SAN JOSÉ, miércoles, 9 septiembre 2009 (ZENIT.org).- Con motivo de la celebración del Día del Niño y la Niña en Costa Rica, hoy 9 de septiembre, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes Ureña, ha hecho público un mensaje en el que denuncia situaciones que lesionan la calidad de vida de los pequeños.
El obispo –en el mensaje enviado a ZENIT por la Conferencia Episcopal de Costa Rica– indica que esta celebración «nos invita a reflexionar sobre esta población tan importante, en cuyo presente se fragua el futuro de la humanidad».
Recuerda el pasaje evangélico en el que Jesús reprende a sus discípulos por intentar detener a unos niños que se le acercaban para recibir su bendición y se pregunta «¿Por qué el Señor reclama que se le permita a los pequeños acercarse a Él?».
«Saltan a la vista características propias de la niñez –responde–, como su radiante inocencia abierta siempre a lo extraordinario, el corazón dispuesto a amar sin límite y su total desprendimiento de las cosas terrenas, todas características también aplicables al ideal de un cristiano auténtico».
Por otro lado, señala, «permitir que los pequeños se acerquen al Maestro significa abrirles el camino a una vida en abundancia, es decir, a realidades concretas de vida que hagan más plena, humana y digna su existencia».
«Precisamente, en atención a esta necesidad –añade–, la Iglesia se expresa y actúa a favor de los niños y las niñas; se alegra cuando les son reconocidos y respetados sus derechos, y levanta la voz con fuerza para denunciar cuando les son conculcados».
En el contexto costarricense, el prelado reconoce que «son muchos los avances en la materia de reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas», destacando, «el trabajo de organizaciones globales de protección, así como de aquellas oficiales y las no gubernamentales, identificadas con la causa a favor de este grupo poblacional».
Sin embargo, constata, «lamentablemente somos aún testigos de situaciones que lesionan la calidad de vida que deberían tener nuestros pequeños: persisten perversos casos de aborto, de violencia física, maltrato emocional y abuso sexual, situaciones de abandono, de trabajo infantil, xenofobia, drogas y crecientes desigualdades sociales que determinan y marcan para siempre la existencia de los niños y niñas que los sufren».
Aunado a ello, añade, «se conoce de la existencia de redes delictivas internacionales en materia de explotación sexual comercial y la trata de personas menores de edad para fines sexuales y pornográficos».
Para los sobrevivientes de estos flagelos, «la Iglesia reclama la mejor atención posible de parte de las instituciones rectoras, así como con maternal afecto pone a disposición de las víctimas inocentes todas sus instancias y esfuerzos a fin de que su dolor sea redimido en la esperanza cristiana de una vida mejor».
«Y para quienes cometen los crímenes, abusos y maltratos contra nuestros niños y niñas, el cielo reclama justicia pronta y cumplida: el peso de la ley debe caer sobre ellos sin contemplaciones», afirma.
El presidente de los obispos costarricenses rescata una carta de 2006, del obispo de Alajuela Ángel San Casimiro, «donde se hacen valiosos señalamientos sobre la realidad de los niños y las niñas en nuestro país, y se plantean una serie de orientaciones pastorales que deseamos seguir asumiendo y haciendo realidad como Iglesia».
De esta carta, indica, «es absolutamente actual y pertinente su denuncia sobre la situación de pobreza que enfrentan miles de familias en nuestro país, y especialmente el drama de exclusión e invisibilidad que sufren a diario poblaciones como la indígena, la afrodescendiente y la población migrante».
Y reconoce que «las diferencias de acceso a educación de calidad, salud, ingresos dignos y servicios públicos de estas poblaciones con respecto al resto del país, contrasta con los índices de desarrollo humano registrados por Costa Rica, más parecidos a los que manejan las naciones del primer mundo».
Como Iglesia, señala, «creemos que estas cifras, tan positivas en sí mismas, no pueden hacernos desviar la atención sobre el drama que viven estos grupos sociales excluidos, dentro de los cuales los niños siempre terminan siendo los más perjudicados. Una vez más, reiteramos que la inhumana miseria en que sobreviven muchas de nuestras familias sigue siendo, en nuestro país, la principal causa de violación a los derechos de la niñez y la adolescencia».
El obispo coincide «en la necesidad de poner en marcha un sistema nacional de protección a la niñez y la adolescencia, mediante una propuesta de política integral en donde se aúnen los esfuerzos del Estado, del conjunto de las instituciones públicas, de los organismos nacionales e internacionales, de los movimientos sociales y del conjunto de la sociedad».
En este sentido considera necesario «establecer un diálogo para coordinar las acciones, fijar prioridades estratégicas y medidas de corto, mediano y largo plazo, asignar los recursos adecuados a los objetivos señalados y generar los instrumentos necesarios para medir de forma apropiada los logros y los retrocesos en la materia».
Y no desecha «la posibilidad planteada en reiteradas ocasiones por la Iglesia, sobre la pertinencia de crear un Ministerio de la Familia, es decir, una institución que agrupe los esfuerzos que hasta el momento se realizan de muy buena fe pero aisladamente, a favor de cada uno de los miembros del núcleo familiar: mujeres, adultos mayores, niños, etc.».
Concluye pidiendo que «la Virgen María, estrella de la evangelización, guíe todos los esfuerzos en la construcción de una sociedad más acogedora y dignificante para nuestros niños y niñas, los preferidos del Señor».
Por Nieves San Martín
