En Homs, el ambiente sigue siendo cauteloso. Los suministros de alimentos y combustible están disponibles, pero siguen siendo limitados y los precios no dejan de subir. El temor a lo que depare el futuro a los cristianos es palpable. Las escuelas vuelven a abrir hoy lunes. AIN habló con un contacto que destacó la creciente preocupación entre los cristianos por el futuro del país. “Mi mensaje al mundo es sobre la importancia del apoyo internacional a los cristianos para aprobar una constitución civil, en lugar de una constitución islámica basada en la sharia. Si se basa en la sharia, sin duda los cristianos tendrán que abandonar el país porque se restringirán las libertades personales”, afirmó la fuente.

“Los cristianos no tienen fuerza para garantizar sus derechos en lo que respecta a la Constitución, la vida institucional y el gobierno civil. Se teme que hayan pasado de un régimen que silenciaba a todos a otro que no permite a cada uno vivir como quiere, con libertades personales”, prosiguió la fuente.

Mientras tanto, en Alepo, el ambiente es cautelosamente optimista. La gente intenta reanudar su vida normal, con pequeños carteles navideños que aparecen por toda la ciudad. Las iglesias han empezado a colocar adornos y las nuevas autoridades han instado a los ciudadanos a celebrar y mejorar el ambiente en la ciudad. “Hemos venido a dejarlo todo mejor que antes», han dicho las autoridades a la población, según las fuentes consultadas. Según ha podido saber AIN, a pesar del aumento inicial de los precios, éstos han empezado a estabilizarse, y ahora se pueden adquirir marcas extranjeras, sobre todo turcas, a precios más bajos que los productos locales.

Las nuevas autoridades de Alepo han asegurado a la población que las escuelas cristianas, que reabrieron el lunes 16 de diciembre, seguirán funcionando. También han reabierto los hospitales y las fábricas locales de medicamentos han reanudado su producción. Aunque el país aún se está recuperando de las dificultades y los duros embargos de la última década, la situación mejora lentamente.

Las misas dominicales se celebraron sin incidentes tanto en Homs como en Alepo.

A pesar de ello, la comunidad cristiana mantiene la cautela. “Después de todo el sufrimiento y las dificultades, nos resulta muy difícil confiar fácilmente en nadie ni en las nuevas autoridades”, explicó a AIN uno de los cristianos de Alepo. Las investigaciones de AIN muestran que, aunque se han producido incidentes y denuncias ocasionales de discriminación o agresiones por motivos religiosos, actualmente no hay indicios de persecución sistemática.

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Una libertad largamente esperada

Layan, una feligresa anglicana de Birzeit en Cisjordania, soportó una terrible experiencia que comenzó abruptamente en las primeras horas del 7 de abril. Según se informa, los soldados israelíes irrumpieron en la casa de su familia, los despertaron a las 4 a.m., antes de vendarle los ojos y esposarla. Separada de sus seres queridos, pasó ocho meses en la prisión de Damon en Israel, donde la comunicación con su familia estaba prohibida y el contacto con un abogado era mínimo.

Lian Kaid, otra joven detenida cristiana, experimentó una separación igualmente angustiosa. Las súplicas de su familia, incluida una carta de su madre al Papa Francisco solicitando intervención, no recibieron respuesta durante su cautiverio. Incluso a su párroco se le negó la oportunidad de ofrecerle la comunión. 

Los líderes de la Iglesia se pronuncian

El caso de Layan Nasir provocó una fuerte condena de los líderes religiosos mundiales. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, condenó su detención, describiéndola como un abuso de las leyes de detención administrativa, y calificó la práctica de «legal y moralmente indefendible». Destacó la violación de la Cuarta Convención de Ginebra, señalando que transferir a Layan de Cisjordania a una prisión en Israel contraviene el derecho internacional. Durante su reciente visita a la región, Welby se reunió con la familia de Layan, a la que le brindó su apoyo y sus oraciones.

Después de su liberación, el reverendo Munther Isaac, un pastor luterano en Belén, recurrió a las redes sociales para celebrar. «Layan Nasir es libre», escribió. “Oramos por la libertad de todos aquellos que han sido encarcelados injustamente”.

La Iglesia Episcopal se hizo eco de estos sentimientos en una declaración, expresando su gratitud por la libertad de Layan, pero lamentando la difícil situación de miles de palestinos que aún se encuentran detenidos administrativamente. “Seguimos pidiendo la liberación de todos los palestinos detenidos injustamente y el regreso de los rehenes israelíes. La justicia y la paz en Tierra Santa deben seguir siendo nuestro objetivo inquebrantable”.

Una lucha más amplia por la justicia

La detención administrativa, una práctica ampliamente criticada por las organizaciones de derechos humanos, permite el encarcelamiento sin juicio ni cargos, a menudo por períodos indefinidos. Los defensores sostienen que viola los derechos fundamentales y afecta desproporcionadamente a los palestinos. La liberación de Layan y Lian sirve como un duro recordatorio de los miles de personas que permanecen en condiciones similares, separados de sus familias y comunidades.

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Esa alianza global fue anunciada durante la VI Cumbre Transatlántica realizada por Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) en el Senado de España los días 1 y 2 de diciembre del presente año.

“Nuestra Cumbre Transatlántica, más que un encuentro, es un llamado a la acción. Los discursos no bastan, tenemos que actuar de forma global y cada vez más articulada para que la dignidad de todo ser humano sea respetada en todas las etapas de su desarrollo”, afirmó el eurodiputado croata Stephen Bartulica, nuevo presidente de PNfV.

“Les animo a mantenerse firmes y a perseverar en la defensa de lo que es bueno y verdadero. Su ejemplo inspira a personas de todo el mundo. Debemos luchar en el terreno de la política, pero ganar elecciones no es suficiente, es la cultura la que al final determinará el destino de nuestras naciones. Aquí no debemos ceder ni un ápice. Estamos llamados a ganar los corazones y las mentes de la próxima generación”, detalló.

Una agenda de cinco puntos

El Compromiso de Madrid fue leído por un grupo de líderes jóvenes y establece que durante los próximos diez años quienes lo suscriben impulsarán una agenda de cinco puntos.

El primero es garantizar que la leyes y gobiernos respeten el ejercicio de la libertad para defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones.

Alienta a desarrollar iniciativas legislativas y políticas públicas que establezcan un entorno propicio para la formación y estabilidad familiar, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, fundar una familia y educar libremente a sus hijos.

Establece que generarán una cultura que celebre la vida, aprecie a la familia y afirme el ejercicio responsable de la libertad: y afirma que trabajarán para que los gobiernos suscriban y asuman la Declaración del Consenso de Ginebra, que promueve la salud de la mujer, el respeto a la vida que nace y la soberana de los pueblos.

Finalmente, el Compromiso de Madrid da continuidad a la Declaración de Nueva York que propone una Alianza Mundial que reivindica que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea interpretada según su sentido original.

Un instrumento para sumar

Para la dirección de la Red, el documento es visto como un instrumento que ampliará su capacidad de incidencia y de sumar a políticos y líderes cívicos de todo el mundo.

El documento fue acogido por delegaciones de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Camerún, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela, entre otros países.

Entre los participantes de la Cumbre estuvieron Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de Argentina; Márton Ugrósdy, subsecretario de Estado de la oficina del Primer Ministro de Hungría; los miembros del Parlamento Europeo Kinga Gal, de Hungría; Stephen Bartulica, de Croacia; Nicolas Bay, de Francia; Paolo Inselvini, de Italia; Margarita de la Pisa, de España; y Serban-Dimitrie Sturdza, de Rumania.

También el congresista estadounidense Andy Harris; Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial de Colombia, el senador Eduardo Girão y el diputado Nikolas Ferreira, de Brasil; los parlamentarios Stephan Schubert, de Chile; Nicolás Mayoraz, de Argentina; Rogelio Genao, de República Dominicana; Ignacio Garriga, de España; Rita Maria Matias, de Portugal; Gudrun Kugler, de Austria; Krzysztof Bosak y Krzysztof Szczucki, de Polonia; John Crane, miembro del Senado de Indiana; y Kerri Seekins-Crowe, miembro de la Cámara de Representantes de Montana, ambos de Estados Unidos.

De África fueron ponentes los parlamentares Lucy Akello, de Uganda, y Samuel Sam, embajador para la paz del Gobierno de Sierra Leona, y hubo 7 delegaciones del continente.

Un nuevo presidente de la Red

Durante la Cumbre se realizó un cambio en la dirección de PNfV. El eurodiputado croata Stephen Bartulica es el nuevo presidente, en relevo de José Antonio Kast, que cumplió un periodo de dos años y medio.

“El periodo de José Antonio Kast al frente de la Red ha estado lleno de frutos. Su prestigio, visión y su integridad personal nos permitió avanzar y generar mayores sinergias e articulaciones cada vez más efectivas. Ahora, bajo el liderazgo de Stephen Bartulica, nuestra red continuará abriendo nuevos caminos para ampliar la incidencia de nuestra agenda”, detalla Velarde.

Bartulica tiene 54 años, nació en St. Joseph, Estados Unidos, y es hijo de padres croatas. Está casado y es padre de 4 hijos. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Missouri y Doctor en Filosofía Política y Ética por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es profesor asociado de filosofía política en la Universidad Católica de Croacia. Fundador del think tank Center for Renewal of Culture. Fue miembro del Parlamento de su país (2020) y lo es actualmente del Parlamento Europeo (2024). Es cofundador y secretario Internacional del partido DOMiNO y miembro de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

La cumbre es realizada gracias al respaldo de organizaciones aliadas de la Red: The Heritage Foundation, Foundation for a Civic Hungary, Center for Fundamental Rights, International Organization for the Family, Family Watch International; Center for Family and Human Rights; Centro de Estudios, Formación y Análisis Social – CEU-CEFAS, Family Research Council, Fundación Neos, Ordo Iuris – Institute for Legal Culture; Talenting Group y Más Cinco.

***

EL COMPROMISO DE MADRID

Con ocasión del 30º aniversario del Año Internacional de la Familia y el 10º aniversario de Political Network for Values

Desde Madrid, Ciudad por la Vida, (1) representantes de gobiernos y dirigentes políticos democráticamente elegidos, líderes cívicos y jóvenes procedentes de 45 países de Europa, América y África, anunciamos el inicio de una década de acción en favor de la libertad, la familia y la cultura de la vida, que marque un nuevo rumbo para nuestra era.

En esta VI Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values, hemos reafirmado el reconocimiento de la dignidad infinita de toda vida humana, en todas sus etapas, como fundamento de nuestra civilización. Y hemos afirmado también la libertad para expresar y promover públicamente nuestros valores, como clave irrenunciable de una sociedad democrática.

Por eso, nos comprometemos a establecer lazos de unidad y colaboración para:

1. Garantizar que nuestras leyes y gobiernos respeten el ejercicio de la libertad para defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones.
2. Impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que establezcan un entorno propicio para la formación y estabilidad familiar, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, fundar una familia y educar libremente a sus hijos, como parte esencial de una cultura de la vida.
3. Trabajar para que nuestros gobiernos suscriban y asuman la Declaración del Consenso de Ginebra (2).
4. Promover el crecimiento de una Alianza Mundial por los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, tal como fue propuesto en la Declaración de Nueva York (3), reivindicando que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea interpretada según su sentido original.
5. Ser generadores, en todos los ambientes a nuestro alcance, de una cultura que celebre la vida, aprecie a la familia y afirme el ejercicio responsable de la libertad.

Al asumir estos compromisos, trabajamos por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, su preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 7, 16, 18, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

Nos encontramos en el punto de inflexión de un cambio de época. Por eso, hacemos un llamado a nuestros contemporáneos, líderes políticos, cívicos e intelectuales, a sumarse a este empeño. Es hora de hacer brotar una nueva primavera para la libertad, la familia y la cultura de la vida.

Madrid, 2 de diciembre de 2024

Notas:

1. Decisión aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en la sesión 4/2024 del 30 de abril (punto 29).
2. Declaración del Consenso de Ginebra (Doc. A/75/626, 75 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU).
3. Declaración de Nueva Yorkcon motivo de la V Cumbre Transatlántica de Political Network for Values (Doc. A/78/639, 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU).

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Se ordena a las monjas que salgan en diciembre

Según Molina, las monjas que quedan en Nicaragua ahora se están preparando para irse bajo presión. “En las próximas semanas, los puestos de control fronterizos y los aeropuertos verán una afluencia de mujeres religiosas que saldrán del país, ya que la dictadura ha ordenado su salida para diciembre”, escribió Molina en la plataforma de redes sociales X.

Se espera que muchas de estas monjas busquen refugio en países latinoamericanos donde sus congregaciones ya tienen comunidades establecidas. El régimen ha disuelto sistemáticamente las organizaciones sin fines de lucro afiliadas a la Iglesia, cortando así de hecho el marco legal de las monjas para operar dentro del país. Según se informa, el Estado ha confiscado propiedades vinculadas a estas congregaciones.

Aumento de la persecución de sacerdotes

A la par de la presión sobre las monjas, los sacerdotes siguen enfrentándose al acoso, el exilio y la denegación de la entrada a Nicaragua. Más recientemente, el 29 de noviembre, Molina informó de la expulsión forzada del padre Asdrúbal Zeledón Ruiz de la diócesis de Jinotega.

A principios de mes, el régimen de Ortega bloqueó el regreso de otros dos sacerdotes al país, exiliándolos de hecho. Mientras tanto, el padre Floriano Ceferino Vargas fue detenido por las autoridades tras una misa en la iglesia de San Martín en Nueva Guinea, solo para ser expulsado rápidamente a Panamá. Esto refleja una tendencia creciente: en lugar de una detención prolongada, ahora se arresta arbitrariamente a los sacerdotes y se los deporta rápidamente.

Años de represión sistemática

La persecución de figuras religiosas en Nicaragua no es nueva, pero se ha intensificado dramáticamente desde abril de 2018. La investigación de Molina indica que más de 250 miembros del clero y de órdenes religiosas han sido expulsados, exiliados o forzados a huir debido a restricciones de viaje y amenazas.

Esta represión se alinea con los esfuerzos más amplios de Ortega para silenciar las voces disidentes y consolidar el poder. La Iglesia Católica, defensora vocal de los derechos humanos y mediadora en crisis políticas, ha sido un objetivo particular.

Confiscación y borrado de la presencia religiosa

Más allá de las expulsiones, el régimen de Ortega ha despojado a las organizaciones religiosas de su estatus legal y ha confiscado propiedades de la Iglesia. Esta estrategia no solo elimina la oposición inmediata, sino que también busca borrar la influencia de larga data de la Iglesia en la sociedad nicaragüense. 

Una crisis humanitaria en ciernes

El desplazamiento forzado de monjas, sacerdotes y otras figuras religiosas es un síntoma de una crisis humanitaria y de derechos humanos más profunda en Nicaragua. Mientras aumenta la condena internacional, el régimen de Ortega parece imperturbable y sigue aplicando medidas que aíslan al país de las normas globales y desmantelan la resistencia interna.

El destino de la Iglesia católica en Nicaragua sigue siendo incierto, pero su éxodo forzado deja un vacío en un país que ya enfrenta la represión política y las fracturas sociales.

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Como cada año, es costumbre que la presidenta de la Comunidad de Madrid pronuncie un discurso para dar apertura al alumbrado de la capital de España. Si bien el año pasado su discurso fue emotivo, este año lo ha sido aún más, dado que ha reafirmado durante su intervención que «El mensaje que hoy tenemos que transmitir es el de Paz en la tierra, la Familia es Sagrada y el mandamiento más importante, el del Amor», palabras que ha pronunciado con emoción.

La presidente de la Comunidad de Madrid ha querido recordar la importancia del nacimiento de Jesús en tiempos en los que la persecución religiosa está más “viva” y es necesario defender nuestros principios y valores. Llena de esperanza, la presidente de la Comunidad Madrileña ha recordado de manera especial la labor de tantísimos religiosos y laicos católicos que llevan la palabra de Dios y se involucran en la creación de un mundo más justo y más bueno: «No hay nada más nuevo que la Navidad, como la propia infancia, así lo dice Cristo en el Nuevo Testamento al pronunciar las palabras “Yo hago nuevas todas las cosas”».

¡Qué 8 minutos tan bonitos, profundos y maravillosos!

“No dejemos que nos quiten o censuren la Navidad…”

Gracias querida @IdiazAyuso por este discurso que no sólo nos hace sentir la gratitud por la Navidad sino también por personas como tú que inspiras y muestras con palabras… pic.twitter.com/JxHlkZ6XxC

— P. Jorge Enrique Mújica, LC (@web_pastor) December 1, 2024

Durante el discurso, Ayuso ha querido reconocer el valor fundamental de la protección a la familia y la vida humana, sin embargo distintas organizaciones del ámbito familiar han categorizado de «Incongruente», dado que todo queda en meras palabras y apenas en acciones.

La presidente de la Comunidad de Madrid clama por “Salvar la Navidad” frente a aquellos que pretenden censurarla.

Hace apenas unos días el Instituto de Política Social (IPSE), impulsaba la campaña #SalvemosLaNavidad, lo cual ha provocado todo tipo de reacciones positivas dentro del asociacionismo católico en España e Hispanoamérica. Sin embargo, parece que la propia presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz- Ayuso ha querido realizar un guiño hacia esta campaña de esta organización de inspiración católica, al suscribir las palabras textuales: «Se está pretendiendo destruir una herencia milenaria que nos aporta esta forma de ver la vida, para no conocernos y para perdernos», campaña que para la presidenta de la Comunidad de Madrid, es muy loable y merece ser difundida porque: «El amor vence siempre, y Dios ha confiado en cada uno de nosotros y ante todo Dios cuenta con los jóvenes para cambiar el mundo».

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Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundada en 1947 como una organización católica de ayuda a refugiados de guerra, fue reconocida como Fundación Pontificia en 2011. Su misión se basa en tres pilares: «información, oración y acción» para apoyar a los cristianos perseguidos, oprimidos o que enfrentan dificultades materiales en todo el mundo.

ACN publica cada dos años el «Informe sobre la libertad religiosa en el mundo», el cual en su edición de 2023 señala que en 61 de los 196 países analizados, la libertad religiosa está total o severamente restringida. Según el informe, el 62 % de la población mundial vive en países donde no se puede practicar, manifestar o cambiar libremente de religión. Además, en 47 de estos países, la situación ha empeorado respecto al informe anterior, mientras que solo en nueve se observan signos de mejora.

El informe incluye un análisis detallado de 18 países, con un enfoque en la persecución al cristianismo. Aunque abarca todas las religiones, desde el zoroastrismo hasta el islam y el hinduismo, mantiene una «mirada exhaustiva» hacia los desafíos globales, según John Pontifex, responsable del informe de ACN.

El documento titulado «¿Perseguidos y olvidados?», publicado el 20 de noviembre, subraya que «el foco estratégico de la agresión militante islamista transnacional contra los cristianos y otros objetivos importantes se ha desplazado decisivamente de Oriente Medio a África».

Aunque el yihadismo persiste en zonas de Oriente Medio, como en Idlib, Siria, donde las autoridades han logrado avances en la represión de grupos islamistas violentos, la situación es distinta en África. En países como Burkina Faso, Nigeria y Mozambique, los cristianos han sido aterrorizados por la violencia extremista.

El informe evalúa el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2024, destacando el aumento de la persecución en Burkina Faso y Mozambique. Según el documento, las insurgencias islamistas en estas regiones han causado la muerte de miles de civiles y el desplazamiento de millones de personas.

Nicaragua, en el radar internacional

Por primera vez, Nicaragua ha sido incluida en los indicadores del informe debido a «medidas opresivas extremas contra los cristianos», que incluyen el arresto masivo y la expulsión del clero, entre ellos los miembros de la Nunciatura Apostólica y el presidente de la Conferencia Episcopal del país.

En Burkina Faso y Mozambique, los territorios bajo control de grupos yihadistas han aumentado, abarcando hasta un 40 % del territorio nacional. El informe señala que las mujeres cristianas son particularmente vulnerables, enfrentando un alto riesgo de violencia sexual por parte de terroristas. Además, los extremistas han atacado deliberadamente comunidades cristianas, separándolas de sus vecinos musulmanes y obligándolas a abandonar sus aldeas en repetidas ocasiones.

Llamado a la acción

Para ACN, «ignorar la situación de los cristianos es ignorar las señales de alerta». En los lugares donde se les persigue, no solo se cuestiona el derecho a la libertad religiosa, sino que también se violan otros derechos humanos fundamentales. La fundación insta a la solidaridad global entre los cristianos para defender el derecho universal a la libertad de religión.

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La decisión del STF refleja un reconocimiento de la rica historia cultural de Brasil, moldeada en parte por la influencia del cristianismo desde la época colonial. El magistrado Cristiano Zanin, juez principal del caso, enfatizó que las tradiciones y los vínculos históricos de Brasil con los valores cristianos están profundamente arraigados y se extienden mucho más allá del mero significado religioso. 

Un debate cultural, no sólo religioso

En su opinión, el juez Zanin destacó el legado perdurable del cristianismo, afirmando que su presencia ha desempeñado un papel central en el «desarrollo educativo y moral» de Brasil. Sostuvo que los símbolos no son una imposición de la fe, sino un testimonio de la evolución cultural del país, marcada por días festivos, nombres de lugares e instituciones inspiradas en la herencia cristiana.

«La presencia de símbolos religiosos en espacios públicos», escribió Zanin, «no disminuye la imparcialidad de los administradores públicos o los jueces, ni infringe las libertades individuales de creencia o no creencia». Propuso que estos símbolos reflejan la tradición cultural en lugar de la aprobación estatal de la religión.

Un acto de equilibrio entre el secularismo y la libertad religiosa

Otros jueces se hicieron eco de esta perspectiva, haciendo hincapié en el equilibrio entre un estado secular y el respeto por el pluralismo cultural. El juez Flávio Dino subrayó que el laicismo de Brasil debe promover la coexistencia en lugar de suprimir la expresión religiosa, y afirmó que “el Estado no debe ser indiferente ni hostil a la religión, sino que debe fomentar un entorno en el que la fe pueda coexistir armoniosamente con el pluralismo”.

El juez Edson Fachin aclaró que el laicismo no equivale a borrar la religión de la vida pública. “La separación de la iglesia y el estado no significa aislar a los individuos religiosos en su esfera privada”, argumentó, y señaló que los símbolos como el crucifijo tienen un significado cultural más allá de su significado religioso.

Un voto arraigado en la tradición y la diversidad

El juez Alexandre de Morais destacó la necesidad de tolerancia en una sociedad pluralista. Advirtió contra los abusos del pasado en nombre de la religión, y enfatizó que la libertad religiosa moderna debe abarcar el respeto y la diversidad. “La plena libertad de religión debe garantizar que todas las creencias coexistan sin jerarquías ni exclusiones”, dijo.

La decisión del tribunal reafirma el papel de los símbolos religiosos como artefactos culturales que resuenan a través de las fronteras sociales. También sienta un precedente para futuros casos relacionados con la intersección de la religión, el Estado y la vida pública en Brasil.

Las implicaciones más amplias

El fallo subraya una narrativa más amplia sobre cómo los estados modernos interpretan el secularismo. Al preservar estos símbolos, el poder judicial de Brasil envía un mensaje: el secularismo puede coexistir con el reconocimiento del patrimonio cultural, siempre que respete la diversidad y no imponga la adhesión religiosa.

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La propuesta en juego

El proyecto de reglamentación del HHS exige el cumplimiento de políticas antidiscriminación para las entidades que buscan contratos federales. Carece de definiciones específicas de lo que constituye «discriminación» y omite las exenciones religiosas. Los críticos sostienen que esta ambigüedad podría llevar a mandatos que exijan a las entidades católicas realizar cirugías de transición de género, proporcionar tratamientos hormonales o brindar servicios de asesoramiento afirmativo, acciones que están en desacuerdo con sus convicciones religiosas.

La regulación afectaría a los hospitales católicos involucrados en Medicare y Medicaid, así como a las organizaciones dedicadas a servicios sociales como la adopción, el cuidado temporal y la asistencia a la inmigración, áreas en las que las agencias católicas tradicionalmente han sido contribuyentes importantes.

Preocupaciones sobre la libertad religiosa

En un comentario público detallado, la USCCB pidió al HHS que abandonara la propuesta, enfatizando la falta de claridad en su implementación y el potencial conflicto con las protecciones constitucionales para la libertad religiosa. Los obispos advirtieron que la norma, tal como está escrita, amenaza con socavar la capacidad de las agencias católicas para servir al público mientras se adhieren a su fe.

«La norma deja preguntas críticas sin respuesta sobre cómo se aplicarán estos requisitos en los diversos programas y servicios del HHS», señalaron los obispos. Agregaron que la política podría penalizar a las entidades que no estén dispuestas a respaldar ciertas ideologías, obligándolas a abandonar funciones vitales de servicio público.

Un patrón de conflicto

Este no es el primer enfrentamiento entre el HHS de la administración Biden y las organizaciones católicas. En 2022, el departamento intentó ordenar abortos en casos de emergencia bajo la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto (EMTALA). Esa regla fue bloqueada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y la Corte Suprema se negó a revisar la decisión.

De manera similar, los hospitales católicos desafiaron con éxito una regla anterior del HHS que intentaba obligarlos a brindar procedimientos médicos a personas transgénero, citando objeciones religiosas.

Implicaciones para el futuro

El período de comentarios públicos para la regulación propuesta termina el 2 de diciembre, después de lo cual el HHS determinará sus próximos pasos. Sin embargo, los acontecimientos políticos pueden cambiar la trayectoria.

El presidente electo Donald Trump ha prometido revocar las políticas que promueven lo que él llama «ideología de género». Ha propuesto una prohibición federal de las cirugías transgénero para menores y ha manifestado un fuerte apoyo a la libertad religiosa. Se espera que el elegido por Trump para dirigir el HHS, Robert F. Kennedy Jr., dé forma a las políticas futuras si es confirmado por el Senado.

Impactos más amplios

La propuesta pone de relieve las crecientes tensiones entre las regulaciones gubernamentales y las libertades religiosas. Las organizaciones católicas sostienen que su servicio a las comunidades se guía por principios basados ​​en la fe, que no deben verse comprometidos por mandatos políticos.

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La emisión polémica

El segmento en cuestión, parte del programa “En quête d’esprit”, presentó una infografía que citaba datos de Worldometer derivados de estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirman que se producen 73 millones de abortos anualmente en todo el mundo. El gráfico situó al aborto en el primer puesto de las estadísticas de mortalidad mundial, representando el 52% de las muertes anuales, eclipsando las muertes por cáncer (10 millones) y tabaquismo (6,2 millones).

El presentador Aymeric Pourbaix y sus invitados, entre los que había defensores de la vida, enmarcaron el debate en una crítica cultural más amplia. Sin embargo, la reacción fue rápida y severa, con políticos progresistas y medios de comunicación liberales condenando la emisión por etiquetar el aborto como una «causa de muerte», una clasificación que, según los críticos, socava el marco legal y ético que rodea al aborto en Francia.

Una multa con carga política

La justificación de Arcom para la multa afirmaba que la emisión violaba la «obligación de honestidad y rigor al presentar la información» de la emisora. En concreto, argumentaba que describir el aborto como una causa de muerte equiparaba a los fetos con personas vivas, lo que desafiaría el marco legal de Francia. Este razonamiento ha sido denunciado por los críticos como una negación orwelliana de las realidades biológicas y éticas.

Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, calificó la decisión de “totalitaria” y acusó a las autoridades de censurar verdades incómodas para mantener la conformidad ideológica. En un artículo publicado en “Valeurs Actuelles”, Le Méné afirmó: “El sistema prohíbe reconocer que el aborto pone fin a una vida porque al hacerlo se derrumba el andamiaje ideológico que sustenta su legalidad. Pero, ¿quién cree realmente en esta ficción?”.

Implicaciones más amplias para la libertad de expresión

Este episodio plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la libertad de expresión en la Francia moderna. La multa forma parte de un patrón más amplio, dicen los críticos, de atacar a los medios de comunicación conservadores. Cabe destacar que tanto CNews como su canal hermano, C8, propiedad del empresario católico Vincent Bolloré, han enfrentado sanciones en los últimos años por contenido considerado fuera de sintonía con las ideologías progresistas predominantes.

Los observadores señalan la ironía de estos acontecimientos en una nación que se enorgullece de la razón y la libertad. “En el país que pretende deificar la razón, la hemos perdido por completo”, comentó un comentarista.

El contexto más amplio

Esta controversia se produce en el contexto de la constitucionalización del derecho al aborto en Francia, una medida que muchos consideran que cierra cualquier espacio restante para el debate sobre el tema. La multa contra CNews, por lo tanto, no se limita a una emisión; refleja una creciente intolerancia hacia las voces disidentes en una sociedad cada vez más polarizada en cuestiones de vida y ética.

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Una norma bajo la lupa

La modificación introducida por el decreto busca alinear la normativa chilena con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, para la CECH, estas disposiciones van más allá de los requerimientos internacionales y constituyen una intromisión estatal en la gestión interna de las confesiones religiosas.

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que la Subsecretaría de Educación intervenga en la revocación o denegación del certificado de idoneidad, un documento clave que habilita a los docentes para impartir enseñanza religiosa.

Hasta ahora, este proceso era exclusivo de las autoridades religiosas, que establecían criterios doctrinales y morales para evaluar a los profesores.

Autonomía versus control estatal

La Iglesia Católica ha señalado que el decreto compromete la capacidad de las confesiones para garantizar la calidad doctrinal de la enseñanza religiosa, un aspecto esencial para muchos proyectos educativos en el país. Entre las preocupaciones expresadas está la eliminación de la exigencia de títulos profesionales junto con el certificado de idoneidad, lo que, según la CECH, podría afectar tanto la calidad educativa como el respeto por las tradiciones religiosas.

Otro elemento polémico es la indefinición en la vigencia del certificado de idoneidad. La CECH considera que esto impide a las confesiones adaptar los requisitos ante posibles cambios doctrinales o morales, dificultando el mantenimiento de estándares adecuados.

Un llamado a la revisión

La Comisión de Educación del Episcopado ha elevado un documento a la Contraloría General de la República solicitando la revisión urgente de la normativa. En este, argumenta que el decreto afecta derechos consagrados tanto en la Constitución chilena como en tratados internacionales, incluyendo la libertad religiosa, el derecho de asociación y el de los padres a elegir una educación acorde con sus valores.

El Episcopado también acusa al decreto de limitar la diversidad religiosa al imponer condiciones que uniforman los proyectos educativos, en detrimento de una pluralidad que consideran vital para el bienestar espiritual de las comunidades.

Más allá de la Iglesia

Aunque el enfrentamiento está encabezado por la Iglesia Católica, otras confesiones religiosas han expresado preocupaciones similares, alertando sobre el impacto de estas medidas en su autonomía. El tema trasciende lo doctrinal para tocar fibras sensibles de la convivencia democrática en un país que históricamente ha valorado la diversidad religiosa.

Próximos pasos

En este contexto de tensiones, el llamado de la CECH no es solo a modificar el decreto, sino también a abrir un diálogo que garantice un equilibrio entre las exigencias estatales y los derechos de las comunidades religiosas. Resta por ver si el Gobierno está dispuesto a revisar su posición o si esta normativa se mantendrá como está, consolidándose como un nuevo punto de fricción en la relación entre la Iglesia y el Estado en Chile.

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