Presidente del episcopado argentino contra la ley de reproducción asistida

«La ley injusta no es ley», afirma monseñor Karlic

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ROMA, 24 abril 2001 (ZENIT.org).- El arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Estanislao Karlic, ha denunciado que «Si la ley va directamente contra lo que es un bien y un valor auténtico», deja de existir, porque «la ley injusta no es ley».

El arzobispo hizo estas duras declaraciones el pasado 19 de abril después de que la Cámara de Diputados de Argentina concediera media sanción a una polémica ley de Salud Reproductiva.

«Cambiando la familia se cambia radicalmente la sociedad –afirmó–. Algo que deteriora la cohesión familiar hace lo propio con la cohesión social, y es muy grave. Por eso hay que esforzarse por salvar la patria potestad; quiera Dios que quede afirmada».

Antes de que el proyecto de ley para crear un «Plan de salud sexual y procreación responsable», recibiera la sanción parcial en la Cámara de Diputados, habló en el auditorio del edifico anexo
del Congreso la doctora Mercedes Arzú de Wilson, fundadora de la Organización Mundial de la Familia.

Se refirió al efecto abortivo de métodos anticonceptivos no considerados como tales por los legisladores, como las pastillas y el DIU. «Si la Constitución argentina dice que el bebé debe protegerse desde el momento de la concepción, entonces con el apoyo a esta ley se la está violando».

Arzú de Wilson, creadora y presidenta de la Fundación Family of Americas, afirmó por ello que «como abuelas y madres de familia, debemos luchar muy duro para que la ley no se apruebe. Sobre todo tienen que ir los jóvenes a hablar con los legisladores para hacerlos cambiar de opinión».

A su juicio, la ley de salud reproductiva es una «conspiración en la que se beneficia la industria farmacéutica que le vende al gobierno de los Estados Unidos productos muy baratos de control natal: pastillas, dispositivos intrauterinos, inyecciones, equipos para esterilizar o para abortar y otros. La industria farmacéutica, en colaboración con entidades internacionales, «cabildeó» ante los gobiernos occidentales para obtener financiación adicional para la investigación y distribución de sus productos químicos y dispositivos de control de natalidad perniciosa y oculta».

«De ahí –continuó– vienen a influenciar a los países pobres», a los cuales se los «chantajea», porque si una de esas naciones «quiere un préstamo del Banco Mundial, tiene que adoptar programas de control de la natalidad».

Arzú de Wilson denunció además que la IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) «sigue siendo el principal distribuidor mundial de programas de control de la natalidad y administrador de programas pornográficos de educación sexual. Todo ello para destruir la unidad de la familia y la inocencia de los jóvenes».

Por otra parte, la Federación de Iglesias e Instituciones Cristianas Evangélicas Argentinas (FICEA), entidad que agrupa a más de 1.200 iglesias y comunidades cristianas evangélicas del país, ratificó su oposición al uso de métodos abortivos y al «acceso de los menores –salvo autorización paterna fehaciente– a información sexual en los centros públicos».

Los evangélicos también defienden «la objeción de conciencia de los agentes sanitarios que los exima de hacer algo que, si bien es permitido por el marco legal, vaya contra sus convicciones».

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ZENIT Staff

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