WASHINGTON, sábado, 30 octubre 2004 (ZENIT.org).- Publicamos a continuación las prioridades morales para la vida pública que los obispos de Estados Unidos han ofrecido con motivo de esta campaña electoral que ahora concluye.
Son expuestas en el documento «Ciudadanos Comprometidos –
Un Llamado Católico a la Responsabilidad Política» publicado por el Comité Administrativo de la Conferencia Episcopal. Puede leerse el documento integral en http://www.usccb.org/faithfulcitizenship/bishopStatement_sp.html
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Deseamos llamar la atención de manera especial a temas que creemos que son importantes en el debate nacional en esta campaña y en los años venideros […].
Proteger la vida humana
La vida humana es un don de Dios, sagrado e inviolable. Dado que toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, tenemos el deber de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural y en todas las condiciones.
Nuestro mundo no carece de amenazas para la vida humana. Observamos con horror la mortal violencia del terrorismo, la guerra, las hambrunas, y los niños que mueren de enfermedades. Nos enfrentamos a una nueva e insidiosa mentalidad que niega la dignidad de algunas vidas humanas vulnerables y encara la eliminación de ellas como una elección personal y un bien social. Como escribimos en Vivir el Evangelio de la Vida, «El aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas constantes a la dignidad humana porque atacan directamente a la vida misma, el más fundamental de los bienes humanos y la condición para todos los demás» [1]. El aborto, la eliminación deliberada de un ser humano antes del nacimiento, nunca es moralmente aceptable. La destrucción de los embriones humanos como objetos de investigación es inmoral. Este mal se agrava cuando se crea la vida humana mediante la clonación u otros medios, sólo para que sea destruida. La resuelta eliminación de la vida humana mediante el suicidio asistido y la eutanasia nunca es un acto de misericordia. Es una agresión injustificable a la vida humana. Por las mismas razones, el ataque intencional de civiles en la guerra o en los atentados terroristas siempre es inmoral.
Al proteger la vida humana, «Debemos comenzar con el compromiso de nunca matar intencionalmente, ni participar en la matanza de cualquier vida humana inocente, no importa lo defectuosa, deformada, minusválida o desesperada que parezca» [2].
Urgimos a los católicos y a otros a promover leyes y políticas sociales que protejan la vida humana y su dignidad en el mayor grado posible. Las leyes que legitiman el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia son profundamente injustas e inmorales. Apoyamos la protección constitucional de la vida humana aún no nacida, así como también las iniciativas legislativas para terminar con el aborto y la eutanasia. Alentamos la aprobación de leyes y programas que promuevan los partos y las adopciones, en lugar del aborto, y que asistan a las mujeres embarazadas y a los niños. Apoyamos la ayuda para aquellos que están enfermos y agonizantes mediante la promoción de cobertura de cuidado médico para todos, así como también cuidados paliativos eficaces. Hacemos un llamado al gobierno y a los investigadores médicos para que basen sus decisiones referentes a la biotecnología y la experimentación humana en el respeto a la inherente dignidad e inviolabilidad de la vida humana desde su mismo principio, independientemente de las circunstancias de su origen.
La enseñanza católica nos llama a que trabajemos con el fin de evitar la guerra. Las naciones deben proteger el derecho a la vida buscando maneras cada vez más eficaces para evitar que se produzcan conflictos, para resolverlos por medios pacíficos y para promover la reconstrucción y reconciliación posterior al conflicto. Todas las naciones tienen el derecho y el deber de defender la vida humana y el bien común contra el terrorismo, la agresión y otras amenazas similares. Después del 11 de septiembre, hicimos un llamado para que hubiera un contacto continuo con los que habían sido perjudicados, una clara resolución en respuesta al terrorismo, un freno moral en los medios utilizados, un respeto por los límites éticos en el uso de la fuerza, una mayor focalización en las raíces del terror y un serio esfuerzo para compartir justamente las cargas de esa respuesta. Mientras la fuerza militar como último recurso puede justificarse para defenderse de la agresión y de amenazas similares al bien común, hemos presentado serias preocupaciones morales y preguntas sobre el uso preventivo de la fuerza.
Aun cuando la fuerza militar esté justificada, debe ser discriminada y proporcional. Los ataques directos e intencionales sobre la población civil en la guerra nunca son moralmente aceptables. Como tampoco lo es el uso de las armas de destrucción masiva, u otras armas que causan un daño desproporcionado, o que no pueden desplegarse en forma que se pueda distinguir entre civiles y soldados. Por lo tanto, urgimos a nuestra nación a que fortalezca las barreras contra las armas nucleares, a que expanda los controles sobre los elementos nucleares ya existentes y otras armas de destrucción masiva, y a que ratifique el Tratado de prohibición completa de los ensayos como un paso hacia recortes más profundos y finalmente la eliminación de armas nucleares. También urgimos a nuestra nación a que se una al tratado para prohibir las minas terrestres antipersonales y para tratar el tema de las consecuencias humanas causadas por las bombas en racimo. Además urgimos a nuestra nación a que tome medidas inmediatas y serias para reducir su desproporcionado papel en el escandaloso tráfico global de armas, que contribuye a violentos conflictos en el mundo entero.
La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse de los delitos violentos, y el deber de extender la mano a las víctimas de la delincuencia. Sin embargo, la creciente dependencia de nuestra nación en la pena de muerte no puede justificarse. No podemos enseñar que matar es inmoral, matando a aquellos que matan a otros. El Papa Juan Pablo II ha dicho que la pena de muerte es «cruel e innecesaria» [3]. El antídoto para la violencia no es más violencia. A la luz de la insistencia del Santo Padre en que esto es parte de nuestro compromiso provida, promovemos soluciones para los delitos violentos que reflejen la dignidad de la persona humana, urgiendo a nuestra nación a que abandone el uso de la pena capital. También urgimos la aprobación de legislación que encare los problemas del sistema penal, y restrinja y refrene el uso de la pena capital mediante el uso de pruebas de ADN como evidencia, la garantía de una defensa legal eficaz, e iniciativas para lidiar con asuntos de justicia racial.
Promover la vida familiar
Dios estableció la familia como célula básica de la sociedad humana. Por lo tanto, debemos esforzarnos para convertir las necesidades e inquietudes de las familias como una prioridad nacional. El matrimonio debe protegerse como el compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, y nuestras leyes deberían reflejar ese compromiso. El matrimonio, como Dios lo concibió, provee el fundamento básico para la vida familiar y el bien común. Debe apoyarse ante las múltiples presiones que operan para socavarlo. Las políticas que tienen que ver con la definición del matrimonio, los impuestos, el lugar de trabajo, el divorcio y el bienestar social deben diseñarse con el fin de ayudar a que las familias permanezcan unidas y de recompensar la responsabilidad y el sacrificio que hacen por los niños. Dado que los factores financieros y económicos tienen un impacto tan grande sobre el bienestar y la estabilidad de las familias, es importante que se paguen salarios
justos a los que trabajan para sostenerlas, y que seamos generosos con la ayuda que se ofrece a las familias pobres.
Los niños deben ser protegidos y cuidados. Afirmamos nuestro compromiso con la protección de los niños en todos los diversos escenarios y momentos, y apoyamos políticas que aseguren que el bienestar de todos los niños sea salvaguardado. Esto se refleja en el seno de nuestra Iglesia en los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes y en otras políticas adoptadas por nuestra conferencia episcopal y por las diócesis para garantizar la seguridad de los niños.
La educación de los niños es una responsabilidad fundamental de los padres. Los sistemas educativos pueden apoyar o socavar los esfuerzos de los padres para educar y cuidar a los niños. No hay un modelo o medio único de educación que sea apropiado para las necesidades de todas las personas. Los padres —los primeros y más importantes educadores— tienen el derecho fundamental de escoger la educación más apropiada según las necesidades de sus hijos, incluyendo las escuelas privadas y religiosas. No se debería negar esta opción especialmente a las familias de medios modestos debido a su situación económica. El gobierno debería ayudar a proporcionar los recursos requeridos por los padres para ejercitar este derecho básico sin discriminación. Con el fin de apoyar el esfuerzo que hacen los padres de familia para compartir los valores básicos, creemos que puede lograrse un consenso nacional para que todos los estudiantes, en toda institución educativa, tengan la oportunidad de recibir una formación moral y del carácter para complementar su desarrollo físico e intelectual.
Los medios de comunicación desempeñan un papel creciente en la sociedad y en la vida familiar. Los valores de nuestra cultura están moldeados y son compartidos en los medios impresos así como también en la radio, en la televisión y en la Internet. Debemos equilibrar el respeto de la libertad de expresión con el cuidado del bien común, promoviendo reglamentaciones responsables para proteger a los niños y a las familias. En años recientes, la reducción de controles gubernamentales ha resultado en un nivel más bajo de programación, ha abierto las puertas a material que es cada vez más ofensivo, y ha ido desplazando programas religiosos sin contenido comercial.
Apoyamos las reglamentaciones que limiten la concentración del control de estos medios; que rechacen las ventas de medios de difusión que atraen propietarios irresponsables cuyo interés principal es lucrarse; y que abran estos medios a una mayor variedad de programación, incluyendo la religiosa. Apoyamos un sistema de evaluación de programas televisivos y una tecnología que ayude a los padres a supervisar lo que sus hijos miran.
La Internet ha creado muchos beneficios y algunos problemas. Esta tecnología debería estar a disposición de todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos. Dado que la Internet presenta serios peligros al dar fácil acceso a material pornográfico y violento, apoyamos un cumplimiento vigoroso de las leyes existentes contra la obscenidad y la pornografía infantil, así como también los esfuerzos de la industria para desarrollar una tecnología que ayude a los padres, a las escuelas y a las bibliotecas a bloquear materiales inadecuados.
Ir en busca de la justicia social
Nuestra fe refleja la especial preocupación de Dios por los pobres y los vulnerables, y nos llama a convertir sus necesidades en la prioridad más importante de la vida pública.
La doctrina de la Iglesia sobre la justicia económica insiste en que las decisiones e instituciones económicas sean evaluadas para determinar si protegen o socavan la dignidad de la persona humana. Apoyamos políticas que crean empleos para todos los que pueden trabajar, con condiciones laborales decentes y paga adecuada que refleje un salario digno. También apoyamos las iniciativas para superar las barreras que impiden salarios y empleos igualitarios para las mujeres y los que sufren de una discriminación injusta. Reafirmamos el apoyo tradicional de la Iglesia al derecho de los trabajadores a elegir organizarse, ser miembros de un sindicato, negociar colectivamente y ejercer sus derechos sin represalias. También afirmamos la doctrina de la Iglesia sobre la importancia de la iniciativa y la libertad económica, y el derecho a la propiedad privada, mediante los cuales tenemos las herramientas y recursos para ir tras el bien común.
Los esfuerzos para satisfacer las necesidades económicas básicas de los niños y las familias pobres deben realzar sus vidas y proteger su dignidad. La vara para medir la reforma del bienestar social debe ser la reducción de la pobreza y de la dependencia, no la restricción de los programas y recursos. Buscamos enfoques que promuevan una mayor responsabilidad y que ofrezcan medidas concretas para ayudar a las familias a dejar atrás la pobreza. La reforma del bienestar social se ha concentrado en proveer trabajo y capacitación, principalmente para empleos de bajos salarios. Se necesitan otras formas de apoyo, incluyendo créditos fiscales, cuidado médico, cuidado de los niños y vivienda asequible y segura. Puesto que creemos que las familias necesitan ayuda para criar a sus hijos, apoyamos el aumento de los créditos fiscales por hijos y que éstos sean totalmente reembolsables. Estos créditos permiten que las familias de medios modestos con niños retengan más de lo que ganan y los ayuden a salir de la pobreza.
Damos la apertura a las iniciativas para reconocer y apoyar el trabajo de agrupaciones basadas en la fe, no como sustitutos sino como aliados de los esfuerzos gubernamentales. Las comunidades y organizaciones de fe con frecuencia están más presentes, dan una mayor respuesta y son más eficaces en las comunidades y países más pobres. Nos oponemos a los esfuerzos que socaven la identidad, integridad y libertad de la instituciones basadas en la fe que sirven a los necesitados. Nos resistimos vigorosamente a que se abandonen los esfuerzos que protegen los derechos civiles existentes para que los grupos religiosos preserven su identidad, mientras sirven a los pobres y promueven el bien común.
Nos preocupa, igualmente, la seguridad de los ingresos de los trabajadores de salarios medios y bajos, y de sus familias, cuando se jubilan, quedan inválidos o mueren. En muchos casos, las mujeres sufren particulares desventajas. Toda propuesta para modificar el Social Security [Seguro Social] debe proveer un ingreso fiable para estos trabajadores y los que dependen de ellos.
El cuidado médico asequible y disponible es una salvaguarda esencial para la vida humana, un derecho humano fundamental y una urgente prioridad nacional. Necesitamos reformar el sistema de servicios de salud de la nación y dicha reforma debe estar enraizada en valores que respeten
la dignidad humana, que protejan la vida humana y que satisfagan las necesidades de los pobres y los que no tienen seguro. Ante decenas de millones de estadounidenses sin seguro médico básico, apoyamos las medidas para garantizar que exista un cuidado médico decente y accesible para todos como un imperativo moral. También apoyamos medidas para fortalecer Medicare y Medicaid, y para extender la cobertura del cuidado médico a los niños, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores, a los inmigrantes y a otros sectores vulnerables de la población. Apoyamos las políticas que provean un cuidado eficaz y compasivo, y que reflejen nuestros valores morales, para aquellos que sufren de VIH/SIDA y para aquellos que sufren de adicciones.
La carencia de vivienda segura y asequible es una crisis nacional. Apoyamos un nuevo compromiso con el lema nacional de «vivienda segura y asequible» para todos, y con políticas eficaces que aumenten el suministro de vivienda de calidad y protejan, mantengan y mejoren la vivienda existente. Promovemos las alianzas públicas/privadas, especialmente aquellas que involucra
n a comunidades religiosas. Continuamos oponiéndonos a la discriminación injusta en la vivienda y apoyamos medidas para asegurar que las instituciones financieras cubran las necesidades de crédito de las comunidades locales.
La principal prioridad para una política agrícola debería ser la seguridad de alimentos para todos. Los alimentos son necesarios para la vida misma. Nuestro apoyo a las Estampillas para Alimentos, al Programa Especial de Nutrición para Mujeres y Niños (WIC, siglas en inglés) y a otros programas que benefician directamente a la gente de bajos recursos se basa en nuestra creencia de que nadie debería enfrentar el hambre en una tierra de abundancia. Los que cultivan nuestros alimentos deberían poder sustentarse decentemente y preservar su estilo de vida. Los agricultores que dependen de la tierra para mantenerse merecen ingresos decentes por su trabajo. Las comunidades rurales merecen ayuda, de manera tal que puedan continuar siendo fuentes de energía y apoyo para un estilo de vida que enriquece nuestra nación. Nuestra preocupación prioritaria por los pobres nos llama a defender especialmente las necesidades de los trabajadores agrícolas, cuya paga es generalmente inadecuada, cuyas condiciones de vivienda son a menudo deplorables y quienes son particularmente vulnerables a la explotación. Urgimos a que las políticas públicas apoyen una agricultura sostenible y una cuidadosa responsabilidad por la Tierra y por sus recursos naturales.
El mandato del Evangelio de amar a nuestro prójimo y acoger al forastero lleva a la Iglesia a cuidar y apoyar a los inmigrantes, tanto los documentados como los indocumentados. Mientras afirmamos el derecho y la responsabilidad de las naciones soberanas de controlar sus fronteras y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, especialmente después del 11 de septiembre, buscamos protecciones básicas para los inmigrantes, incluyendo el derecho al proceso legal, el acceso a beneficios públicos básicos, y oportunidades justas de naturalización y legalización. Nos oponemos a las iniciativas que detienen la inmigración que no dirigen eficazmente sus causas fundamentales y permiten la continuidad de las desigualdades políticas, sociales y económicas que contribuyen a ella. Creemos que nuestra nación debe seguir siendo un lugar de refugio para los que escapan de la persecución y sufren la explotación —para los refugiados, los que buscan asilo y las víctimas del tráfico de seres humanos.
Todas las personas, por virtud de su dignidad como personas humanas, tienen el derecho inalienable de recibir una educación de calidad. Debemos asegurar que los jóvenes de nuestra nación —especialmente los pobres, los que sufren discapacidades y los más vulnerables— reciban preparación apropiada para convertirse en buenos ciudadanos, para vivir vidas productivas, y para ser social y moralmente responsables en el mundo complejo y tecnológicamente desafiante del siglo veintiuno. Eso requiere que todas las instituciones educativas presenten un entorno ordenado, justo, respetuoso y no violento, donde los recursos profesionales y materiales adecuados sean accesibles. Apoyamos las iniciativas necesarias que proveen fondos adecuados para educar a todas las personas, independientemente de la escuela a la que asistan —pública, privada o religiosa— o de su condición personal.
También apoyamos salarios y prestaciones que reflejen los principios de la justicia económica para todos los maestros y administradores, así como también la asignación de los recursos necesarios para que los maestros estén preparados académica y personalmente para las tareas críticas que enfrentan. Como una cuestión de justicia, creemos que cuando existen servicios dirigidos a mejorar el entorno educativo —especialmente para los que están en situación de riesgo— a disposición de estudiantes y maestros de las escuelas públicas, esos servicios también deberían estar a disposición de estudiantes y maestros de las escuelas privadas y religiosas.
Nuestras escuelas y nuestra sociedad en general deben encarar la creciente «cultura de la violencia». Debemos promover un mayor sentido de responsabilidad moral, defender la disminución de la violencia en los medios, apoyar las medidas de seguridad para las armas de fuego y restricciones razonables para el acceso a las armas de agresión y de corto alcance, y oponernos al uso de la pena de muerte. También creemos que la ética católica de responsabilidad, rehabilitación y restitución puede convertirse en el fundamento para la importante reforma de nuestro imperfecto sistema de justicia penal.
Nuestra sociedad también debe continuar combatiendo la discriminación basada en el sexo, la raza, el grupo étnico, las discapacidades o la edad. La discriminación constituye una grave injusticia y una afrenta a la dignidad humana. Debe ser resistida enérgicamente. En las áreas donde aún persisten los efectos de la discriminación del pasado persisten, la sociedad tiene la obligación de adoptar medidas positivas para superar el legado de injusticia. Apoyamos los programas de affirmative action [acción afirmativa] administrados juiciosamente como herramientas para superar la discriminación y sus continuos efectos.
Como ha dicho el Papa Juan Pablo II, el cuidado de la Tierra y del medio ambiente es un «asunto moral» [4]. Apoyamos las políticas que protegen la tierra, el agua y el aire que compartimos. Se requieren iniciativas razonables y eficaces para la conservación de la energía y el desarrollo de recursos alternativos, renovables y de energía limpia. Alentamos a los ciudadanos y a los funcionarios públicos a encarar seriamente el cambio climático global, concentrándonos en la prudencia, el bien común y la opción por los pobres, particularmente en su impacto sobre las naciones en desarrollo. Estados Unidos debería guiar a las naciones desarrolladas para contribuir al desarrollo sostenible de las naciones más pobres, y para una distribución más justa de la responsabilidad del descuido y de la recuperación del medio ambiente.
Practicar la solidaridad global
El 11 de septiembre nos ha dado un nuevo sentido de vulnerabilidad. Sin embargo, debemos tener cuidado de no definir nuestra seguridad primordialmente en términos militares. Nuestra nación debe unirse a otras para encarar políticas y problemas que proveen un campo fértil para que el terrorismo prospere. No hay injusticia que legitime el horror que hemos experimentado. Pero un mundo más justo será un mundo más pacífico.
En un mundo en que la quinta parte de la población vive con menos de un dólar diario, en que alrededor de veinte países están involucrados en un conflicto armado, y donde la pobreza, la corrupción y los regímenes represivos provocan incalculable sufrimiento a millones de personas, simplemente no podemos permanecer indiferentes. Por ser una nación rica y poderosa, Estados Unidos tiene la capacidad y la responsabilidad de encarar este escándalo de pobreza y subdesarrollo.
Por ser una fuerza primordial de la globalización, tenemos la responsabilidad de humanizar la globalización, y de distribuir sus beneficios a todos, especialmente a los más pobres del mundo, a la vez que encaramos sus consecuencias negativas. Siendo la única superpotencia del mundo, Estados Unidos también tiene una oportunidad sin precedentes de trabajar en alianza con otros para construir un sistema de seguridad cooperativa, que conduzca a un mundo más unido y más justo.
• Estados Unidos debe adoptar un papel de liderazgo para ayudar a mitigar la pobreza global mediante un programa de desarrollo amplio, que incluya el aumento sustancial de la ayuda externa para los países más pobres, políticas comerciales más equitativas y esfuerzos continuos para aliviar las aplastantes cargas de la deuda y la enfermedad.
• Esfuerzos más unidos para asegurar la promoción de la libertad de culto y otros derechos humanos básicos deberán ser esenciales en la p
olítica exterior estadounidense.
• Es un imperativo moral que Estados Unidos trabaje para revertir la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, y para reducir su propia dependencia de las armas de destrucción masiva buscando un desarme nuclear progresivo. También deberá reducir su propio papel predominante en el tráfico de armas convencionales.
• Estados Unidos debe proveer un apoyo político y financiero más coherente a programas apropiados de las Naciones Unidas, a otros organismos inter-nacionales y al derecho internacional, para que estas instituciones sean agentes más eficaces, responsables y sensibles al encarar los problemas globales.
• Se les debe brindar asilo a todos los refugiados que lleven consigo un temor profundo por la persecución en sus países de origen. Nuestro país debería apoyar la protección de las personas que huyen de la persecución mediante abrigo seguro en otros países, incluyendo Estados Unidos, especialmente para niños no acompañados, mujeres solteras, mujeres que son cabeza de familia y minorías religiosas.
• Estados Unidos debe adoptar una política de inmigración y de refugiados más generosa, que se base en proporcionar refugio temporal o permanente para los que lo necesiten; en proteger de la explotación a los trabajadores migrantes; en promover la reunificación familiar; en salvaguardar el derecho de todas las personas a volver a su patria; en asegurar que los beneficios públicos, y un proceso justo y eficiente para obtener la ciudadanía, sean accesibles para los inmigrantes; en extender a los inmigrantes la plena protección de la ley estadounidense; en ofrecer un programa generoso de legalización para los inmigrantes indocumentados, y en encarar las causas fundamentales de la migración.
• Nuestro país debería ser líder —en colaboración con la comunidad internacional— en encarar los conflictos regionales en el Medio Oriente, los Balcanes, el Congo, Sudán, Colombia y África Occidental. El liderazgo en el conflicto palestino-israelí es una prioridad de carácter urgente. Estados Unidos debería buscar negociaciones amplias, que conduzcan a una resolución justa y pacífica de este conflicto, que respeten los reclamos legítimos y las aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos, garantizando la seguridad para Israel, un estado viable para los palestinos y paz en la región. Estados Unidos, trabajando con la comunidad internacional, también debe adoptar el compromiso sostenido necesario para ayudar a proveer estabilidad, democracia, libertad y prosperidad a Irak y Afganistán.
Construir la paz, combatir la pobreza y la desesperación, y proteger la libertad y los derechos humanos no sólo son imperativos morales; son sabias prioridades nacionales. Dado su enorme poder e influencia en los asuntos mundiales, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad de ser una fuerza para la justicia y la paz más allá de sus fronteras. «Libertad y justicia para todos» no es sólo una profunda promesa nacional; es un objetivo valioso para cualquier líder mundial.
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[1] United States Conference of Catholic Bishops, Vivir el Evangelio de la vida, no. 5.
[2] Ibid., no. 21.
[3] Juan Pablo II, Homilía en St. Louis (27 de enero de 1999).
[4] Juan Pablo II, La crisis ecológica: Una responsabilidad común (1 de enero de 1990), no. 15.
