CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 29 febrero 2004 (ZENIT.org).- Juan Pablo II considera que no puede darse auténtico desarrollo si no se respetan los derechos fundamentales a la vida y de la familia.
Así lo constató este sábado al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Argentina ante la Santa Sede, el señor Carlos Luis Custer, sindicalista de larga trayectoria, miembro del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.
En el discurso que el Papa le entregó insistió en los dos requisitos para «construir una sociedad basada en valores fundamentales e irrenunciables para un orden nacional e internacional digno del ser humano».
«Uno es ciertamente el valor de la vida humana misma, sin el cual no sólo se quebranta el derecho de cada ser humano desde el momento de su concepción hasta su término natural, y que nadie puede arrogarse la facultad de violar, sino que se cercena también el fundamento mismo de toda convivencia humana», comenzó diciendo.
«Cabe preguntarse qué sentido tiene el esfuerzo por mejorar las formas de convivir, si no se garantiza el vivir mismo», confesó.
«Es preciso, pues, que este valor sea custodiado con esmero, atajando prontamente los múltiples intentos de degradar, más o menos veladamente, el bien primordial de la vida convirtiéndolo en mero instrumento para otros fines», siguió diciendo.
El otro pilar de la sociedad, indicó, y por tanto del progreso, es «el matrimonio, unión de hombre y mujer, abierto a la vida, que da lugar a la institución natural de la familia», aclaró.
«Ésta no sólo es anterior a cualquier otro orden más amplio de convivencia humana sino que lo sustenta, al ser en sí misma un tejido primigenio de relaciones íntimas guiadas por el amor, el apoyo mutuo y la solidaridad», explicó el obispo de Roma.
«Por eso –subrayó en su discurso en castellano– la familia tiene derechos y deberes propios que ha de ejercer en el ámbito de su propia autonomía».
«Atañe a las legislaciones y a las medidas políticas de sociedades más amplias, según el principio de subsidiaridad, la tarea de garantizar escrupulosamente estos derechos y de ayudar a la familia en sus deberes cuando éstos sobrepasan su capacidad de cumplirlos sólo con sus medios», indicó.
«El legislador –recordó haciendo referencia al magisterio que ha venido ilustrando en este pontificado–, y el legislador católico en particular, no puede contribuir a formular o aprobar leyes contrarias a las normas primeras y esenciales que regulan la vida moral, expresión de los más elevados valores de la persona humana y procedentes en última instancia de Dios, supremo legislador».
«Es preciso recordar esto en un momento en que no faltan intentos de reducir el matrimonio a mero contrato individual, de características muy diversas a las que son propias del matrimonio y de la familia, y que terminan por degradarla, como si fuera una forma de asociación accesoria dentro del cuerpo social», constató el Papa.
«Por eso –concluyó–, tal vez más que nunca, las autoridades públicas han de proteger y favorecer la familia, núcleo fundamental de la sociedad, en todos sus aspectos, sabiendo que así promueven un desarrollo social justo, estable y prometedor».
