NUEVA YORK, 7 noviembre 2001 (ZENIT.org).- La lucha internacional contra la pobreza comienza mejorando las condiciones de vida de las comunidades rurales que invocan de la cooperación de los países ricos políticas adaptadas a un desarrollo equilibrado, aseguró el embajador del Papa ante la ONU.
El arzobispo Renato Martino, hizo estas observaciones al intervenir este martes en las sesiones del Comité especial de la Asamblea general dedicado al tema de «Desarrollo sostenible y cooperación económica internacional».
El observador permanente de la Santa Sede, partiendo del principio del destino universal de los bienes creados –concepto decisivo en la doctrina social cristiana–, concentró su reflexión en la necesidad de dar un salto de calidad en las políticas sociales a favor de los países pobres.
Y, dado que la mayoría del mundo pobre vive en áreas rurales, el prelado propuso «una política fundamental que afronte la pobreza rural».
«En este sentido, es necesario insistir una vez más en la importancia de implementar reformas agrarias que sean efectivas, justas y productivas», afirmó.
Esto significa, aclaró, que «la reforma agraria no puede quedarse en una simple redistribución de la tierra, debe ser entendida más bien como un instrumento capaz de extender la propiedad privada de la tierra, si bien la propiedad común, elemento de la estructura social de muchas poblaciones indígenas, debe ser tenida en cuenta».
Martino continuó su intervención haciendo un elenco de otros aspectos imprescindibles para las políticas sociales en lucha contra la pobreza: la promoción de empresas rurales de dirección familiar, el respeto de los derechos de los trabajadores rurales –entre otros una «justa remuneración»–, así como la posibilidad de «un efectivo crecimiento cultural y profesional».
A nivel internacional, observó el «embajador» del Papa ante el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas de Nueva York, la victoria sobre la pobreza sólo podrá tener lugar con la facilitación del acceso de estas comunidades rurales al «comercio internacional».
Este objetivo, que debe realizarse «con la contribución del sector privado», implica «reducir substancialmente las tarifas de acceso a los mercados», «subsidiar la importación y exportación de bienes agrícolas y procesados de los países en vías de desarrollo», la «creación de infraestructuras y la aplicación de tecnologías al campo agrícola».
El arzobispo concluyó con una llamada a la conciencia de las delegaciones nacionales presentes, pues la lucha contra la pobreza no sólo es una movilización «financiera», sino también «moral», «orientada a alcanzar objetivos precisos encaminados a alcanzar una drástica reducción de la pobreza».
Por este motivo, recordó, «Los compromisos asumidos en las conferencias y encuentros internacionales orientados al desarrollo deben ser respetados».
