CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 7 octubre 2005 (ZENIT.org).- «Se puede permitir el acceso a la comunión eucarística a quienes niegan los principios y los valores humanos y cristianos?», preguntó este viernes el cardenal Alfonso López Trujillo al tomar la palabra ante el Sínodo de los Obispos.
El presidente del Consejo Pontificio para la Familia planteó la cuestión refiriéndola en particular a los políticos y legisladores y ofreció un no como respuesta.
«No se puede separar una opción personal del campo socio-político –afirmó el purpurado colombiano–. ¡No es un problema «privado», es necesaria la aceptación del Evangelio, del Magisterio y de recta razón!».
«Hoy los proyectos de ley y las opciones tomadas o que se van a tomar ponen en grave peligro la «estupenda noticia», es decir, el evangelio de la familia y de la vida, que constituyen una unida inseparable», aseguró.
«Está en juego el futuro del hombre y de la sociedad y, en muchos aspectos, la genuina posibilidad de una evangelización integral», afirmó.
«El tejido social ha quedado herido de manera letal» pues estas leyes, según explicó, atentan contra los derechos más fundamentales, como es el derecho a la vida, «comenzando con el delito abominable del aborto».
«Se da, como se escucha con frecuencia, una argumentación falsa a favor de una libre opción política que estaría por encima de los principios evangélicos y también sobre la referencia a una recta razón», denunció.
De este modo, aclaró, se han introducido legislaciones sobre parejas de hecho, «que al menos implícitamente serían una alternativa al matrimonio, a pesar de que estas uniones no son más que una «ficción jurídica»».
Para describirlas utilizó una expresión acuñada por la Conferencia Episcopal Española, «dinero falso puesto en circulación».
«Es peor todavía cuando se trata de «parejas» del mismo sexo, algo hasta ahora desconocido en la historia cultural de los pueblos y en el derecho, aunque no se presenten como «matrimonio»», ofreciéndoles «el derecho a la adopción de niños».
«Los políticos y los legisladores deben saber que, al proponer o defender proyectos de leyes inicuas, tienen una grave responsabilidad y tienen que poner remedio al mal cometido y difundido para poder acceder a la comunión con el Señor», concluyó.
