GINEBRA, domingo, 15 febrero 2004 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención del arzobispo Silvano Maria Tomasi, observador permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ante la primera reunión del Comité permanente de expertos de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, celebrada del 9 al 12 de febrero.
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Permítame, señora copresidente, afrontar brevemente las cuestiones de la asistencia a las víctimas de las minas antipersonales y, en particular, de su indispensable reintegración en la vida normal socioeconómica. En Asia y en África he visto personalmente los destrozos causados por las minas antipersonales en los cuerpos de refugiados en fuga y de mujeres y hombres trabajadores en pueblos de frontera. Estas minas son una fuente de sufrimiento inhumano.
La Santa Sede da una importancia capital a la Convención de Ottawa, a su aplicación como medio de prevención y a su exigencia de una asistencia a las víctimas de estas armas espantosas. De hecho, el punto central de la Convención es el de prevenir que otras personas se conviertan en víctimas inocentes de estas armas viles, asesinas e inútiles. Y, cuando ha faltado el conocimiento, la capacidad o la voluntad para tomar decisiones políticas o medidas prácticas para prevenir la producción y la diseminación de minas antipersonales, las autoridades nacionales y la comunidad internacional no tienen derecho a no reconocer su respectiva responsabilidad por las trágicas consecuencias causadas por las minas.
No podemos dejar que las víctimas de las minas se conviertan también en víctimas del olvido y la discriminación o en víctimas de una asistencia condescendiente. Las víctimas de las minas son ciudadanos y miembros a título pleno de su comunidad. Tienen el derecho de ser asociados efectivamente en la elaboración e implementación de su rehabilitación y de políticas de reintegración socioeconómicas. Una comprensión práctica de la solidaridad implica que se preste particular atención a aquellos hombres y mujeres que la necesitan para que puedan a su vez desempeñar un papel activo en la promoción de una humanidad fraterna y pacificada.
Las víctimas de las minas antipersonales son testigos inocentes de una visión equivocada de la seguridad. Un gran número de países ha comprendido que las minas antipersonales, junto a sus efectos inhumanos y devastadores a largo plazo, son inútiles. Dan la ilusión de una seguridad artificial. En muchos casos, los ciudadanos del país que utiliza estas armas son los que más padecen sus desastrosas consecuencias. La universalización de la Convención implica el reconocimiento de que el sufrimiento y las vidas rotas son –y con creces– un precio demasiado elevado para una seguridad aparente. Por este motivo, en la agenda de la próxima Primera Conferencia de Revisión de la Convención, que se celebrará en Nairobi, debería tener un lugar preeminente de reflexión la difícil situación y el programa de asistencia a las víctimas de minas antipersonales.
Hay que reconocer que se han logrado progresos importantes en este sentido. Millones de minas han sido destruidas. Estados, voluntarios y comunidades religiosas han ofrecido una asistencia incalculable a víctimas mutiladas y traumatizadas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, señora copresidente. El mayor riesgo es la tentación del desaliento ante una tarea tan enorme. Los desafíos de las destrucción de los depósitos o de su desactivación no deberían hacernos olvidar que las víctimas necesitan un constante compromiso nacional y una renovada solidaridad internacional durante largos años. Curar a poblaciones enteras de conflictos armados, especialmente a las personas que más directamente han quedado afectadas o que han sido víctimas de sus consecuencias, es la mejor inversión para construir una auténtica seguridad y una paz duradera.
[Traducción del original inglés realizada por Zenit]
