PEKÍN/ROMA, martes, 21 diciembre 2004 (ZENIT.org).- Nuevas directrices del gobierno chino afirman «garantizar la libertad religiosa», pero, fuera de alguna novedad, se confirma en ellas el control de personas, lugares y actividades religiosas y la noción de que, lejos de ser un derecho inalienable, la libertad religiosa es una concesión estatal.
Publicadas el 18 de diciembre por la agencia oficial china de noticias Xinhua, las nuevas disposiciones anulan los reglamentos para la administración de los lugares religiosos, fijados en 1994. Será el próximo 1 de marzo cuando entre en vigor el detallado elenco de 48 normas que ha preparado Pekín sobre personal, lugares y actividades religiosas.
Al respecto, el misionero y periodista experto en el contexto chino, el padre Bernardo Cervellera, difundió el lunes un análisis a través de la agencia que dirige, «AsiaNews» –del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME)–.
El capítulo I de la nueva normativa de Pekín afirma el compromiso del Estado en «garantizar la libertad religiosa, la armonía entre las religiones y la sociedad». Asimismo declara que en China nadie debe ser discriminado por su fe o por no tenerla.
Pero «sin dar definición alguna de qué es una religión –alerta el sacerdote–, se fijan los límites de tal libertad: “promover la unidad del Estado, la solidaridad del pueblo, la estabilidad de la sociedad”; seguir los principios de las tres autonomías (de gestión, de recursos, de organización), para prevenir el sometimiento al poder de países extranjeros» –hay que tener en cuenta que la Santa Sede es considerada un país extranjero–.
A continuación se citan las condiciones para abrir lugares de culto, estructuras educativas y actividades religiosas, para lo cual es necesario el registro ante las oficinas competentes.
«Un elemento nuevo de estos reglamentos es que establecen el proceso burocrático de forma específica, involucrando a los gobiernos locales, provinciales, nacionales» y «estableciendo términos de presentación de las peticiones y de las respuestas, que deben darse en el plazo de 30 días desde la solicitud».
«Tal proceso se hizo necesario porque muchas comunidades protestantes no oficiales se quejaron de que sus peticiones de registro no eran admitidas o simplemente eran devueltas sin ser tramitadas», apunta el padre Cervellera.
Al respecto el sacerdote subraya que la mayor «novedad» de los reglamentos es la condena del abuso de poder por parte de las autoridades locales o de la Oficina de Asuntos Religiosos.
Y es que, según explica el padre Cervellera, se han verificado confiscaciones de edificios, imposición de tasas y detenciones originados sobre todo por intereses personales de las autoridades que se apropiaban de los bienes y tasas de las comunidades religiosas bajo la amenaza de embargos y arrestos.
Con el nuevo texto legal, «si un oficial del gobierno para Asuntos Religiosos, en el desempeño de su trabajo, abusa de sus autoridad o la utiliza con fines personales, comete un delito punible según la ley. En caso de infracciones leves, incurre en medidas disciplinarias y sanciones» (art. 38) –traduce «AsiaNews»–.
«Esto, en cualquier caso, no significa que las comunidades disfruten de mayor libertad: se requiere permiso para cada lugar o persona involucrada en el culto», subraya el sacerdote.
Y pone un ejemplo: «Para construir un lugar de culto un grupo debe lograr permiso del gobierno local (xian); después del siguiente nivel de gobierno (shi); luego del gobierno provincial (shen). Después se puede empezar a construir. Al final, para poder utilizar el edificio, es necesario otro permiso del gobierno. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos Religiosos debe controlar que los lugares de culto observen las leyes, los reglamentos y la constitución, y debe controlar todas las actividades fuera y dentro del grupo» (art. 13-19)
«Las comunidad enfrentan las mismas restricciones que en el pasado –constata el sacerdote del PIME–: deben abstenerse de influir en la educación estatal; pueden publicar libros y producir objetos religiosos, pero distribuirlos sólo en los lugares de culto», lo que supone «que no pueden hacer labor de difusión de su credo en la sociedad».
«En cambio, el ateismo de Estado –como se desprende también de los nuevos reglamentos de la Oficina de Propaganda— puede usar todos los medios de comunicación, escuelas, librerías para “destruir las supersticiones religiosas”». Así que, «aún garantizando el “respeto” para creyentes y no creyentes, los creyentes de hecho sufren discriminación», denuncia el padre Cervellera.
«La máxima discriminación es que los creyentes pueden ejercer la libertad religiosa sólo si están registrados oficialmente –puntualiza–. Para Pekín la libertad religiosa no es un derecho inalienable, sino una concesión del Estado»
La última parte de las nuevas normas, del artículo 40 en adelante, se refiere a las sanciones para los que desarrollen actividades religiosas sin permiso expreso: confiscación de bienes, sanciones penales, demolición de lugares de culto, expulsión de todo servicio religioso.
«Es interesante observar que en este caso los miembros de las comunidades no oficiales o subterráneas son considerados igual que “personas no religiosas” o “impostores”, que hacen uso de la religión para sus propios fines o “ganancias ilícitas”», advierte el sacerdote experto en el contexto chino.
También contienen las nuevas disposiciones artículos específicos para musulmanes y católicos. Para los musulmanes se precisa que pueden ir en peregrinación al extranjero sólo a través de la «organización nacional para los fieles musulmanes» (art. 11), a fin de evitar todo contacto con grupos fundamentalistas, subraya el sacerdote.
Por su parte, añade, «el artículo 27 reserva un trato especial para los obispos católicos: a pesar de ser responsables de una diócesis –o sea, una entidad a nivel provincial–, los obispos católicos deben estar registrados en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos».
