CIUDAD DEL VATICANO, viernes 23 de abril de 2010 (ZENIT.org).- Jurídicamente no tiene ningún fundamento la denuncia contra la Santa Sede que se ha presentado en el Tribunal Federal de Milwaukee por los delitos cometidos por un sacerdote estadounidense.
Es la conclusión a la que llega el abogado Jeffrey Lena, encargado de defender a la Santa Sede en Estados Unidos, en un comunicado emitido este viernes por la Oficina de Información del Vaticano.
Tras la denuncia se encuentra el ya conocido abogado Jeff Anderson, quien este jueves anunció en una rueda de prensa una acción legal contra el entonces cardenal Joseph Ratzinger, en cuanto prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y contra los cardenales Tarcisio Bertone, en cuanto secretario de esa misma Congregación vaticana, y Angelo Sodano, en cuanto antiguo secretario de Estado.
La acusación hace referencia al trato que se dispensó al padre Lawrence Murphy, sacerdote que según sus acusadores abusó de unos doscientos niños en un instituto para sordos entre 1950 y 1974. El clérigo, que había sido absuelto por la justicia estadounidense, fue procesado canónicamente para ser dimitido del estado clerical.
En realidad la Congregación para la Doctrina de la Fe fue interpelada por una cuestión ligada al delito de violación del sacramento de la confesión por parte del padre Murphy, entre 1996 y 1997, y dio la indicación de proceder contra él a pesar de que la lejanía temporal de los hechos constituyera un impedimento canónico.
Dado que los delitos habían sucedido 35 años antes, la Congregación exigió que el sacerdote permaneciera en el régimen de aislamiento en el que ya vivía (en parte a causa de su enfermedad) y
una acción decidida para obtener su arrepentimiento. El clérigo murió cuatro meses después de la decisión vaticana, tomada a finales de mayo de 1998.
Según aclara el abogado Lena, «en primer lugar, hay que manifestar compasión a las víctimas de los actos delictivos cometidos por el padre Lawrence Murphy. Por haber abusado sexualmente de niños, Murphy ha violado tanto la ley como la confianza que sus víctimas habían depositado en él».
La nota del abogado aclara que, «aunque las víctimas de abusos han presentado denuncias legítimas, en este caso no se trata de una de ellas. Al contrario, la denuncia supone un intento de utilizar los trágicos acontecimientos como una plataforma para realizar un ataque más amplio. Este último ataque pretende representar a la Iglesia católica como si fuera una empresa multinacional».
Según Lena, «el caso contra la Santa Sede y sus representantes no tiene fundamento. La mayor parte del contenido de esta denuncia es una mezcla de viejas teorías ya rechazadas por tribunales de los EE.UU. En cuanto a Murphy, la Santa Sede y sus representantes no sabían nada de sus crímenes hasta unas décadas después de que cometiera los abusos, y no tenían nada que ver con los daños sufridos por el demandante».
«Dado que no tiene ningún fundamento, la denuncia –con su rueda de prensa y los comunicados de rigor– no es más que el intento más reciente de algunos abogados estadounidenses de utilizar el proceso judicial como una herramienta para relacionarse con los medios de comunicación».
Por último, el representante legal de la Santa Sede aclara que, «si es necesario, responderemos más claramente a esta denuncia en el tribunal y en el momento oportuno.
