha, arzobispo de Lahore y presidente de la citada Comisión, apuntó recientemente a «Fides» que «actualmente son más de 80 los cristianos encarcelados con la acusación de blasfemia: un número elevado si pensamos que son algo más del 1% de la población pakistaní». Aproximadamente, de los 143 millones de habitantes de Pakistán, el 75% son musulmanes suníes y el 20% son chiíes. Los católicos son 1,2 millones.
El gobierno del general Pervez Musharraf propuso una modificación de la ley, pero el cambio debía ser sometido y aprobado por el Consejo de la Ideología Islámica. El proyecto de ley –«Enmienda de la ley penal»– buscaba modificar el delito de honor, la ley sobre la blasfemia y las ordenanzas «Hudud» (introducidas en 1979), basadas en el Corán.
Ahora, de acuerdo con la enmienda, para evitar los abusos de la ley sobre la blasfemia, el parlamento confía sólo a los oficiales de la «Senior Police» (SP) la competencia de las investigaciones. Además la policía deberá cerciorarse de los hechos antes de solicitar la detención del imputado. La normativa anterior preveía el arresto inmediato.
Monseñor Saldanha y Peter Jacob –secretario ejecutivo de la NCJP— han calificado en «AsiaNews» de «decepcionantes» los cambios: «fueron presentadas modificaciones similares en 1992 y se descartaron por su ineficacia», explican.
Joseph Francis, del Centro de asistencia legal («Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement», CLAAS), ha condenado igualmente la reforma: «Los oficiales de la SP nunca realizarán las investigaciones personalmente, sino que las remitirán a sus subordinados y éstos a su vez a otros órganos inferiores, y las complicaciones proseguirán».
Alerta asimismo de que en el pasado había procedimientos de investigación, pero no se respetaron. «¿Cómo podemos aceptar un nuevo procedimiento cuando el precedente nunca se ha observado? –cuestiona–. La única solución es rechazar la ley».
Manzoor W. Batti, protestante y presidente fundador del «Teach Awareness through Skill and Knowledge», rechaza también las modificaciones: «Si un musulmán acusa a alguien de blasfemia, nadie osa poner en duda sus palabras. La acusación equivale de hecho a una condena a muerte. En este país no faltan ejemplos de ello».
El propio ministro federal de asuntos religiosos Ejaz ul Haq admitió el verano pasado que se había registrado un abuso de la Ley en los últimos 18 años. En efecto, desde 1927 a 1986 se registraron sólo 7 casos de blasfemia, mientras que desde 1986 hasta hoy se han notificado más de 4 mil.
La Asamblea Nacional pakistaní ha enmendado también la ley de «delitos de honor» y las ordenanzas «Hudud»; inspiradas en el Corán, éstas castigan los comportamientos incompatibles con el Islam –tales como el adulterio, los juegos de azar o el consumo de alcohol— incluso con la flagelación y la lapidación.
Las enmiendas prevén penas más severas para los casos de homicidio «por honor» –cárcel de por vida o pena de muerte–. La ley ha elevado además de 7 a 10 años de prisión la pena mínima prevista para estos delitos.
Según la Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) la eficacia de las enmiendas es sólo «parcial»: «Las mujeres seguirán siendo asesinadas y sus asesinos quedarán impunes. Los cambios previstos por la nueva normativa no eliminan las carencias del antiguo ordenamiento», afirmó el presidente de la comisión, Tahir Mohammad Khan, y el secretario general Hina Jilani, quienes piden además la derogación de las ordenanzas «Hudud».
