NUEVA YORK, martes, 6 julio 2004 (ZENIT.org).- El cardenal Avery Robert Dulles, destacado teólogo jesuita de 85 años, alienta a los obispos estadounidenses a dialogar con los políticos católicos «disidentes» acerca de sus responsabilidades morales antes de que les aconsejen que no reciban la comunión.
Actualmente profesor de religión y sociedad en la Fordham University, en el Bronx, el purpurado ha ilustrado a Zenit qué pasos habría que dar para defender la vida humana, proteger los sacramentos, defender las enseñanzas de la Iglesia y responder adecuadamente a los políticos favorables al aborto.
–¿Cuáles son los pasos concretos que un obispo podría o debería dar para alentar a los políticos católicos a desistir de apoyar el aborto, la eutanasia y la investigación en células estaminales embrionales?
–Cardenal Dulles: El primer paso probablemente debería ser el de asegurarse de que los políticos comprenden la doctrina de la Iglesia y sus razones. Muchos políticos, como gran parte de la opinión pública americana, parecen ignorantes del hecho de que el aborto y la eutanasia representan graves violaciones al inalienable derecho a la vida.
No se trata sólo de cuestiones «de Iglesia», sino que son realidades gobernadas por la ley natural de Dios, que es vinculante para todos los seres humanos. El derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos, dado que una persona privada de la vida no posee otro derecho.
La Iglesia no elabora leyes civiles, pero alerta al legislador de que las leyes deben proyectarse para respaldar la justicia, incluyendo los derechos del no nacido. Los obispos deberían intentar entrar en diálogo con los políticos y con las demás personas de la vida pública a fin de recordarles sus responsabilidades morales.
Si después de tal diálogo el obispo constata que el político sigue oponiéndose de manera incorregible a la enseñanza de la Iglesia en la materia, él podrá aconsejar o imponer al político que no reciba la Santa Comunión, la cual por su naturaleza es un signo de solidaridad con la Iglesia.
Otras medidas también se pueden tomar en consideración. Por ejemplo, el obispo podría instruir a parroquias e instituciones católicas para que no inviten a tales políticos a hablar en los locales de la Iglesia, para que no les den funciones en la liturgia y no les homenajeen con reconocimientos y títulos honoríficos.
–Algunos han cuestionado la insistencia en el tema del aborto cuando existen otros asuntos –como el conflicto en Irak y la pena de muerte– en los que se dan divergencias entre ciertos políticos y la postura de la Iglesia. ¿Por qué se está resaltando el aborto?
–Cardenal Dulles: Los tres casos que ha mencionado son bastante diferentes. La Iglesia reconoce que existen ocasiones en las que la guerra y la pena de muerte están justificadas, si bien tales medidas son en cualquier caso no deseables y deberían mantenerse en el mínimo indispensable.
El Pontífice actual lo ha dejado claro al considerar determinadas guerras o ejecuciones capitales erróneas y no necesarias. Los católicos respetan esta valoración como juicio prudente de un pastor santo y sabio.
Pero los católicos que aceptan plenamente la doctrina de la Iglesia pueden a veces no estar de acuerdo sobre la legitimidad moral de una determinada guerra o sentencia de muerte.
El aborto se sitúa en una categoría diferente. Como asesinato deliberado de una vida humana, un aborto directo nunca puede ser justificado. Respecto al principio moral, no puede haber debate alguno en la Iglesia. La enseñanza ha sido siempre clara y constante.
La ley civil no debería autorizar y mucho menos alentar tales acciones inmorales. Debería proteger la vida y la dignidad humana en la mayor medida posible. Pero sobre cómo proceder podría haber divergencias de opinión. Si resulta imposible aprobar una ley que prohíba todo tipo de aborto, o si tal ley resultara inaplicable, podría ser más oportuno trabajar por una ley que restrinja el acceso al aborto lo más posible, mientras se sigue trabajando para obtener una justicia plena.
La política, después de todo, es la espera de lo posible, no de lo ideal. Manteniendo claros los principios morales, los obispos y los políticos harán bien en mantener un diálogo sobre cuestiones de estrategia.
–¿Qué riesgos corre la Iglesia si pone por obra medidas más severas contra los políticos?
–Cardenal Dulles: Al imponer sanciones, la Iglesia intenta proteger los sacramentos de la profanación que ocurre cuando se reciben por personas sin las disposiciones adecuadas. Los políticos disidentes frecuentemente desean recibir la Comunión como forma de demostrar que son aún «buenos católicos», cuando en realidad están eligiendo su parte política antes que la fe. Pero la imposición de sanciones implica al menos tres riesgos.
En primer lugar, el obispo puede ser acusado, en cualquier caso injustamente, de querer forzar la conciencia de los políticos.
En segundo lugar, las personas pueden fácilmente acusar a la Iglesia de querer interferir en el proceso político, que en este país depende del libre consentimiento de los gobernados.
Por último, la Iglesia corre el riesgo de alejar a los jueces, legisladores y administradores públicos cuya buena voluntad es necesaria para otros programas, como el apoyo a la educación católica y la atención a los pobres.
Por estos motivos, la Iglesia es reacia a censurar públicamente a los políticos, también cuando está claro que sus posturas son moralmente injustificables.
La responsabilidad principal de la Iglesia es enseñar y persuadir. Ella intenta convencer a los ciudadanos de que se comprometan en la vida política con una conciencia bien formada.
Los obispos esperan que el electorado y el gobierno se esfuercen por una sociedad en la que toda vida humana esté protegida por la ley, desde la concepción hasta la muerte natural.
–Un corolario: ¿si lleva adelante esta cuestión arriesga la Iglesia su status de exención fiscal? ¿Las acciones de los obispos podrían interpretarse como políticas?
–Cardenal Dulles: Puesto que enorgullece a los Estados Unidos su tradición de libertad religiosa, el país probablemente continuará reconociendo el derecho de la Iglesia a opinar de los aspectos morales de la ley civil y de las políticas públicas.
La Iglesia católica generalmente ha procurado evitar respaldar un partido o candidato en particular. Las Iglesias que defienden los principios morales en la vida política no pierden su status de instituciones religiosas ni su derecho a la exención fiscal.
Por ejemplo, algunas personas interpretan erróneamente la disposición contenida en la Primera Enmienda de la Constitución americana, que prohíbe legislar con relación a un «establishment of religion», como si ello significara la exclusión de la religión de la vida pública. En realidad, esta disposición se orientaba a asegurar la libertad de la Iglesia de la interferencia del Estado.
Hay que considerar la subsiguiente disposición que garantiza la libertad de las Iglesias de enseñar y de practicar el culto de acuerdo con las propias creencias. En el desarrollo del mandado conferido por Dios, de trabajar a favor de la moral y de la justicia, la Iglesia ofrece un inestimable beneficio a la sociedad civil.
Los cristianos deberían hacer todo lo posible por rectificar erróneas interpretaciones del principio del «non-establishment» y salvaguardar el derecho de las Iglesias a enseñar y testimoniar lo que se considera de competencia de la fe.
–¿Qué debería hacer un sacerdote frente un político públicamente disidente que se pone en la fila de la Comunión?
–Cardenal Dulles: En esa situación el sa
cerdote tiene opciones limitadas. A menudo, para evitar una escena violenta que alteraría la celebración, el sacerdote se sentiría obligado a no negar la Comunión. En ausencia de algunos decretos formales que excluyan a una persona de los sacramentos, la mayoría de los sacerdotes serán muy cautos en cuanto a apartar a los católicos del altar.
La responsabilidad principal –de examinar sus disposiciones– corresponde a quienes piden la Comunión, como afirma San Pablo en la primera carta a los Corintios (1 Co 11, 27-29). Sólo Dios puede conocer con certeza en ese momento el alma de quien comulga.
–Algunos estudiosos se preguntan por qué la ley canónica prevé excomunión para una mujer que haya abortado –bajo ciertas condiciones— y no aplica la misma sanción a un político cuyos votos podrían servir para financiar miles de abortos. ¿Hay un resquicio en la ley canónica?
–Cardenal Dulles: En teología moral se hace una importante distinción entre ordenar y realizar una acción y cooperar a la acción de otro. Cuando la cooperación es remota, su influencia en el efecto puede ser muy leve.
Votar un proyecto de ley de presupuestos que incluya algunas disposiciones para la financiación de los abortos podría no ser tan gravemente pecaminoso como para justificar la excomunión en el sentido del Canon 1398. Se podría mantener que un voto podría ser lícito si la financiación para el aborto fuera solamente incidental y no pudiera ser suprimida de un proyecto de ley que fuera por lo demás deseable.
El problema legal acerca del aborto en los Estados Unidos no viene principalmente de los legisladores, sino de los jueces, que interpretan la Constitución dando al aborto el valor de un derecho civil adquirido prácticamente a petición. Consideramos que esta interpretación de la Constitución es errónea y debe corregirse.
–¿De qué forma los políticos y la gente en general deberían ver la sanción de la excomunión? ¿Cuál es la intención de la Iglesia con esta sanción?
–Cardenal Dulles: La excomunión no es una expulsión de la Iglesia. La persona excomulgada sigue siendo católica, pero le está prohibido acceder a los sacramentos hasta que la sanción sea levantada por la autoridad competente de la Iglesia. Esta sanción espiritual, la más grave que la Iglesia puede aplicar, es, por decirlo así, un último recurso.
En casos extremos, la Iglesia se ve obligada a declarar que una persona determinada ya no está en comunión con la Iglesia. El propósito de tal excomunión es salvaguardar los sacramentos de la profanación, prevenir que surja confusión en el fiel acerca de la validez de las enseñanzas de la Iglesia y ayudar a la persona excomulgada a que reconsidere sus propias posturas, a arrepentirse y a ser sanada.
