Por Antonio Gaspari
CIUDAD DEL VATICANO, jueves 16 agosto 2012 (ZENIT.org).- Después de meses de investigación, la Santa Sede anunció el 13 de agosto el acta de acusación del Promotor de Justicia, abogado Nicola Picardi, así como la sentencia de apertura de juicio ordenado por el juez instructor, abogado Piero Antonio Bonnet.
La causa judicial se refiere al proceso penal en contra de Paolo Gabriele, exasistente de Cámara del papa Benedicto XVI, quien está acusado de robo agravado de documentos confidenciales, utilizados y publicados por terceros con el fin de crear un escándalo y desacreditar a la Santa Sede y al papa.
La investigación se inició el 6 de febrero de 2012, a petición del director de Servicios de Seguridad y Defensa Civil del Vaticano, quien hizo «la denuncia contra personas desconocidas por la comisión de delitos contra el Estado y los poderes del mismo, por calumnia y difamación», después de haber visto un reportaje en televisión y varios artículos aparecidos en la prensa italiana sobre la publicación de la correspondencia confidencial relacionada con el Pontífice.
En este sentido, el papa Benedicto XVI dispuso el nombramiento de una comisión de cardenales con la tarea de llevar a cabo, administrativamente, «una investigación autorizada sobre la fuga de información y la divulgación de documentos amparados por el secreto profesional.»
El 19 de mayo 2012 fue publicado y distribuido en Italia un libro que contiene fotocopias de la correspondencia privada del Pontífice. Posteriormente, el 23 de mayo, el director vaticano de Servicios de Seguridad y de Protección Civil envió un informe al Promotor de Justicia del Vaticano en el que levantó sospechas en contra del señor Paolo Gabriele, asistente de cámara de Su Santidad, como responsable por robo agravado de los documentos confidenciales proporcionados al autor del libro en cuestión.
Fue autorizada así la búsqueda en la vivienda de Gabriele, donde se encontró «una enorme cantidad de documentos, algunos de los cuales, de propiedad y estrecho interés de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano». Gran parte de estos documentos estuvieron publicados en el libro objeto de la investigación.
En la primera parte de la investigación ha sido involucrado Claudio Sciarpelletti, ciudadano italiano, profesional informático, dependiente de la Secretaría de Estado.
Después de una búsqueda llevada a cabo el 25 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Estado, fueron capturados otros documentos relacionados con la investigación y a Sciarpelletti se le ha atribuido el delito de «falso testimonio, competencia real en el delito de robo agravado de documentos, colaboración y delito de violación de secretos «.
Por estas acusaciones, Sciarpelletti fue arrestado y después del interrogatorio fue liberado previa fianza, con la obligación de cumplir ciertos requisitos.
Durante el interrogatorio, Sciarpelletti habría señalado a dos personas identificadas como «W» y «X», que le habrían dado documentos para pasarlos a su vez a Gabriele.
Como sea, la cuestión no parece relevante. El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, dijo que el papel desempeñado por Sciarpelletti, es «marginal».
A este punto de la Instructoria, la policía judicial vaticana ha denunciado una serie de delitos, es decir, delitos contra el Estado; delitos contra el poder del Estado; insulto a las instituciones estatales; calumnia; difamación; robo agravado; participación de más de una persona en el delito; complicidad; inviolabilidad del secreto.
Para reducir el tiempo de la investigación y de la aplicación, se ha dado precedencia al robo agravado.
Tras la publicación del libro con las fotocopias de la correspondencia del Pontífice, el 21 de mayo se realizó una reunión a la que asistieron monseñor Georg Gänswein, secretario personal de Su Santidad, monseñor Alfred Xuereb, prelado de honor de Su Santidad, la hermana Birgit Wansing, las cuatro memores y Paolo Gabriele.
En esa ocasión, monseñor Georg Gänswein, le hizo ver a Paolo Gabriele, que algunas cartas publicadas habían pasado por sus manos, pero el exayudante de cámara del pontífice negó enérgicamente que él era el que había pasado las cartas.
Preguntado por el juez el 24 mayo, Gabriele, a pesar de que había ofrecido colaboración, se basó en el derecho a guardar silencio.
El Promotor de Justicia ha señalado que, interrogado por segunda vez los días 5 y 6 de junio, Gabriele declaró haber «procedido a la duplicación de los documentos fotocopiándolos en la oficina y llevándolos posterioremente a casa (…) No he conservado ningún documento original, ya que de lo contrario se habría notado la ausencia.»
Sobre el por qué de este comportamiento, el acusado dijo: «aunque la posesión de dichos documentos es cosa ilícita, he considerado un deber hacerlo, motivado por diferentes razones (…) creía que el Sumo Pontífice no fuese correctamente informado.»
«Al ver el mal y la corrupción por todas partes en la Iglesia, –dijo el acusado–, estaba seguro que un impacto, incluso mediático, podría ser saludable para hacer regresar a la Iglesia a su camino correcto… De alguna manera, pensé que en la Iglesia ese papel fuese propiamente del Espíritu Santo, por el cual me sentía de alguna manera inspirado».
Sobre el cómo y el por qué se puso en contacto con el autor del libro, que luego publicó los documentos fotocopiados, Gabriele dijo de haber sido él quien buscó y entró en contacto con el autor del libro, de haberlo encontrado entre «noviembre de 2011 y enero de 2012» con una frecuencia semanal o quincenal, y de no haber recibido «nunca dinero u otros beneficios.»
Gabriel también afirma haber entregado copias de los documentos a su padre espiritual, que en la Requisitoria del Promotor de Justicia es mencionado como «B».
La persona no acusada, que corresponde a «B», y citada como testigo, dijo que los conservó por unos días, para después quemarlos en cuanto “supe que … eran el resultado de una actividad ilegítima y no ‘honesta’, y temía de que se pudiera hacer uso igualmente ilegítimo y deshonesto.»
Es interesante descubrir que el Juez instructor ha reclamado a Gabriele, por el descubrimiento en su casa, durante el allanamiento, de tres objetos que no eran de su propiedad, a saber: Un cheque de € 100.000 (cien mil euros) a nombre de Su Santidad Benedicto XVI, del 26 de marzo de 2012, proveniente de la Universidad Católica San Antonio de Guadalupe.
Asimismo, una pepita presuntamente de oro, ofrecida a Su Santidad por el señor Guido del Castillo, director de la ARU de Lima. Y una edición del siglo XVIde la Eneida, traducida por Annibal Caro e impresa en Venecia en 1581, que era un regalo al papa de las «Familias de Pomezia».
Es evidente, y Gabriele lo ha confirmado, que él era «el responsable de llevar algunos regalos al almacén y otros a la Oficina». El acusado ha tratado de explicarse diciendo que «Algunos de estos regalos servían para las actividades de beneficiencia del Cuerpo de la Gendarmería, de la Guardia Suiza Pontificia y para otras organizaciones de caridad.»
La acusación del Promotor de Justicia, abogado Nicola Picardi, continúa con una larga y detallada parte, en la cual se discurre sobre el tema de la imputabilidad de Gabriele, y sobre las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas a la parte demandada por el profesor Roberto Tatarelli de la Universidad La Sapienza de Roma y por el profesor Tonino Cantelmi, de la Pontificia Universidad Gregoriana, que ha utilizado como colaboradora a la doctora Martina Aiello, psicóloga y fisioterapeuta.
El objetivo es determinar si: «el mencionado Gabriele, en el período 2011-2012, y actualmente, era y está en un estado mental tal que anule la conciencia y la libertad de sus propios actos; si el menci
onado Gabriele es actualmente una persona socialmente peligrosa; si el mencionado Gabriele es un sujeto sugestionable y capaz de planes criminales auto o heterodirigidos”.
A la vista de la acusación del Promotor de Justicia, el Juez Instructor, abogado Piero Antonio Bonnet, dispuso que, en conformidad con las peticiones formuladas por el Promotor de Justicia en su requisitoria, «declara el cierre parcial de la investigación».
«Envía al señor Pablo Gabriele a juicio ante el Tribunal de Primera Instancia por el delito de robo agravado».
«Declara que no debe procederse contra el acusado Claudio Sciarpelletti por el delito de violación del secreto, por falta de pruebas, ni por el delito de complicidad en el delito de robo agravado, por falta de pruebas».
Y «envía al señor Claudio Sciarpelletti a juicio ante el Tribunal por el delito de complicidad».
