MADRID, sábado, 17 marzo 2007 (ZENIT.org).- Publicamos el artículo escrito por don José María Gil Tamayo, secretario ejecutivo de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, publicado en la revista «Ecclesia» con el título «Ciudadanía para la educación».
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Nadie podrá acusar a los obispos españoles de no haber hablado alto y claro, no sólo sobre grandes principios doctrinales, éticos y morales, sino de asuntos y situaciones concretas, que afectan en estos momentos de manera esencial, además de a los fieles de la Iglesia y a sus convicciones, también a los derechos fundamentales del común de los ciudadanos, entre los que, por cierto, están los católicos desde que España es España e incluso antes. Aunque sólo fuera por antigüedad en la plaza, la Iglesia a través de sus pastores tiene todo el derecho del mundo para dar su parecer en lo que atañe a nuestro pueblo.
Entre los temas sobre los que, en las últimas semanas, se han pronunciado los obispos, a través de la Comisión Permanente del Episcopado, destacan los referidos a la educación propugnada por la LOE y los decretos que la acompañan, denunciando los tintes ideológicos de este nuevo marco legal, sus carencias antropológicas y los principios de libertad y de derechos de los padres contra los que atenta la nueva legislación. En concreto, los prelados se fijan en el nuevo y deficiente estatuto legal para la clase de Religión y sus profesores, las trabas para la efectiva libertad de enseñaza y de elección de centro escolar, así como la filosofía y el contenido de la llamada Educación para la ciudadanía, toda una asignatura de adoctrinamiento moral y político, acorde con los principios fundamentales del nuevo “movimiento”, en la que vuelve a retomarse con las jóvenes generaciones un obligatorio y reeditado proceso de “formación del espíritu”, esta vez –eso sí- menos nacional, más periférico, laicista y de género. Se supone que, en consonancia con la “liturgia” del nuevo orden, en vez de “jurar” en este retornado ciclo habrá que “prometer”. Confío en que, al menos, no haya represalias para quienes no lo hagan… y opten por la objeción de conciencia.
En la nota de la Comisión Permanente, nuestros obispos, a la vez que argumentan con solidez su denuncia del creciente intervencionismo estatal en el campo educativo, hacen también un llamamiento a la responsabilidad de las personas e instituciones de la Iglesia implicadas en la tarea educativa: padres, profesores, responsables de los centros católicos, etc., a fin de que ejerzan de forma activa y cívica la reivindicación y defensa de sus derechos, en coherencia con las convicciones religiosas personales o el ideario de la institución educativa a la que representan. Se trata, en definitiva, de que sean los propios implicados y afectados quienes tomen sobre sí el trabajo de ejercitar en primera línea sus derechos, entre los que están los de la libertad educativa y la religiosa, de ser sociedad civil, ciudadanía activa.
Anemia cívica
Y es, precisamente, en este último aspecto en el que percibo que está el punto más débil para lograr el fin propuesto de frenar el creciente intervencionismo educativo que nos amenaza: la sociedad civil española –también la católica- está, salvo excepciones y a pesar del empujón dado en los últimos años con motivo de las grandes manifestaciones en defensa de la familia y los derechos educativos y del generoso esfuerzo de las organizaciones que las convocaron, desactivada y desentrenada. El personal está a su “bola”, centrado en sus intereses más inmediatos y sin los resortes espirituales e intelectuales necesarios para percatarse de la gravedad de lo que le amenaza, ya sea en el terreno de los derechos civiles, familiares, de la vida, o los referidos a la educación. Esta anemia cívica impide que haya un mayor protagonismo de los propios afectados –padres y educadores- y por esto se ven obligados los obispos a tener que aparecer, casi en solitario, en primera línea de batalla para defender derechos ciudadanos básicos, con el consiguiente desgaste mediático que ello comporta y ser el blanco de todos los ataques.
Ciertamente es éste un gran servicio no sólo eclesial, sino a la entera sociedad española, pero sólo podrá ser eficaz si de forma urgente y continuada se fomenta en nuestro país -¡qué gran misión ésta para el laicado católico!- la aparición de una sólida sociedad civil, consciente de sus responsabilidades y activa en su quehacer, alentada por el trabajo de verdaderos y coherentes líderes políticos –hoy tan ausentes de los verdaderos problemas de la población- que la animen. Por lo que respecta a la cuestión anteriormente tratada, necesitamos, en definitiva: una ciudadanía para la educación, no a al revés.
