El arzobispo de Caracas, el Card. Jorge Urosa Savino, ha denunciado la muerte de tres jóvenes en el estado venezolano de Táchira. Asimismo indicó que representantes de la Iglesia no han podido visitar a los tres estudiantes universitarios: Lorent Saleh, Gerardo Carrero y Gabriel Valles, detenidos en la sede del Sebin en Caracas. Las declaraciones las hizo al finalizar la VI Caminata Juvenil Arquidiocesana, este domingo 22 de febrero, en la participaron cientos de jóvenes de Caracas, según indican medios locales.
Haciendo referencia a los jóvenes fallecidos dijo: “Dos de ellos que estaban desaparecidos, aparecieron muertos por heridas de bala” ha dicho con respecto a los estudiantes universitarios José Daniel Pinto de 20 años y Alejandro García de 22, que, según la información de las agencias, probablemente habían sido arrestados por la policía. «Y un tercero, que había desaparecido hace dos o tres días, también apareció muerto con un tiro en la cabeza” recordó el purpurado.
El Cardenal Urosa Savino también denunció que ningún representante de la Iglesia católica ha podido visitar a los tres estudiantes universitarios (Lorent Saleh, Gerardo Carrero y Gabriel Valles) detenidos en el cuartel de policía de Sebin, en Caracas. “Hace poco, monseñor José Trinidad Fernández fue al Sebin a tratar de visitar a algunos de estos jóvenes y le fue negada la entrada” explicó el arzobispo. “Pero nosotros vamos a volver insistir en esto, porque nos parece que no es posible que los muchachos no puedan recibir visitas” añadió”.
Una situación de tensión que se suma a la reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de planear un golpe de Estado. Con el arresto, que fue realizado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “están echando leña al fuego” indicó el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert.
El alcalde Ledezma, junto con Leopoldo López –líder de la oposición, en prisión– y la ex diputada María Corina Machado, habían firmado un comunicado, publicado por el diario “El Nacional”, que aboga por un acuerdo nacional para un gobierno de transición, con el fin de hacer frente a la grave crisis económica en el país. López está acusado de ser el responsable intelectual de la violencia del 12 de febrero de 2014, cuando una manifestación terminó en actos vandálicos contra la sede de la Fiscalía General, la quema de vehículos oficiales y la muerte de dos manifestantes.
Por otro lado, recientemente la coalición de organizaciones de derechos humanos venezolanas, integrantes del Foro por la Vida, donde se incluye la vicaría de derechos humanos de la arquidiócesis de Caracas, publicó un comunicado rechazando la resolución del Ministerio de la Defensa, publicada el pasado mes enero, donde se establece un nuevo modelo de control militar del orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
En dicho comunicado, recordaban que “en el año 2014 la intensidad de la represión fue desproporcional a la frecuencia de protestas violentas; aunque las protestas violentas aumentaron 184% con respecto al 2013, la represión aumentó un 534%. El porcentaje de represión fue de 16,4%, superando la cifra más alta de represión del Expresidente Chávez, 7% para el año 2009. En todo el año 2013, 61 protestas fueron reprimidas, en el año 2014 se reprimieron 387, el 82% de las cuales fueron de carácter pacífico. En ninguna de las manifestaciones violentas en Venezuela han sido incautadas armas de fuego a los manifestantes. Sin embargo, se registraron 41 casos de víctimas letales, de los cuales al menos seis sucedieron por disparos atribuidos a cuerpos de seguridad.
Tomando en cuenta estos hechos, dejar a consideración de los funcionarios de seguridad la decisión de disparar contra civiles manifestando representa una clara situación de vulnerabilidad para quienes ejerzan su derecho a la protesta y constituye un retroceso para las garantías de los derechos humanos de los venezolanos».
