ROMA, domingo, 28 marzo 2004 (ZENIT.org).- En los procesos penales canónicos es necesario armonizar la tutela del bien común con la dignidad y los derechos del acusado, ha concluido un Congreso que ha reunido a expertos de la Santa Sede, Europa y América del Norte.
El simposio «Proceso penal y tutela de los derechos en el ordenamiento canónico» ha sido organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma entre el 25 y el 26 de marzo.
Un comunicado de prensa final ha sintetizado en estas palabras las conclusiones: «El proceso judicial exige personas equilibradas, técnicamente bien preparadas y entregadas a su función», pues las penas deben respetar «los elementos esenciales de un proceso justo».
Monseñor Joaquín Llobell, docente de Derecho procesal en la Universidad de la Santa Cruz, hizo referencia a las normas adoptadas en Estados Unidos como consecuencia de los escándalos de pederastia atribuidos a algunos sacerdotes.
El profesor recordó «la necesidad de armonizar la tutela del bien común con la dignidad y los derechos del acusado», así como la necesidad de «ser profundamente coherentes en el respeto de las exigencias que el derecho natural y civil consideran como imprescindibles para la asignación de las penas, en particular, las más graves».
Sobre el deber de reconocer la inocencia de una persona «hasta prueba contraria» intervino el profesor Kenneth Pennington, de la Catholic University of America.
«Un jurista del Ius común podría no comprender el que hoy podamos abrazar la tesis, según la cual «una persona es inocente hasta prueba contraria», y sin embargo negamos a un ser humano el derecho, en algunas circunstancias, de ser escuchado por un tribunal», reconoció.
«A nade, absolutamente a nadie se le puede negar un proceso, en ninguna circunstancia –concluyó Pennington–. Y todos, absolutamente todos, tienen derecho a una sólida y profunda defensa. Se trata de un principio que no debemos olvidar o abandonar».
Monseñor Velasio De Paolis, C.S., secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, recordó que «el derecho penal tiene una propia configuración y una dimensión específica en la vida de la Iglesia, complementaria a otros instrumentos con los que la Iglesia realiza su misión en el tiempo».
Su importancia no puede ser descuidada, añadió, pues se corre el peligro de que «los fieles pierdan el sentido de la justicia. Sería algo grave, pues sin el sentido de la justicia se pierde el sentido de la gratuidad, de la misericordia y de la caridad».
El encuentro concluyó con una mesa redonda sobre experiencias y reflexiones sobre la aplicación de las sanciones, en la que también se discutió sobre las normas penales aplicadas recientemente en Estados Unidos.
En este sentido, monseñor Kenneth E. Boccafola, prelado auditor del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, refirió que «en la crisis en que se encontraron los obispos estadounidenses había que encontrar algún remedio rápido y eficaz para ayudarles a demostrar a los fieles que la Iglesia estaba afrontando el problema, y que tenía la voluntad de castigar a los malhechores y de proteger a los niños».
Boccafola añadió que «quizá hubiera sido mejor pedir el restablecimiento de la «suspensio ex informata conscientia», que se aplicaba a los sujetos juzgados verdaderamente culpables» en vez de poner en manos del obispo «poderes de decisión a los que puede recurrir según su propia discreción».
