GINEBRA, 10 septiembre 2001 (ZENIT.org).- Ante la convocación de un referéndum sobre la despenalización del aborto en Suiza, los obispos católicos han publicado una declaración en la que aseguran que la primera consecuencia de esta medidas es el abandono de mujeres en situaciones difíciles.
«Una de las primeras responsabilidades de la Iglesia y del Estado es la de proteger la vida en todas sus fases, incluida la vida discapacitada o la vida humana que todavía no ha nacido», aseguran los prelados.
«En su patrimonio hereditario –añaden–, como hoy día sabemos, la personalidad ya está presente. Toda interrupción voluntaria del embarazo indica por tanto la muerte de un ser humano; por tanto, no puede ser admitida éticamente, independientemente de la legislación en vigor».
La consulta popular debería tener lugar el próximo verano y busca pronunciarse a favor o en contra de una reforma del Código penal, aprobada por el Parlamento en abril pasado, que amplió las condiciones que permiten a una mujer someterse de manera despenalizada a una operación abortiva.
La reforma prevé que una mujer presente al médico su estado de dificultad para que éste pueda realizar el aborto. Antes se requería que dos médicos indicaran la existencia de un riesgo grave para la vida o la salud de la madre o del niño.
De este modo, aseguran los obispos, «el Estado deja de tomarse en serio su papel de protección de la vida humana que está por nacer, de la vida indefensa, y delega ampliamente la protección de esta vida a la mujer o a su médico, sin proponer una ayuda suficiente a las mujeres en su necesidad».
La reforma del Código introduce, además, la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de embarazo. Se trata de algo inaceptable para los obispos, quienes recuerdan que la misma ciencia descubre día tras día cómo la persona humana queda constituida desde el primer instante de su concepción.
La Conferencia Episcopal de Suiza recuerda, por último, que la cuestión del aborto no debe resolverse sólo a través del Derecho penal. Por eso, piden que el Estado adopte un conjunto de medidas destinadas a acompañar a la mujer en dificultad y a proteger la familia: como son «un seguro durante la maternidad, la baja laboral por maternidad, ayudas financieras por los hijos, guarderías y asilos, reducción de los gastos del seguro por motivos de enfermedad, ayudas fiscales, etc.».
Por último, proponen promover un sistema de ayuda y consulta a las mujeres encintas, que ofrezca ayuda concreta y apoyo del Estado.
La declaración de los prelados se publicó al final de su Asamblea ordinaria, que se celebró entre el 3 y el 5 de septiembre.
