GINEBRA, martes, 11 octubre 2005 (ZENIT.org).- Constatando el aumento –en Europa y otros continentes– del número de centros de detención de demandantes de asilo, el nuncio apostólico Silvano Tomasi –observador permanente de la Santa Sede ante la ONU— ha alertado del peligro de «estigmatizar» a quienes piden asilo y a los refugiados como «inmigrantes irregulares» o incluso «criminales».
Estas dos últimas categorías ciertamente existen, pero el riesgo de tachar así a demandantes de asilo o a refugiados «puede llevar a una simplificación deshumanizadora, impulsiva y no desinteresada del nexo entre asilo y migración», recalcó el prelado en una declaración el pasado miércoles a la 56ª sesión del Comité Ejecutivo del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Ginebra.
«Esta política de detención plantea cuestiones de naturaleza humanitaria, de derechos humanos, y también jurídica y legal –advierte en el texto, al que tuvo acceso Zenit–. Existen preocupaciones reales de que se esté convirtiendo en una política sistemática a la que recurren muchos países más como una norma que como una excepción movida por el orden nacional y la seguridad».
Subraya el arzobispo Tomasi que «por su puesto los Estados tienen derecho a gestionar el movimiento de la gente a través de sus fronteras», pero se necesita «una apertura renovada y una reflexión participada sobre la ética de la detención con un enfoque más amplio en las alternativas posibles».
Y es que «el promedio de las condiciones de detención muestran, en diferentes grados y lugares, personal inadecuadamente preparado, una mezcla de niños y adultos, personas ancianas y mujeres, y a veces demandantes de asilo y criminales comunes», aparte de la «falta de acceso a servicios básicos y a la educación», observa.
Sin olvidar que, a la percepción pública, «no se hace fácilmente la distinción entre detención, detención arbitraria y detención administrativa, de forma que los demandantes de asilo y los inmigrantes irregulares son asociados con criminales, una imagen que alimenta el comportamiento racista y xenófobo y la disuasión a la integración», añade el nuncio Tomasi.
Igualmente, cuando poco, también la «detención prolongada» dificulta la integración social, además de que «deja heridas» en personas «que ya han sufrido miseria y abuso antes de llegar a los países donde son detenidas», constata.
En los micrófonos de «Radio Vaticano», el arzobispo Tomasi insistía el domingo en que «la política de muchos países es la de relegar a los centros de detención a las personas que buscan asilo», y recalcaba la razón de que se confunde en cierta medida «a los demandantes de asilo y a los inmigrantes irregulares, esto es, personas que buscan entrar a un país sencillamente porque quieren un trabajo, una situación de vida mejor».
Visto que «entre Portugal y Ucrania hay más de 200 de estos centros de detención», el prelado señaló dos interrogantes: «¿Cómo mantener el derecho de asilo para las personas que lo necesitan verdaderamente y por lo tanto evitar que se haga una confusión total entre las diferentes tipologías de personas que buscan entrar en el territorio de los países más desarrollados?».
«Una vez que estas personas están en estos centros de detención, ¿cómo proteger sus derechos fundamentales, actuar de forma que tengan alimento suficiente, que tengan derecho de recibir visitas, y que exista acceso de agentes de pastoral, médicos, etcétera?», planteó en segundo lugar.
En su declaración al Comité Ejecutivo del ACNUR, el prelado señaló que «si la seguridad nacional demanda que en casos excepcionales los demandantes de asilo deben estar detenidos, esto debería hacerse bajo criterios bien definidos y por el menor tiempo posible», con los medios de asistencia que especificó en la emisora pontificia.
Pero «la búsqueda de alternativas y de soluciones constructivas no puede debilitar el derecho a pedir asilo»; la historia muestra que «una política sólo de control aumenta la vulnerabilidad de cuantos piden asilo y el riesgo de su explotación», escribió.
«El desafío actual consiste en reducir la brecha en la calidad de vida entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. Una comprensión más amplia de la seguridad puede proporcionar la voluntad de dirigirse a las causas, tanto políticas como económicas, que empujan a gran número de personas a entrecruzarse por el globo buscando protección, supervivencia y una vida decente», concluyó su declaración.
