ROMA, jueves 12 enero 2012 (ZENIT.org).- El santo padre Benedicto XVI ha nombrado arzobispo metropolitano de Kasama, en Zambia, a monseñor Ignatius Chama, actual obispo de Mpika, a quien ha designado administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la misma diócesis de Mpika. En una de sus intervenciones en el II Sínodo para África en Roma, monseñor Chama pidió a los obispos que abogaran por un orden económico más justo con las poblaciones rurales de su país.
La archidiócesis está ubicada en el centro sur de la provincia del Norte, una de las nueves provincias de este empobrecido país sudafricano, cuyo 68% de la población vive bajo la línea de pobreza (menos de 1,25% dólares USA al día) y una expectativa de vida que llega a los 43 años.
El nuevo arzobispo, de 54 años, administrará una sede –en el caso de Kasama–, con una población de 1.182.000 habitantes, de los cuales 705.200 son católicos distribuidos en veintidós parroquias, a cargo de medio centenar de sacerdotes diocesanos.
Por otro lado, la diócesis de Mpika tiene una población de 523.500 habitantes, de los cuales 130.380 son católicos distribuidos en catorce parroquias.
La sede metropolitana estaba vacante desde abril de 2009, cuando fue aceptada la renuncia del arzobispo James Spaita por límite de edad.
Nacido el 12 de agosto de 1957, en la aldea de Mutono, en Kawambwa, diócesis de Mansa, provincia de Luapula, el nuevo arzobispo fue ordenado sacerdote el 12 de agosto de 1984, para la diócesis de Mansa.
El 17 de julio de 2008, fue nombrado obispo de Mpika, y el nuncio apostólico en Zambia Nicola Girasoli le consagró el 28 de septiembre de 2008.
Monseñor Chama realizó una intervención, exponiendo la situación de su país, en el último Sínodo para África en Roma. En la misma, subrayó “la crisis económica local que yo y mi pueblo vivimos en nuestra diócesis rural en el nordeste de Zambia. Es la crisis de las cosechas de nuestros incansables agricultores que no logran alcanzar los mercados y obtener el precio justo. Es la crisis percibida cuando los inversores extranjeros abastecen sus supermercados con cosechas importadas del exterior de Zambia. Es la crisis causada por ciertas prácticas comerciales, sean propias o internacionales, que traen como consecuencia el que significativas mercancías subvencionadas que llegan de Europa limiten la competencia leal con los productos locales”.
Además –añadió el nuevo arzobispo en su angustiada exposición–, “hoy en Zambia, nuestras zonas rurales deben también afrontar el problema del campo con respecto a la adopción del modelo de agricultura genéticamente modificado, algo criticado, justamente, en el número 58 del Instrumentum Laboris”.
Estas dinámicas, que el prelado no dudó en calificar de “inicuas”, son, dijo “una señal de la profunda diferencia que existe entre el campo y la ciudad”. “Hoy esto –afirmó- es en su conjunto una amenaza al desarrollo integral y sostenible de Zambia. Nuestro mismo gobierno nos dice que mientras que el índice de pobreza urbana en los últimos años ha disminuido, la pobreza de las zonas rurales aumentó significativamente”.
Pero, se preguntó monseñor Ignatius Chama, “¿Qué es lo puede hacer un Sínodo con respecto a todo esto?!. Y respondió: “Quiero, simplemente, recordar a mis hermanos obispos, que en el Sínodo de 1994, se escuchó una petición de justicia económica en la invitación que les fue dirigida para sostener el Jubileo del campo, para la cancelación de la deuda externa de los países africanos en dificultad”.
“La Iglesia –añadió- escuchó la petición y habló en favor de la cancelación de la deuda, que resultó, para Zambia y también para otros países , un importante paso hacia la humanización del orden económico”.
“Hoy tenemos la necesidad de un llamamiento a la justicia semejante a ése, por ejemplo, para afrontar las cuestiones de política comercial, como los Acuerdos de Colaboración Económica (ECA) entre África y Europa, y las preocupaciones ambientales como el calentamiento global”, afirmó.
Y concluyó pidiendo a la Asamblea del Sínodo que diera “su apoyo a las peticiones para un orden económico más justo que salvaguarde los derechos y el futuro de nuestras poblaciones rurales”.
