(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 20.12.2024).- Amnistía Internacional y un grupo de otras organizaciones pro aborto dicen que los abortistas merecen protección especial como “defensores de los derechos humanos”, a pesar del hecho de que no existe un derecho humano internacional al aborto.

El informe fue escrito por los principales proveedores de servicios de aborto a nivel mundial, MSI Reproductive Choices, la Federación Internacional de Planned Parenthood, la Confederación Internacional de Parteras y un puñado de otros grupos cuyo único objetivo es promover y proporcionar servicios de aborto a nivel internacional.

Amnistía define a los “defensores de los derechos humanos” como “todos aquellos que, individualmente o en asociación con otros, actúan para defender los derechos humanos”.

Según la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, estas personas tienen derecho a recibir apoyo, protección y un entorno propicio para llevar a cabo sus “legítimas actividades de defensa de los derechos humanos”.

El título completo de esa declaración es “Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. El título completo indica claramente que se refiere a derechos que son “universalmente reconocidos”. Cuestiones como el aborto, que son muy controvertidas y han sido rechazadas repetidamente por considerarse derechos que no cumplen con ese estándar.

Sin embargo, los defensores del aborto insisten en que son defensores de los derechos humanos. Esta lógica circular ha sido adoptada por algunas entidades dentro del sistema de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una serie de videos en 2015 en los que se destacaba a un conocido abortista estadounidense como “defensor de los derechos humanos”.

Para sustentar su afirmación de que el aborto es un derecho humano, Amnistía Internacional se apoya en la labor de los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU y de expertos independientes que emiten opiniones no vinculantes. Con frecuencia se citan entre sí para interpretar el derecho al aborto en el texto de tratados que no hacen mención del aborto y que nunca se habrían adoptado si lo hicieran.

Amnistía y sus grupos coautores continúan emitiendo una serie de demandas a los gobiernos nacionales para que protejan y apoyen a los abortistas y activistas en favor del aborto. Estas demandas incluyen “zonas de acceso seguro” alrededor de las clínicas de aborto y brindar “espacios seguros” y apoyo psicosocial a los proveedores de abortos para ayudarlos a “procesar el estigma y ayudar a prevenir el agotamiento”. También piden a las plataformas de redes sociales que defiendan a los proveedores de abortos del “acoso en línea”, abriendo la puerta a la censura de las opiniones y el discurso pro vida.

El informe insta a los gobiernos a garantizar el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto radical y a garantizar la formación obligatoria sobre el aborto en el marco de la atención sanitaria y la formación clínica, incluida una “aclaración de valores” diseñada para acabar con las objeciones morales y éticas de los empleados a la complicidad en el aborto. La objeción de conciencia debería estar estrictamente regulada, sostienen, para que no interfiera en la prestación de servicios de aborto.

También se ordena a los gobiernos que “promuevan y reafirmen la legitimidad de los defensores del derecho al aborto” mediante campañas de sensibilización pública. Añaden que la “clarificación de valores” también debería considerarse como parte del desarrollo profesional de los trabajadores de las fuerzas del orden y de la justicia legal.

El informe también incluye un guiño a la ideología transgénero: “mientras estos defensores de los derechos humanos siguen bajo amenaza, los derechos al aborto de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedar embarazadas se ven afectados negativamente”.

Al igual que los expertos en derechos humanos en cuyo trabajo se apoya Amnistía, las opiniones de Amnistía y sus aliados no son en absoluto vinculantes y no tienen poder para crear nuevos derechos humanos.

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En una entrevista con el programa de Fox News “The Story with Martha MacCallum” el 5 de diciembre, Johnson dejó clara su postura. Cuando se le preguntó directamente si tiene como objetivo eliminar los fondos para organizaciones de aborto como Planned Parenthood, respondió: «Me gustaría, eso es seguro». Enfatizó que el proceso requiere generar consenso y asegurar los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.

Camino hacia la eliminación de los fondos

Johnson destacó la posibilidad de utilizar un proyecto de ley de reconciliación (una herramienta legislativa que permite que ciertas medidas presupuestarias se aprueben con una mayoría simple tanto en la Cámara como en el Senado) como un camino potencial para lograr este objetivo. Sin embargo, señaló que incluso con este mecanismo, el éxito depende de una planificación y coordinación meticulosas.

“Parte de esto implicará acciones ejecutivas por parte de la Casa Blanca”, dijo Johnson, haciendo referencia a la administración entrante de Trump. “El presidente electo tiene una autoridad significativa para actuar en este frente, pero donde está involucrado el Congreso, ahí es donde entra el trabajo duro de legislar”.

Planificación estratégica para enero

Johnson insinuó una estrategia legislativa más amplia que se desarrollará en el nuevo año. Si bien retuvo detalles específicos, confirmó que los esfuerzos para desfinanciar a Planned Parenthood formarían parte de una agenda pro vida más amplia. “Estamos trabajando en un plan de acción que se implementará en enero”, afirmó. “Hay muchas ideas en desarrollo y estamos comprometidos a promover una estrategia unificada”.

Speaker Mike Johnson unveils plans to defund Planned Parenthood. pic.twitter.com/hH1okGNDm2

— LifeNews.com (@LifeNewsHQ) December 5, 2024

Desafíos por delante

A pesar de su determinación, Johnson enfrenta una batalla cuesta arriba. Sin apoyo demócrata para las medidas pro vida y una mayoría republicana de estrecho alcance, aprobar dicha legislación sigue siendo un desafío formidable. Además, incluso si una medida de desfinanciamiento fuera aprobada por el Congreso, probablemente enfrentaría una oposición legal y política significativa.

Una lucha simbólica

La postura de Johnson subraya la tensión duradera en torno al derecho al aborto en los Estados Unidos. Si bien sus comentarios resuenan entre los defensores de la vida, también resaltan las complejidades de gobernar en un panorama político profundamente dividido. Si su visión de desfinanciar a Planned Parenthood puede materializarse dependerá de la capacidad del Congreso para superar estas divisiones y de las prioridades estratégicas de la administración Trump en los próximos meses.

Por ahora, los defensores de la vida y de la libertad de elección estarán observando de cerca a Johnson y sus aliados mientras preparan su agenda legislativa para el próximo año.

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Esa alianza global fue anunciada durante la VI Cumbre Transatlántica realizada por Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) en el Senado de España los días 1 y 2 de diciembre del presente año.

“Nuestra Cumbre Transatlántica, más que un encuentro, es un llamado a la acción. Los discursos no bastan, tenemos que actuar de forma global y cada vez más articulada para que la dignidad de todo ser humano sea respetada en todas las etapas de su desarrollo”, afirmó el eurodiputado croata Stephen Bartulica, nuevo presidente de PNfV.

“Les animo a mantenerse firmes y a perseverar en la defensa de lo que es bueno y verdadero. Su ejemplo inspira a personas de todo el mundo. Debemos luchar en el terreno de la política, pero ganar elecciones no es suficiente, es la cultura la que al final determinará el destino de nuestras naciones. Aquí no debemos ceder ni un ápice. Estamos llamados a ganar los corazones y las mentes de la próxima generación”, detalló.

Una agenda de cinco puntos

El Compromiso de Madrid fue leído por un grupo de líderes jóvenes y establece que durante los próximos diez años quienes lo suscriben impulsarán una agenda de cinco puntos.

El primero es garantizar que la leyes y gobiernos respeten el ejercicio de la libertad para defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones.

Alienta a desarrollar iniciativas legislativas y políticas públicas que establezcan un entorno propicio para la formación y estabilidad familiar, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, fundar una familia y educar libremente a sus hijos.

Establece que generarán una cultura que celebre la vida, aprecie a la familia y afirme el ejercicio responsable de la libertad: y afirma que trabajarán para que los gobiernos suscriban y asuman la Declaración del Consenso de Ginebra, que promueve la salud de la mujer, el respeto a la vida que nace y la soberana de los pueblos.

Finalmente, el Compromiso de Madrid da continuidad a la Declaración de Nueva York que propone una Alianza Mundial que reivindica que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea interpretada según su sentido original.

Un instrumento para sumar

Para la dirección de la Red, el documento es visto como un instrumento que ampliará su capacidad de incidencia y de sumar a políticos y líderes cívicos de todo el mundo.

El documento fue acogido por delegaciones de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Camerún, Chile, Colombia, Croacia, República Dominicana, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kenia, México, Marruecos, Nigeria, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Sierra Leona, Suiza, Uganda, Ucrania y Venezuela, entre otros países.

Entre los participantes de la Cumbre estuvieron Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización de Argentina; Márton Ugrósdy, subsecretario de Estado de la oficina del Primer Ministro de Hungría; los miembros del Parlamento Europeo Kinga Gal, de Hungría; Stephen Bartulica, de Croacia; Nicolas Bay, de Francia; Paolo Inselvini, de Italia; Margarita de la Pisa, de España; y Serban-Dimitrie Sturdza, de Rumania.

También el congresista estadounidense Andy Harris; Paola Holguín, senadora y precandidata presidencial de Colombia, el senador Eduardo Girão y el diputado Nikolas Ferreira, de Brasil; los parlamentarios Stephan Schubert, de Chile; Nicolás Mayoraz, de Argentina; Rogelio Genao, de República Dominicana; Ignacio Garriga, de España; Rita Maria Matias, de Portugal; Gudrun Kugler, de Austria; Krzysztof Bosak y Krzysztof Szczucki, de Polonia; John Crane, miembro del Senado de Indiana; y Kerri Seekins-Crowe, miembro de la Cámara de Representantes de Montana, ambos de Estados Unidos.

De África fueron ponentes los parlamentares Lucy Akello, de Uganda, y Samuel Sam, embajador para la paz del Gobierno de Sierra Leona, y hubo 7 delegaciones del continente.

Un nuevo presidente de la Red

Durante la Cumbre se realizó un cambio en la dirección de PNfV. El eurodiputado croata Stephen Bartulica es el nuevo presidente, en relevo de José Antonio Kast, que cumplió un periodo de dos años y medio.

“El periodo de José Antonio Kast al frente de la Red ha estado lleno de frutos. Su prestigio, visión y su integridad personal nos permitió avanzar y generar mayores sinergias e articulaciones cada vez más efectivas. Ahora, bajo el liderazgo de Stephen Bartulica, nuestra red continuará abriendo nuevos caminos para ampliar la incidencia de nuestra agenda”, detalla Velarde.

Bartulica tiene 54 años, nació en St. Joseph, Estados Unidos, y es hijo de padres croatas. Está casado y es padre de 4 hijos. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Missouri y Doctor en Filosofía Política y Ética por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es profesor asociado de filosofía política en la Universidad Católica de Croacia. Fundador del think tank Center for Renewal of Culture. Fue miembro del Parlamento de su país (2020) y lo es actualmente del Parlamento Europeo (2024). Es cofundador y secretario Internacional del partido DOMiNO y miembro de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

La cumbre es realizada gracias al respaldo de organizaciones aliadas de la Red: The Heritage Foundation, Foundation for a Civic Hungary, Center for Fundamental Rights, International Organization for the Family, Family Watch International; Center for Family and Human Rights; Centro de Estudios, Formación y Análisis Social – CEU-CEFAS, Family Research Council, Fundación Neos, Ordo Iuris – Institute for Legal Culture; Talenting Group y Más Cinco.

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EL COMPROMISO DE MADRID

Con ocasión del 30º aniversario del Año Internacional de la Familia y el 10º aniversario de Political Network for Values

Desde Madrid, Ciudad por la Vida, (1) representantes de gobiernos y dirigentes políticos democráticamente elegidos, líderes cívicos y jóvenes procedentes de 45 países de Europa, América y África, anunciamos el inicio de una década de acción en favor de la libertad, la familia y la cultura de la vida, que marque un nuevo rumbo para nuestra era.

En esta VI Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values, hemos reafirmado el reconocimiento de la dignidad infinita de toda vida humana, en todas sus etapas, como fundamento de nuestra civilización. Y hemos afirmado también la libertad para expresar y promover públicamente nuestros valores, como clave irrenunciable de una sociedad democrática.

Por eso, nos comprometemos a establecer lazos de unidad y colaboración para:

1. Garantizar que nuestras leyes y gobiernos respeten el ejercicio de la libertad para defender la dignidad de todo ser humano y su derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y para expresar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones.
2. Impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que establezcan un entorno propicio para la formación y estabilidad familiar, para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente su derecho universal a casarse, fundar una familia y educar libremente a sus hijos, como parte esencial de una cultura de la vida.
3. Trabajar para que nuestros gobiernos suscriban y asuman la Declaración del Consenso de Ginebra (2).
4. Promover el crecimiento de una Alianza Mundial por los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, tal como fue propuesto en la Declaración de Nueva York (3), reivindicando que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea interpretada según su sentido original.
5. Ser generadores, en todos los ambientes a nuestro alcance, de una cultura que celebre la vida, aprecie a la familia y afirme el ejercicio responsable de la libertad.

Al asumir estos compromisos, trabajamos por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, su preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 7, 16, 18, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

Nos encontramos en el punto de inflexión de un cambio de época. Por eso, hacemos un llamado a nuestros contemporáneos, líderes políticos, cívicos e intelectuales, a sumarse a este empeño. Es hora de hacer brotar una nueva primavera para la libertad, la familia y la cultura de la vida.

Madrid, 2 de diciembre de 2024

Notas:

1. Decisión aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en la sesión 4/2024 del 30 de abril (punto 29).
2. Declaración del Consenso de Ginebra (Doc. A/75/626, 75 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU).
3. Declaración de Nueva Yorkcon motivo de la V Cumbre Transatlántica de Political Network for Values (Doc. A/78/639, 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU).

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Una protesta convertida en batalla legal

El incidente ocurrió el 3 de octubre de 2023, frente al Hospital Causeway en Coleraine. Brennan, una devota católica y defensora activa de la vida, se encontraba dentro de la zona de contención restringida establecida para proteger a las mujeres que buscan servicios de aborto. Arrestada junto a su pareja, David Hall, las acciones de Brennan fueron filmadas y luego compartidas en línea por el grupo de defensa legal Christian Concern, destacando su postura pacífica y la posterior intervención de las autoridades.

Brennan se declaró inocente, argumentando que sus convicciones y acciones religiosas estaban protegidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, el juez de distrito Peter Kind confirmó su condena, haciendo referencia a una decisión de la Corte Suprema del Reino Unido de 2022 que validó restricciones similares como un medio para equilibrar los derechos de protesta frente a la privacidad y la dignidad de quienes buscan abortos.

“Un deber moral de proteger a los inocentes”

Durante su testimonio, Brennan, de 53 años, presentó una defensa apasionada basada en su fe cristiana. Jurando sobre la Biblia, declaró: “Estaba cumpliendo con mi deber moral de defender al más pequeño de nosotros”. Citando Proverbios 24:11, enfatizó su responsabilidad de intervenir por los no nacidos, comparando su defensa con el trabajo de los servicios de emergencia que salvan vidas.

El testimonio de Brennan criticó tanto al gobierno como a las leyes que restringen las protestas en torno a las clínicas de aborto. “El gobierno, en su arrogancia, cree que puede anular a Dios”, afirmó, condenando la legislación por ser contraria a las Sagradas Escrituras.

Expresó su preocupación por lo que considera una erosión de las libertades cristianas, afirmando: “Hoy, están alejando a los cristianos de los centros de aborto. Mañana, serán las plazas públicas y los centros urbanos”.

Implicaciones más amplias para la libertad de expresión

El caso de Brennan se ha convertido en un punto de encuentro para quienes se oponen a las zonas de contención y a restricciones más amplias a las expresiones públicas de fe. Su comparación del gobierno actual con una dictadura refleja un creciente malestar entre las comunidades religiosas, en particular a medida que aumentan los informes de arrestos de predicadores callejeros en todo el Reino Unido.

Si bien su condena se enmarcó como una cuestión de mantener el acceso a la atención médica, los críticos argumentan que simboliza un efecto paralizante sobre la libertad de expresión. Brennan tiene previsto apelar el veredicto, y ha declarado: *“Me siento traicionada por mi gobierno, pero estoy orgullosa de haber hablado en favor de los no nacidos y de Cristo”.*

Apoyo desde el otro lado de las fronteras

El fallo ha atraído la atención internacional, con mensajes de apoyo a Brennan que han llegado desde toda Irlanda y más allá. Su caso ha provocado nuevos llamamientos al diálogo sobre el equilibrio entre la protección de las libertades individuales y la salvaguarda del acceso a los servicios médicos.

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Enjuiciamientos en aumento

La Ley FACE, promulgada en 1994, ha sido utilizada por el Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a más de 30 manifestantes pro-vida solo en 2023. Las protestas en Nashville, Mount Juliet (Tennessee), Washington, D.C. y Sterling Heights (Michigan) han dado lugar a cargos federales contra activistas, muchos de los cuales son ciudadanos de la tercera edad.

Entre los sentenciados se encuentra Lauren Handy, de 30 años, líder del Levantamiento Progresista Antiabortista, que recibió casi cinco años de prisión federal. Handy, sin dejarse intimidar por su sentencia, prometió continuar con su misión, afirmando que no permitiría que «el miedo o la vergüenza» le impidieran tratar a los no nacidos como iguales.

Jonathan Darnel, que grabó una protesta en Washington, D.C., que cerró temporalmente una clínica de abortos, fue sentenciado a casi tres años por su papel. Al reflexionar sobre la protesta, Darnel dijo: «Esperamos que algunos de esos niños se hayan salvado».

Activistas ancianos tras las rejas

El caso de Paulette Harlow, de 75 años, subraya la postura agresiva del Departamento de Justicia. Las imágenes de su manifestación muestran una oración pacífica y el canto de himnos, pero ahora cumple condena por bloquear las entradas de la clínica. De manera similar, Joan Bell, de 76 años, madre y abuela, fue sentenciada por su participación, y su esposo Chris ofreció su separación como reparación espiritual.

Jean Marshall, de 74 años, también enfrenta la posibilidad de ir a prisión a pesar del amplio apoyo de las comunidades pro vida, muchas de las cuales la ven como un símbolo del activismo sacrificial.

Ecos históricos y disparidades persistentes

Eva Ed, de 89 años, una sobreviviente de los campos de concentración de la Yugoslavia comunista, fue condenada por bloquear la entrada de una clínica de Michigan. Su caso ha llamado mucho la atención, ya que pone de relieve el marcado contraste en la aplicación de la ley: mientras que más de 100 ataques a centros de embarazo y a iglesias pro vida siguen sin resolverse, los manifestantes pro vida se enfrentan a una acción legal rápida y severa.

El fiscal general Merrick Garland ha atribuido esta disparidad a las diferentes circunstancias de los crímenes, argumentando que las protestas pro vida ocurren «a la luz del día», lo que facilita la identificación, mientras que el vandalismo pro aborto suele tener lugar «al amparo de la oscuridad».

La promesa de Trump

El presidente electo Trump ha criticado el enfoque del Departamento de Justicia, describiéndolo como impulsado por «ideologías marxistas y estalinistas». Trump se ha comprometido a indultar a los activistas condenados, y ha calificado sus protestas como actos de conciencia y no como conductas delictivas.

En un discurso pronunciado a principios de este año, Trump hizo referencia al caso de Harlow y condenó lo que considera una sentencia excesiva: “¿Once años por oración y protesta pacíficas? Esto no es justicia”.

Contraataque republicano

Los legisladores republicanos han expresado su preocupación por las prioridades del Departamento de Justicia, instando a que haya transparencia en sus investigaciones sobre la violencia contra las instituciones pro vida. Los grupos de defensa también exigen respuestas sobre la negligencia percibida en estos casos, que, según afirman, refleja un sesgo sistémico contra el movimiento pro vida.

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El trabajo entre bastidores de Burundi y otras delegaciones de África garantizó la eliminación del término y su adopción por unanimidad. Los poderosos países occidentales protestaron y acusaron a las delegaciones tradicionales de actuar de mala fe, pero terminaron uniéndose a la resolución.

Los países tradicionales se sorprendieron cuando el primer borrador de la resolución de octubre incluyó el término proabortista “salud reproductiva”. La resolución anual sobre la celebración del Año Internacional de la Familia nunca había incluido términos relacionados con el aborto. La resolución de este año tenía la importancia añadida de marcar el 30º aniversario de la celebración.

Nigeria calificó la resolución como un “logro histórico” y describió el compromiso de Nigeria con la “santidad de la familia”. “La familia no es sólo la unidad natural y fundamental de la sociedad”, dijo la delegada nigeriana, “es el pilar de la civilización”. Subrayó que “todos los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de defender a la familia de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

La delegada de Egipto acogió con satisfacción la eliminación de la polémica frase relacionada con el aborto en la resolución. Dijo que la protección de la familia era algo más que la mera “agenda de población y desarrollo” y que centrarse en cuestiones tan polémicas “pondría en peligro” la atención que la familia merecía en esta resolución. También dijo que reconocer el papel de la mujer en la familia era esencial para lograr “un verdadero empoderamiento de las mujeres y las niñas”.

Un delegado de la delegación rusa elogió la resolución por incluir por primera vez un enfoque en las “obligaciones jurídicas internacionales de los países hacia la familia como unidad” y por hacer referencia a la importancia de la salud materna para la familia.

Aunque los países tradicionales estaban entusiasmados con el resultado, los países occidentales quedaron amargamente decepcionados porque la resolución no incluía lenguaje sobre el aborto ni el reconocimiento de las parejas homosexuales como familias.

Un delegado estadounidense acusó a los países tradicionales de promover una agenda “anti-LGBTQI+” y de “intentar redefinir la familia”. “Todos debemos reconocer una verdad simple: existen familias diversas. Esto no es una declaración política, es un hecho”, afirmó.

La embajadora húngara ante las Naciones Unidas, hablando en nombre de Hungría y de toda la Unión Europea, se quejó de que la resolución no reconociera a las parejas del mismo sexo. “Las familias han cambiado y siguen cambiando”, dijo, y las calificó como “entidades vivas, dinámicas y en evolución”. También se quejó de que la resolución se refería a la “unidad familiar y a su dinámica en su conjunto”, porque los países occidentales sostienen que sólo los individuos poseen derechos, pero no la unidad familiar.

Una delegada de México también lamentó la falta de reconocimiento de las “diversas formas de familia” y se quejó de que se eliminara el lenguaje relacionado con el aborto. “Nos consternó descubrir que se había eliminado la salud reproductiva de la versión final”, dijo, argumentando que es “imposible que las familias prosperen” sin la salud reproductiva porque es “un componente esencial para el bienestar de las familias”.

Un delegado del Reino Unido se quejó de que la resolución no reconocía las “necesidades y expectativas cambiantes de todas las familias”, incluidas las “parejas del mismo sexo”. Afirmó que había una “variedad de definiciones” de la familia y que “todas las formas de familia merecen apoyo, dignidad y respeto”.

Los delegados que hablaron en nombre de Canadá, Australia y Nueva Zelanda dijeron que los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva eran “fundamentales para el bienestar de las familias” y dijeron que “las familias están representadas en muchas formas, incluyendo… los niños con familias del mismo sexo y muchos otros”.

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La emisión polémica

El segmento en cuestión, parte del programa “En quête d’esprit”, presentó una infografía que citaba datos de Worldometer derivados de estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirman que se producen 73 millones de abortos anualmente en todo el mundo. El gráfico situó al aborto en el primer puesto de las estadísticas de mortalidad mundial, representando el 52% de las muertes anuales, eclipsando las muertes por cáncer (10 millones) y tabaquismo (6,2 millones).

El presentador Aymeric Pourbaix y sus invitados, entre los que había defensores de la vida, enmarcaron el debate en una crítica cultural más amplia. Sin embargo, la reacción fue rápida y severa, con políticos progresistas y medios de comunicación liberales condenando la emisión por etiquetar el aborto como una «causa de muerte», una clasificación que, según los críticos, socava el marco legal y ético que rodea al aborto en Francia.

Una multa con carga política

La justificación de Arcom para la multa afirmaba que la emisión violaba la «obligación de honestidad y rigor al presentar la información» de la emisora. En concreto, argumentaba que describir el aborto como una causa de muerte equiparaba a los fetos con personas vivas, lo que desafiaría el marco legal de Francia. Este razonamiento ha sido denunciado por los críticos como una negación orwelliana de las realidades biológicas y éticas.

Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, calificó la decisión de “totalitaria” y acusó a las autoridades de censurar verdades incómodas para mantener la conformidad ideológica. En un artículo publicado en “Valeurs Actuelles”, Le Méné afirmó: “El sistema prohíbe reconocer que el aborto pone fin a una vida porque al hacerlo se derrumba el andamiaje ideológico que sustenta su legalidad. Pero, ¿quién cree realmente en esta ficción?”.

Implicaciones más amplias para la libertad de expresión

Este episodio plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la libertad de expresión en la Francia moderna. La multa forma parte de un patrón más amplio, dicen los críticos, de atacar a los medios de comunicación conservadores. Cabe destacar que tanto CNews como su canal hermano, C8, propiedad del empresario católico Vincent Bolloré, han enfrentado sanciones en los últimos años por contenido considerado fuera de sintonía con las ideologías progresistas predominantes.

Los observadores señalan la ironía de estos acontecimientos en una nación que se enorgullece de la razón y la libertad. “En el país que pretende deificar la razón, la hemos perdido por completo”, comentó un comentarista.

El contexto más amplio

Esta controversia se produce en el contexto de la constitucionalización del derecho al aborto en Francia, una medida que muchos consideran que cierra cualquier espacio restante para el debate sobre el tema. La multa contra CNews, por lo tanto, no se limita a una emisión; refleja una creciente intolerancia hacia las voces disidentes en una sociedad cada vez más polarizada en cuestiones de vida y ética.

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En 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión Dobbs vs. Jackson, que anuló la decisión Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Desde la decisión Dobbs, la política sobre el aborto ahora se determina a nivel estatal y federal. Algunos estados han aumentado el acceso al aborto y otros están trabajando para garantizar políticas más sólidas para proteger a los niños no nacidos y a sus madres.

“Juntos debemos orar para cambiar los corazones y construir una cultura de vida mientras defendemos a los más vulnerables. Espero con ansias abrir nuestra Vigilia con la Santa Misa junto con muchos otros obispos, cientos de sacerdotes, religiosos consagrados, seminaristas y miles de peregrinos”, dijo el obispo Thomas.

La Vigilia Nacional de Oración por la Vida es organizada cada enero por la Secretaría Pro-Vida de la USCCB, la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC, y la Oficina del Ministerio Universitario de la Universidad Católica de América. La vigilia siempre ha tenido lugar en vísperas de la Marcha por la Vida, que conmemora la fecha de la histórica decisión Roe v. Wade de 1973.

La Misa de Apertura se llevará a cabo en la Gran Iglesia Superior de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC, de 5:00 a 7:00 p.m. el jueves 23 de enero. El celebrante principal y homilista de la Misa de Apertura será el Obispo Thomas.

Después de la Misa, habrá una Procesión Eucarística seguida inmediatamente por una Hora Santa Nacional por la Vida, que incluirá el rezo del Rosario y la Bendición. La Misa de Apertura y la Hora Santa de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida serán transmitidas por varias redes católicas y se transmitirán en vivo en el sitio web de la Basílica en www.nationalshrine.org/mass .

La vigilia concluye a las 8:00 a.m. del viernes 24 de enero con la Misa de clausura celebrada por el obispo Robert J. Brennan de Brooklyn.

El programa completo de la Vigilia Nacional de Oración por la Vida de 2025 se incluye a continuación. (Todos los horarios están en horario del Este de Estados Unidos).

Jueves 23 de enero:
4:45 p.m. Coronilla de la Divina Misericordia
5:00 p.m. Misa de apertura con el obispo Thomas
19:00 horas Hora Santa por la Vida

Viernes 24 de enero:

8:00 AM Misa de clausura con el obispo Brennan

Las transmisiones televisivas en vivo el 23 de enero de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. y el 24 de enero de 8:00 a 9:00 a. m. serán proporcionadas por Eternal Word Television Network (EWTN) y estarán disponibles a través de transmisión en vivo en el sitio web de la Basílica. Para obtener más información sobre la asistencia presencial en la Basílica para la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, visite la página de información en el sitio web de la Basílica.

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Una vida de desafío y sacrificio

Gibbons, que ha pasado más de 11 años en prisión por sus protestas pacíficas contra el aborto, se encuentra actualmente encarcelada tras su último arresto en junio de 2024. ¿Su crimen? Permanecer en silencio frente a la Clínica Morgentaler de Toronto, un lugar en el corazón del debate sobre el aborto en Canadá. A pesar de enfrentar repercusiones legales por sus acciones, se mantiene firme en sus convicciones.

En su carta, Gibbons criticó al poder judicial de Canadá por lo que percibe como su complicidad en la perpetuación del aborto. Describió el sistema como uno que «silencia el disenso» y prioriza los derechos de propiedad sobre las vidas de los no nacidos. «El desdén de la corte por la vida es palpable», escribió, lamentando lo que llamó la «amnesia» de la nación sobre la santidad de la vida. 

El contexto legal: una batalla por la libertad de expresión

La «Ley de Acceso Seguro a los Servicios de Aborto» de Ontario, promulgada en 2018, prohíbe las actividades pro vida, incluidas las protestas silenciosas y la oración, a menos de 50 metros de las instalaciones de aborto. Gibbons ha chocado con frecuencia con esta ley, considerándola una supresión flagrante de la libertad de expresión y una rendición a lo que ella llama «los molinos de la muerte».

La ley, introducida inicialmente por un gobierno liberal, sigue sin ser cuestionada bajo el liderazgo conservador del primer ministro Doug Ford. La resistencia de Gibbons a esta legislación ha tenido un costo personal: sus reiterados arrestos y encarcelamientos.

Un mensaje arraigado en la fe y la esperanza

La carta de Gibbons no es solo una crítica del panorama legal y político de Canadá, sino también un llamado a la acción para los defensores de la vida. Exhortó a sus partidarios a rechazar la complacencia, advirtiendo que «un mundo donde el mal no es desafiado está muriendo». Instó a las personas a enfrentar la injusticia de frente, inspiradas por el «amor de Cristo» y una humanidad compartida con los no nacidos.

En sus conmovedoras palabras: «El Espíritu Santo nos moviliza para defender nuestra humanidad compartida con nuestros amigos no nacidos. ¡Sigan adelante! Paz de Cristo».

Una historia de resistencia pacífica

El activismo de Gibbons abarca décadas, marcadas por arrestos, juicios y encarcelamientos. Sus batallas legales más recientes comenzaron en mayo de 2024, cuando pasó horas fuera de la Clínica Morgentaler antes de ser arrestada. Incluso cuando fue transferida a un tribunal de salud mental por permanecer en silencio durante los procedimientos, Gibbons se mantuvo firme y se negó a abandonar sus principios.

Su activismo está profundamente ligado a la historia de la legislación canadiense sobre el aborto. Desde la legalización del aborto en 1969, más de cuatro millones de niños no nacidos han sido abortados, según CLC. Gibbons ve sus acciones como un contrapunto a esta sombría estadística, un testimonio del valor de cada vida.

El contexto más amplio: una nación dividida

El caso de Gibbons llega en un momento de mayor tensión en torno al derecho al aborto en Canadá. El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau ha redoblado su postura a favor del aborto, mientras que los defensores de la vida como Gibbons siguen desafiando la narrativa predominante.

Su carta sirve tanto como un grito de guerra como un recordatorio del costo de la condena. Para Gibbons, la lucha por la vida no es meramente una cuestión política sino un imperativo moral que trasciende los tribunales y entra en el ámbito de la fe y la humanidad.

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Una encrucijada legal y ética

La reforma recientemente aprobada define el aborto como “la interrupción del embarazo después de las primeras 12 semanas” e introduce sanciones para el aborto forzado, convirtiendo en delito penal la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la persona embarazada en cualquier etapa de la gestación. Si bien el cambio legislativo se centra en ampliar el acceso al aborto seguro y legal, también subraya las complejidades que rodean el consentimiento y la autonomía en la salud reproductiva.

Con esta decisión, Zacatecas se alinea con estados como Sinaloa, que permite el aborto hasta las 13 semanas, y Coahuila, donde se han anulado las sanciones por aborto, aunque las pautas de procedimiento siguen sin definirse.

La influencia de MORENA en la configuración del panorama

El contexto político de esta reforma está estrechamente vinculado al partido gobernante, MORENA. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, y más recientemente bajo la administración de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre de 2024, varios estados (Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y ahora Zacatecas) han tomado medidas para legalizar el aborto dentro del primer trimestre.

Próximos pasos y desafíos por delante

Si bien el Congreso de Zacatecas ha despenalizado el aborto, la implementación práctica sigue siendo una preocupación apremiante. Los legisladores ahora se centrarán en modificar la Ley de Salud del estado para definir cómo y dónde se brindarán los servicios de aborto. La accesibilidad, la financiación y la educación sobre estos nuevos derechos probablemente determinarán el éxito de la reforma en la práctica.

Tensiones en otros estados: el rechazo

Mientras que las políticas progresistas ganan fuerza en algunas regiones, otras se encuentran enzarzadas en acalorados debates. En Guanajuato, el arzobispo Jaime Calderón Calderón ha expresado su alarma por las medidas propuestas que podrían permitir el aborto hasta los nueve meses de embarazo. En su declaración, Calderón describió tales iniciativas como un ataque a la dignidad de la vida humana, calificándolas de “discriminación inadmisible contra los no nacidos”.

De manera similar, Chiapas ha visto enmiendas constitucionales recientes que, si bien preservan el lenguaje de la protección de la vida, introducen excepciones que, según los críticos, socavan la intención original. El obispo Rodrigo Aguilar Martínez de San Cristóbal de las Casas ha advertido sobre las consecuencias éticas y sociales de estos cambios, instando a los legisladores a reconsiderar las implicaciones más amplias para el tejido moral de la comunidad.

Una nación dividida

La medida de Zacatecas pone de relieve las profundas divisiones que existen en la sociedad mexicana en torno al derecho al aborto. Para los defensores, la reforma representa una victoria para la autonomía, la seguridad y la salud pública. Para los opositores, plantea interrogantes sobre los límites morales y legales de la vida y los derechos humanos. 

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