«Estamos en las manos de Dios. Estamos preocupados; no pensábamos que esta medida fuese a ser aprobada por la Asamblea legislativa», declaró el padre Jacob Dogra, vicario de la diócesis de Islamabad-Rawalpindi que abraza el territorio de la provincia.
«En la provincia –constató– hay algunos líderes religiosos islámicos integristas que juegan con las pasiones de la gente. Ahora debemos esperar hasta ver qué supone la aplicación de esta ley para la comunidad cristiana».
De una población de 35 millones de personas, la diócesis de Islamabad-Rawalpindi cuenta con 250.000 católicos aproximadamente, muy comprometidos en el sector de la educación y de la asistencia con la dirección de escuelas primarias y secundarias, institutos de formación profesional y hospitales.
«La situación de los cristianos en la provincia generalmente es tranquila –explica el padre Dogra– . Salvo algunos episodios esporádicos de violencia sufridos en el pasado, los cristianos llevan a cabo su trabajo con normalidad junto a los musulmanes».
«Hay amistad y un diálogo adecuado –reconoció–, pero algunos grupos extremistas intentan hostigar el odio religioso. Esperemos que no lo consigan. Trabajamos por ello».
El pasado 2 de junio, la ley islámica fue aprobada por unanimidad en la Asamblea provincial de la Provincia Fronteriza del Noroeste impuesta por el Muttahida Majlis-e-Amal (MNA), coalición de seis partidos islámicos en el poder desde octubre del 2002, acusado por grupos defensores de los derechos humanos de inspirarse en el régimen de los talibán.
El primer ministro de la provincia, Akram Durrani, anunció: «No habrá lugar en nuestra provincia para quien no observe la “sharia”», que prevé sanciones como la amputación de un miembro en caso de robo o la lapidación por adulterio y establece la enseñanza obligatoria de la religión musulmana en las escuelas.
Las primeras reacciones a la medida se han registrado en la sociedad civil y en grupos de musulmanes moderados: como protesta, 24 alcaldes de la provincia, en su mayoría musulmanes, ha presentado su dimisión, según lo hizo público el alcalde de Peshawar, Azam Afridi.
Grupos y organizaciones de defensa de los derechos civiles temen en especial por los derechos de la mujer. Pervez Rafiq, del «All Pakistan Minorities Alliance», que reúne a representantes cristianos, hindúes y sijs, ha rechazado la medida afirmando que «la religión no debe interferir en la vida política».
Algunas organizaciones estudian presentar un recurso ante la Corte Federal alegando que la «sharia» es contraria a la Constitución de Pakistán, proyectado en 1947 por Ali Jinnah, fundador de la patria, como un Estado laico, garantía de las minorías religiosas.
Las minorías religiosas en Pakistán recuerdan que en 1999 llevaron a cabo con éxito una campaña contra la «Shariat Bill», impidiendo que el Parlamento Federal aprobara una enmienda a la Constitución que habría sometido a la nación a la ley coránica.
En Pakistán viven cerca de 3 millones de cristianos (1,2 millones de católicos) sobre una población de 140 millones de habitantes, en un 96% musulmanes.
