CIUDAD DEL VATICANO, 11 oct (ZENIT.org).- La Santa Sede ha constatado ante la ONU que cinco años después de la celebración de la Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín, la situación de las niñas y las mujeres sigue siendo grave.
Como ya ha sucedido en otras ocasiones, una mujer tomó la palabra el lunes pasado en nombre del Papa Juan Pablo II, ante el Tercer Comité de la LV sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que está revisando «la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción» que surgió de aquella polémica conferencia. El tema específico de esta sesión especial de la Asamblea General de la ONU era «Mujeres 2000: Igualdad, Desarrollo y Paz en el siglo XXI».
Lisa D´Urso, miembro de la delegación de la Santa Sede, fue clara: «A pesar de los esfuerzos para poner en práctica la Plataforma de Acción de Pekín, persisten los azotes de la pobreza, el analfabetismo, las desigualdades sociales, políticas y económicas, la injusticia, la violencia y la discriminación».
Después de los centenares de millones de dólares que se han destinado tras esta Conferencia mundial, la situación sigue siendo dramática. D´Urso constató: el «número creciente de mujeres separadas de sus hogares y de sus familias por la guerra», el impacto de la globalización y la difusión del sida.
La representante pontificia manifestó la satisfacción de la Santa Sede por algunos de los resultados la Asamblea especial de las Naciones Unidas que acabó con frenéticas negociaciones a las 4 de la mañana del pasado 10 de junio. En aquella ocasión, los delegados y delegadas de «Pekín+5» (se le dio este nombre a la cumbre, pues pretendía revisar la aplicación de la Conferencia sobre la mujer que se celebró en la capital china hace cinco años) no acogieron las propuestas de grupos de presión de grandes organizaciones internacionales y de algunas delegaciones de países occidentales que querían imponer derechos humanos nunca antes codificados, como el de «derechos sexuales» (que contemplan programas de promoción del aborto en el mundo o el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho) (Cf. Zenit, 11 de junio de 2000).
Lisa D´Urso reconoció que «la Santa Sede muestra su agrado con el reciente documento adoptado por la Sesión Especial» del que forman parte «una visión global» de las necesidades sanitarias de las mujeres, así como las «medidas para afrontar la violencia contra las mujeres y el tráfico de mujeres y niñas».
La representante vaticana agregó que la Santa Sede estaba «especialmente complacida porque nota una comprensión clara de la necesidad que tienen todas las mujeres de acceder a los servicios sociales básicos, entre ellos la educación, el agua potable, la nutrición adecuada y los servicios sanitarios seguros».
Ahora bien, D´Urso manifestó también que es «desconcertante observar los determinados esfuerzos de algunos países» para eliminar las referencias a esos asuntos y a otros como «el papel crucial de las mujeres en la familia, la célula básica de la sociedad», la aportación general de las mujeres a la sociedad y la necesidad de «programas que permitan a los hombres y mujeres compaginar el trabajo y las responsabilidades familiares».
«En todo el mundo y en toda circunstancia –constató la delegada– la familia desempeña un papel crucial, ya sea como elemento de estabilización en situaciones de conflicto ya sea en la educación y en el servicio de la sociedad. Todas las mujeres, prescindiendo de sus diferentes realidades, forman parte de una familia y este papel no puede ser ignorado».
«Un número creciente de países se ha comprometido firmemente a afrontar los factores profundos del tráfico de mujeres y niñas para la prostitución y otras formas de comercio sexual, matrimonio y trabajos forzados», constató con entusiasmo la representante vaticana. Ahora bien, a esta corriente se opone otra formada por «unos pocos países que han intentado, aunque sin éxito, limitar las referencias a la prostitución y a minimizar el lenguaje de Pekín para poderlo acoplar a la situación nacional propia».
D´Urso expresó su malestar porque no se haya alcanzado consenso en algunas cuestiones importantes, como la de «proteger el derecho de cualquier profesional o servicio sanitario que se niegue a cumplir, cooperar o facilitar servicios que para ellos presenten objeciones sobre la base de creencias religiosas o convicciones morales o éticas». Este derecho, afirmó, «está garantizado entre otros, por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
