Ayer los medios de comunicación italianos se hacían eco de la noticia del nuevo envío al Tribunal Constitucional de la ley 40. El tribunal de Florencia ha planteado cuestiones de legitimidad constitucional relativas al artículo 4 que prohíbe la fecundación heteróloga. Según los jueces florentinos, la prohibición contrasta con el artículo 3 de la Constitución, con «una evidente violación del principio de la razón entendido como corolario de igualdad».
A continuación publicamos el comunicado realizado por el director del Centro de Ateneo de Bioética de la Universidad Católica, profesor Adriano Pessina.
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El debate que se está abriendo de nuevo, en el plano jurídico, sobre la constitucionalidad de la prohibición, prevista por la ley 40, la fecundación heteróloga, parte de una premisa inexacta, que la condiciona. No se puede afirmar que la procreación médicamente asistida se configure propiamente como una terapia de la esterilidad y de la infertilidad. De hecho esta técnica tiene una función «sustitutiva» de una parte del proceso reproductivo, permitiendo el nacimiento de un hijo.
En la prohibición de la fecundación heteróloga, en realidad no está en juego la salud reproductiva de la pareja, porque también recurriendo a ella, la pareja permanece infertil o estéril. La prohibición, sin embargo, tiene el objetivo de tutelar el derecho del feto a ser generado por la misma pareja social que le hará crecer, impidiendo así la legalización de la disociación entre la figuras parentales: para tener un hijo con la fecundación heteróloga se debe de hecho recurrir a un llamado donante –que es el verdadero padre- que resulta ser un extraño a la pareja que recurre a la técnica.
La cuestión jurídica, por lo tanto, no puede ser adecuadamente afrontada si sobre ella se apoya el malentendido que interpreta la procreación médicamente asistida como un asunto puramente sanitario e no se tienen en consideración las diferentes implicaciones éticas, sociales y culturales que entran en juego en la fecundación homóloga y heteróloga.
