MONTEVIDEO, 23 junio 2002 (ZENIT.org).- el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, ha expresado su rechazo al proyecto de ley de Técnicas de Reproducción Artificial, actualmente en tramitación parlamentaria.
El prelado pronunció su punto de vista durante la celebración de la eucaristía del domingo 16 de junio, según informó la Conferencia Episcopal Uruguaya.
En un comunicado de prensa, el director del Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Católica de Uruguay (UCU) puntualiza distintos aspectos del controvertido proyecto legislativo –que esta semana estaba siendo examinado en la Cámara de Senadores de la República– al que atribuye «enormes consecuencias éticas» y al que califica como «moralmente inaceptable».
Resulta sorprendente, en opinión del médico y sacerdote jesuita Oma Franca-Tarragó, la escasa información ofrecida por los medios de comunicación acerca de este proyecto de ley propuesto por el senador Alberto Cid.
Además, «llama poderosamente la atención que desde 1998 al 2001 el texto de la ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que ha aprobado la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores no haya tenido ninguna modificación, cuando en el debate público y en las numerosas consultas hechas por la Comisión del senado, muchas instituciones han objetado asuntos muy sustanciales respecto al texto de la presente ley», comenta el doctor Franca-Tarragó.
El contenido del proyecto de ley, a grandes rasgos, «autoriza que los seres humanos en los estadios iniciales puedan ser donados, como se donan los objetos». También dice el sacerdote en el comunicado: «Utiliza el termino pre-embrión para disimular el hecho de que se trata de un embrión humano ya concebido y genéticamente único e irrepetible, cuyo desarrollo es el propio de cualquier otro ser humano».
Por otro lado, «le da a los Centros de Reproducción asistida el derecho de propiedad de los gametos o embriones de las parejas, quitándoles a éstas todos los derechos sobre sus embriones o gametos, una vez que pasan 6 meses», confirma el comunicado de prensa.
«Aunque la ley prohíbe expresamente que el Centro de Fecundación in vitro venda o comercialice con embriones o gametos humanos», aclara el Dr. Omar Franca-Tarragó, el texto «hace que los bancos de embriones pasen a ser propietarios de los embriones que se les sea donados, y puedan, -bajo el eufemismo de donarlos a otras parejas- cobrar por los servicios prestados y lucrarse a costa de las mujeres que se los donaron».
El proyecto de ley priva al niño nacido por estas técnicas de tener un padre, puesto que «permite que las técnicas de reproducción humana puedan ser aplicadas a la mujer sola» y lesiona el derecho del hijo a conocer su orígenes biológicos de forma completa, constata el director del Instituto de Ética y Bioética de la UCU.
Además, no se prevén sanciones, ni siquiera el carácter delictivo, ante ciertas acciones, por ejemplo que el banco propietario de los embriones los elimine en algún momento. Y aunque se prohíbe la experimentación con embriones, tampoco ésta se considera delito; como mucho se incurrirá en una infracción administrativa, explica el comunicado de prensa.
Entre las principales objeciones a este proyecto, el Dr. Omar Franca-Tarragó también incluye la cuestión de la financiación. «La ley de Técnicas de reproducción asistida establece que estas técnicas sean incorporadas al Fondo Nacional de Recursos y financiadas por éste», constata.
Dicho Fondo, actualmente con escasos recursos para «afrontar sus gastos cada día más abultados», está dedicado a la alta tecnología que permite salvar vidas o asegurar la recuperación de graves trastornos funcionales de los pacientes. «Pero las técnicas de reproducción asistida no se relacionan ni con la vida o la muerte de seres humanos ni con la calidad biológica de la vida de un determinado individuo», afirma el Dr. Franca-Tarragó.
