GINEBRA, jueves 1 diciembre 2011 (ZENIT.org).- El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas Silvano Tomasi hizo una declaración, junto a otras organizaciones especializadas, en la 31 Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se celebra en Ginebra, Suiza, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011.
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En la declaración, se afirma que la actual crisis “ha llegado de forma inesperada”, con lo que “los centros de tensiones se multiplican” y “los conflictos violentos tienen lugar en las urbes y es difícil distinguir entre los militares y los civiles que continúan siendo, con diferencia, las primeras víctimas, muertos, heridos e indefensos de los conflictos armados”.
Por ello, dice la declaración, “la reacción humanitaria se vuelve cada vez más urgente y exige respuestas concretas”. “La conciencia pública”, citada en la cláusula de Martens –introducida en el preámbulo de la Convención de La Haya, respecto a las leyes y comportamientos de la guerra en tierra de1899–, “debe ser despertada”, afirma.
La cláusula debe su nombre a Frederic Fromhold Martens, delegado ruso en la Conferencia de la Haya de 1899, en la que hizo esta declaración: “A la espera de que se pueda dictar un código más completo de las leyes de guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno constatar que, en los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y bajo el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan establecidas entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.
Las áreas de debate, sugiere la propuesta vaticana, son “las de impacto mundial de los desastres naturales y relacionadas con los desplazamientos; la veloz y cambiante naturaleza de la vulnerabilidad humana; la evolución de los costes humanos y materiales de los conflictos armados contemporáneos y otras situaciones de violencia, que hacen que el acceso a la sanidad sea más difícil; la creciente emigración global”.
Estas preocupaciones, añade, “señalan nuevos sucesos que provocan el sufrimiento humano. La vida se anticipa a la legislación y esta ‘conciencia pública’ funciona bien mientras la comunidad internacional espera adoptar medidas legales para actualizarse con la vida”.
Mientras tanto, el mismo esfuerzo “debe continuar desarrollando normas que prevengan el sufrimiento y que salven vidas, que caracteriza la emergencia de la ley humanitaria internacional desde sus comienzos”.
Sin embargo, añade, “la inhumanidad de los conflictos, particularmente cuando se escoge el uso de las armas para resolver las tensiones y los problemas que podrían ser solucionados por otros medios como el diálogo y la negociación, todavía aparecen ante nuestros ojos”.
La ley humanitaria internacional, en el nombre del bien común, “es siempre un aviso a la renuncia de la violencia sobre cada persona, civil o militar, prohibiendo el uso de la violencia indiscriminada y desenfrenada y de las armas”.
Hay momentos en los que los pueblos y las naciones, señala, “se ven obligadas a reclamar el derecho a proteger su existencia, dignidad y libertad”.
Aunque, denuncia, “este objetivo de protección a menudo se convierte en un pretexto para el uso de medios degradantes lejanos a estos logros legales de la ley internacional e inefectivos en la resolución de conflictos y disputas”.
“La adopción del diálogo y de la negociación, incluso a través de la intervención de una tercera parte imparcial o de una autoridad internacional con suficiente poder, es ahora una elección que no se debe posponer”, subraya.
El fin de los conflictos, indica, siempre conlleva el problema de la repatriación de los prisioneros de guerra, un problema humanitario por excelencia, que, desde la perspectiva de la Santa Sede, “incluye la reunificación de las familias y la reanudación de las relaciones normales, medios efectivos de asegurar la reconciliación y la justicia”.
De acuerdo con la cláusula de Martens y siguiendo las indicaciones de esta conferencia, “será necesario consolidar propuestas para realizar planes de acción efectiva”, propone la declaración. “Nuestros pensamientos van a los niños víctimas de la guerra o arrancados de sus familias y reclutados como niños soldados. Millones de refugiados y de personas desplazadas están también ansiosas por volver a su tierra especialmente ya que, al ser obligados a trasladarse a otras regiones, ven amenazada su identidad étnica, religiosa o lingüística e incluso su misma existencia”, afirma.
La ley humanitaria internacional, dice la declaración vaticana en segundo lugar, “debería ser capaz de responder a las situaciones de emergencia provocadas por los desastres naturales o provocados por la mano del hombre”.
Esta tarea, añade, “no puede ser ignorada por las corrientes de pensamiento actuales ni por las comunidades religiosas y la forma de avanzar es retomar el mismo camino que condujo a los grandes logros de la protección de la persona humana”.
La Santa Sede, afirma, “no presenta soluciones técnicas a los problemas planteados por las emergencias actuales”. Sin embargo, “sí considera su deber, señalar, en esta conferencia, que no hay principios, ni tradición ni reclamaciones, cualquiera que sea su legitimidad, que autorice infligir a las personas acciones represivas o tratamientos inhumanos, más aún cuando estos son inocentes e indefensos civiles”.
En la búsqueda de soluciones, la Iglesia Católica ofrece una contribución concreta a través de sus acciones y de la educación: “Enseña que la fuente de la dignidad humana y de los derechos inalienables reside en la unidad espiritual y física”.
“Cuando la acción humanitaria se reduce a la mera aplicación de normas existe el riesgo de debilitar la prohibición de un tratamiento degradante recogida en la Convención de Ginebra y en sus Protocolos Adicionales”, afirma, así como “volver a los excesos de aquellos medios que fueron solemne y apropiadamente condenados”.
Y señala que las organizaciones católicas de todo el mundo llevan a cabo la asistencia humanitaria y promueves la ley humanitaria, en este espíritu, como muestra el Informe de 2011 de la Santa Sede al Comité Internacional de Cruz Roja.
Concluye resumiendo que la Delegación de la Santa Sede presenta a esta Conferencia propuestas para “alentar a los gobiernos y a las instituciones internacionales a romper las barreras existentes; tomar las medidas concretas y oportunas para superar los conflictos; tratar de otra manera a las víctimas de las bombas de racimo, minas y otras armas; renovar los tratados para los refugiados y desplazados; promulgar medios generosos de solidaridad con las víctimas de los desastres, catástrofes y conflictos, y así cumplir con la aspiración de la unidad de la familia humana”.
