RÍMINI, miércoles 26 de agosto de 2009 (ZENIT.org).- El cardenal Antonio María Rouco Varela se abstuvo este miércoles de comentar las declaraciones de un ministro español con las que anunciaba la futura prohibición de símbolos religiosos en lugares públicos por carecer de carácter oficial.
Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española confesó a los periodistas su perplejidad ante la necesidad de promulgar una nueva ley de libertad religiosa, como ya ha anunciado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según dijo el 8 de agosto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el gobierno estudia incluir en la ley de libertad religiosa la retirada de todos los símbolos religiosos de colegios e institutos públicos, excepto aquellos que tengan valor histórico, artístico o para el patrimonio.
En una rueda de prensa concedida en Rímini, el cardenal Rouco aclaró que «el gobierno no ha hecho ninguna declaración. Hay unas manifestaciones del ministro de Justicia que son más o menos privadas, es decir, yo no puedo hacerme eco de unas declaraciones dichas no sé dónde ni cómo por parte del ministro».
«Lo que sí es oficial es que el gobierno proyecta cambiar la ley de libertad religiosa. Pero tenemos que decir que no se nos ha remitido todavía ningún texto en torno al anteproyecto de ley, o sobre las bases del proyecto de ley».
«No hay ninguna documentación al respecto, salvo el anuncio público de que el gobierno pretende reformar la ley de libertad religiosa».
Según aclaró el cardenal, «la ley actual vigente sobre libertad religiosa afectaba a la Iglesia católica sólo muy subsidiariamente».
«Porque las relaciones jurídicas de la Iglesia católica con el Estado español se basan en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 que siguen vigentes y seguirán vigentes».
«Esto significa que sea cual sea el texto de la ley de libertad religiosa, de la nueva ley o de la ley reformada, este principio queda intocado».
«Es evidente que, a pesar de todo, una ley de libertad religiosa, que va a afectar sobre todo a otras realidades religiosas que no tienen instrumentos de regulación jurídica con el Estado español, sin embargo nos va a afectar a todos de un modo o de otro».
«Nos llama la atención que se haga ese proyecto de reforma de la ley de libertad religiosa, porque, en primer lugar, la ley existente es muy buena ley: ha abierto la posibilidad de acuerdos ya firmados, en el año 1992, en la tercera o cuarta legislatura socialista con Felipe González, con la comunidad judía, con las comunidades musulmanas de España, y con la entidades religiosas evangélicas de España»
«Con estos datos en la mano», el cardenal se preguntó: «¿A qué viene una nueva ley de libertad religiosa? La respuesta no la encontramos», confesó.
[Información recogida por Mirko Testa]
