SAN PEDRO SULA (HONDURAS), 4 diciembre 2002 (ZENIT.org).- La ola de asesinatos, secuestros y maltratos a la dignidad humana que padece la diócesis hondureña de San Pedro Sula ha suscitado un grito de sus obispos: ¡Basta ya a la violencia en un pueblo que, agobiado por la pobreza, sufre ahora el azote del crimen, muchas veces impune, que clama al Cielo!
La gravedad de la situación se ha reflejado en el clamor de Ángel Garachana Pérez y Rómulo Emiliani –respectivamente obispo y obispo auxiliar de San Pedro Sula–, quienes firmaron una carta pastoral el pasado 21 de noviembre sobre la violencia.
En los últimos cuatro años, la diócesis –que comprende los departamentos de Cortés, Atlántida y las Islas de la Bahía– ha registrado aproximadamente 4.500 asesinatos. El 12% de las víctimas fueron jóvenes. Entre los asesinados hubo muchos integrantes de pandillas juveniles, fruto, en parte, de enfrentamientos entre ellos.
Estas pandillas ocasionan gran número de víctimas, pero un reciente informe de las Naciones Unidas «habla de ejecuciones de niños de la calle hechas por elementos de la policía nacional», comentan alarmados los prelados.
Existen grupos no identificados «que se dedican a eliminar jóvenes por el simple hecho de estar tatuados. Se sabe que el 85 % de los asesinatos se realizan con armas de fuego», recoge la pastoral.
«La impunidad de los crímenes oscila en un 60% y el hecho de «no encontrar a los culpables crea un ambiente de más zozobra en la sociedad», reconocen los prelados, añadiendo la gran ola de secuestros de los últimos años y algo conocido: las conexiones de grupos nacionales con mafias internacionales.
El índice de pobreza es del 70%, y el nivel de desnutrición afecta a la mitad de la población hondureña. Además, «la violencia familiar, con el maltrato a la mujer y a los niños, hace más desgraciado el ambiente en que vivimos». Teniendo en cuenta también la cantidad de violaciones y abortos que se cometen, «nuestra comunidad está sufriendo un calvario indecible», constatan los prelados.
En el origen de la violencia, demasiados factores simultáneos
Grandes desigualdades sociales –que producen la exclusión de una importante parte de la población, privada de un acceso justo a los bienes de la sociedad– se suman a presiones económicas que conducen a una pobreza extrema; ésta «embrutece la conciencia de las personas, llegando al extremo de responder con violencia por la desesperación causada por el hambre», explican los obispos.
Los obispos denuncian asimismo la «violencia “globalizada”, con la imposición de políticas económicas y financieras de parte de organismos internacionales que empobrecen más a nuestros pueblos».
La falta de educación crea marginados del progreso, «mano de obra barata que nunca prospera». Además está el capítulo de las drogas: su consumo aumenta cada vez más, se incrementa el negocio de estupefacientes y se disparan los índices de criminalidad. Las mafias luchan «por defender territorios de venta», expone la pastoral.
«El comercio legal e ilegal de armas –añade el documento–, que ha llenado nuestro país de más de medio millón de unidades de fuego de diferente calibre y potencia, hace más peligrosa la convivencia de los ciudadanos».
Otro factor que interviene en la violencia es la desintegración familiar, cuando no la falta de un vínculo familiar efectivo.
Además, las «fuerzas vivas del país» han caído en cierta indiferencia e impotencia ante la situación, y viven encerrados en «pequeños mundos elitistas», se lee en el documento.
«La lentitud de la Justicia y la percepción de la opinión pública de su ineficacia» hace que las víctimas se tomen la justicia por su mano, agravando así el caos del país. Como falta la protección de las autoridades, la población deja de presentar denuncias.
Se detecta también la corrupción entre los funcionarios que deben aplicar la justicia en sus diferentes estamentos, impidiendo llegar al origen de asesinatos y secuestros.
Es evidente «un creciente sadismo en la manera de eliminar a las víctimas». En este contexto de falta de respeto a la vida, hay «en el país sicarios que ofrecen tarifas de acuerdo con el daño que se desea hacer a la víctima», denuncian los prelados.
En este panorama, los medios de comunicación social son también responsables de la violencia, puesto que promueven una mentalidad agresiva en su programación televisiva, dirigida incluso al público infantil.
En los entornos informativos, «al querer reflejar lo que pasa en la realidad, utilizan, a veces, un enfoque morboso y llamativo, que crea en la sociedad un ambiente de agresividad y también de indiferencia ante algo que es tan anormal e inhumano», continúa el documento.
«Cuando una sociedad en general acaba por ver el gran drama de la violencia insensiblemente, es porque ha caído en las garras de la Cultura de la Muerte. Hay cierto “silencio cómplice” en la sociedad», constatan los prelados.
El fatalismo se está generalizando en la gente, «que ve todo esto como algo que “tiene que suceder” y que no se puede detener», y se percibe una situación de desesperanza, «provocada por la frustración colectiva, que hace más agresiva a la población», advierte la pastoral.
Las posibles inversiones extranjeras se alejan evidentemente de un país que no garantiza la vida de sus habitantes: «nadie querrá traer personal y capital», alertan los prelados.
La magnitud del drama tiene soluciones viables
Se impone una toma de conciencia «de lo aberrante, repugnante y dañino que es la para la colectividad esta ola de violencia en que nos encontramos y que urge ya salir de esto, para proteger a la comunidad de lo que aparece ya como una eliminación incontrolada de las vidas de las personas», proponen los prelados.
Los obispos hacen un llamamiento a todas las fuerzas vivas del país para detener el aceleramiento de la violencia, controlarla y hacer que disminuya.
Los medios de comunicación, con su enorme influencia en la población, pueden hacer campañas eficientes sobre el valor de la vida.
«Todos tenemos responsabilidad compartida en esta situación y el mundo de la política, de la economía y la educación pueden y deben hacer mucho más en sus respectivos campos de acción», alientan.
«Urge –continúan– promover los cambios sociales y económicos que aminoren los efectos de esta pobreza extrema que tanto daño hace al país. En la medida en que tengamos más justicia social y se trabaje más por el bien común, la miseria y la violencia dejarán paso al progreso y paz social», aseguran.
«Nosotros, como Iglesia, estamos llamados a intensificar nuestra evangelización en todos los niveles, sabiendo que, en la medida en que seamos más fieles al Evangelio, brotará más nuestra vida misionera y llegaremos con la predicación de la Palabra y con el testimonio de una solidaridad efectiva a todos los ámbitos de la sociedad que sufren la violencia», declaran los prelados.
Los obispos piden igualmente que se implemente la ley que regula el uso de armas, y que se dote al sistema judicial de los medios necesarios para garantiza su eficacia y acabar con la impunidad de los crímenes.
Finalmente, los prelados proponen la creación de una «Comisión Nacional de la lucha contra el Crimen», que tenga autoridad moral para denunciar los asesinatos, transmitiendo confianza en la población para registrar cada caso.
«Como Iglesia ponemos nuestros medios de comunicación social al servicio de la denuncia de los casos de violencia de parte de esta gran Comisión Nacional», se compreten.
«Jesús nos lanza a todos una mirada de amor provocando nuestra
conversión –recuerdan los prelados– y a los más vulnerables por la crisis económica y social les dirige una mirada llena de compasión y nos pide a todos seguir trabajando intensamente por los que más sufren para rescatarlos de su miseria».
«Reunidos nosotros, los obispos de la diócesis de San Pedro Sula, con nuestro presbiterio, pedimos, pues, la unión de todas las fuerzas vivas del país para salvar a Honduras de un caos social que la llevará a la ruina», concluye la pastoral.
