La decisión se produce más de dos años después del asesinato del ex Primer Ministro Shinzo Abe. El asesino había alegado que actuó porque el ex primer ministro tenía vínculos con el movimiento religioso, al que se responsabilizaba de la ruina financiera de su madre, que había hecho grandes donaciones a la iglesia. El asesinato, ocurrido en julio de 2022, había puesto de manifiesto los profundos vínculos entre la organización y numerosos miembros del Partido Liberal Democrático (PLD), durante mucho tiempo la principal fuerza política del gobierno japonés.

Tras la tragedia, el partido puso en marcha una investigación interna, que reveló que cerca de la mitad de sus legisladores tenían vínculos con este movimiento religioso. El caso causó daños de imagen al partido, que perdió entonces su mayoría en el Parlamento en octubre.

El Ministerio de Educación y Cultura de Japón ya había presentado una solicitud para disolver la organización en 2023, un año después del asesinato de Abe, alegando que el grupo había ejercido presión psicológica sobre sus miembros. Según el gobierno, existen numerosas sentencias judiciales en Japón que documentarían prácticas coercitivas por parte de la iglesia. Creemos que se han cumplido nuestras exigencias», comentó la ministra de Educación, Toshiko Abe.

La Iglesia de la Unificación rechazó la decisión, declarando en su página web oficial que «la sentencia se basa en una interpretación errónea de la ley y es totalmente inaceptable para esta organización». También en una nota, la organización reiteró su postura, afirmando que había adoptado «cambios estructurales» en los últimos años y que consideraba que «las condiciones legales para la disolución no se aplican» en su caso.

Fundado en Seúl en 1954 por el reverendo Sun Myung Moon, huido de Corea del Norte, el movimiento adquirió notoriedad mundial en los años 70 por sus «matrimonios masivos», en los que miles de parejas se unían al mismo tiempo a pesar de que apenas se conocían. A sus miembros se les llama «Moonies», apodo informal derivado del nombre del fundador. A lo largo de los años, el grupo ha sido acusado repetidamente de abusos financieros. El propio Moon, que construyó un imperio empresarial en Estados Unidos, también fue acusado posteriormente de evasión fiscal.

Según el ordenamiento jurídico japonés, las autoridades pueden pedir a los tribunales que ordenen la disolución de un organismo religioso si «comete un acto que claramente se considere sustancialmente perjudicial para el bienestar público».

La orden de disolución dictada contra la Iglesia de la Unificación es la tercera desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El precedente más conocido se remonta a 1995, cuando se disolvió ‘Aum Shinrikyo’, la secta responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio, que causó 13 muertos y miles de heridos. La otra fue el grupo del templo Myokakuji, cuyos sacerdotes estafaban a la gente diciendo que estaban poseídos por espíritus malignos para cobrar por los exorcismos.

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El episcopado mexicano denuncia se pronuncia con seis posicionamientos:

1. Denunciamos con profunda preocupación que existan muchos lugares como este en nuestra nación, los cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la humanidad. Estos actos atentan directamente contra la dignidad sagrada de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios.

2. Señalamos que estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de autoridades gubernamentales de los tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país: la desaparición de personas. Esta realidad exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada del Estado mexicano.

3. Manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes.
4. Reconocemos y exaltamos la extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia. Su testimonio nos interpela a todos como sociedad.

5. Exhortamos respetuosamente a las autoridades a:

– Investigar exhaustivamente estos hechos con transparencia y eficacia.

– Dejar de evadir su responsabilidad o de intentar ocultar esta realidad. Fortalecer urgentemente, entre los tres niveles de gobierno, los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

– Implementar políticas efectivas que prevengan estos crímenes atroces y garanticen la no repetición. Como sociedad y como nación debemos comprometernos a un rotundo: ¡NUNCA MÁS!

– Romper definitivamente con las alianzas que pudieran existir entre el crimen organizado y algunos ambientes políticos para liberar a México de esta decadencia moral.

6. Ofrecemos nuestra participación en espacios de diálogo y colaboración para atender esta crisis humanitaria, acompañar a las víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social tan lastimado por estos actos de violencia extrema.

El comunicado del episcopado mexicano concluye renovando “su compromiso de ser voz de los que no tienen voz y de colaborar incansablemente en la construcción de un país donde prevalezca la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana”.

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La decisión ha generado un amplio debate en el ámbito sanitario y legal, especialmente en relación con los expedientes disciplinarios abiertos contra profesionales de la salud en distintos países europeos.

La doctora Natalia Prego, una de las voces más críticas con las políticas de vacunación obligatoria durante la pandemia, ha reaccionado a la sentencia afirmando que “los médicos NO estábamos obligados a vacunar” y ha planteado interrogantes sobre el proceder de los colegios médicos. “¿Cómo explicarán ahora los expedientes sancionadores a los médicos que nos negamos a este experimento? ¿Se retractarán?”, cuestionó la médico líder de “Médicos por la Verdad”, en un comunicado.

Prego recordó que en 2021 advirtió sobre los riesgos de trombosis y miocarditis asociados a la vacunación contra la COVID-19, lo que le valió acusaciones de “desinformación” y la apertura de procedimientos en su contra. “Hoy la ciencia me respalda: estos efectos adversos están reconocidos en los propios prospectos de las vacunas”, afirmó.

La sentencia del TJUE ha provocado que diversos sectores exijan una revisión de las sanciones impuestas a médicos que, basándose en el principio de precaución, se mostraron reticentes a recomendar la vacunación generalizada. Además, se ha planteado la necesidad de investigar la actuación de los colegios médicos que promovieron medidas disciplinarias contra estos profesionales.

La comunidad médica y las autoridades sanitarias se enfrentan ahora al reto de evaluar el impacto de la sentencia y determinar si las medidas adoptadas durante la pandemia deben ser revisadas a la luz de las nuevas evidencias científicas. Mientras tanto, el debate sobre la gestión de la crisis sanitaria y la autonomía de los profesionales de la salud sigue abierto.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado que el campamento ha sido vaciado de sus 13.500 residentes, incluidos 4.400 niños, y que no hay planes para permitirles regresar a sus hogares. No se ha previsto su reasentamiento y los refugiados quedan a merced de familiares y desconocidos en pleno invierno.

El centro, situado en un punto estratégico cerca de la entrada al campamento, ha sido atacado y dañado por soldados de las FDI en tres ocasiones distintas desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre de 2023.

El canónigo Daniel Burton, vicario de Santa María con San Pedro, Oldham, y honorable canónigo de la Catedral de Manchester, y presidente del Consejo de Administración del ABCD, declaró: «Resulta particularmente cruel e irónico que el Centro Nur Shams haya logrado permanecer abierto durante todo el conflicto, a pesar de tres asaltos al edificio, pero ahora se haya visto obligado a cerrar solo desde que comenzó el alto el fuego en Gaza. Mientras la atención mundial se ha centrado, con razón, en los acontecimientos en Gaza, los palestinos de Cisjordania se han enfrentado a continuas restricciones y a formas de castigo colectivo cada vez más extremas. Tres campamentos gestionados por la UNRWA en Cisjordania han sido desalojados de sus residentes, un ataque sin precedentes contra los refugiados palestinos y un duro golpe para los niños y las familias a quienes apoyamos».

La directora del centro, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger su identidad, no estuvo disponible para hacer declaraciones esta semana. Firas Sarhan, gerente del proyecto ABCD, declaró: «Estamos intentando establecer contacto con nuestro personal sobre el terreno para identificar nuevas formas remotas de apoyar a estos niños vulnerables y a sus familias».

El Centro Nur Shams es uno de los seis centros de rehabilitación en los campos de refugiados administrados por UNRWA y apoyados por la organización benéfica ABCD Bethlehem con sede en el Reino Unido.

Fundada en 1986, ABCD se dedica a apoyar la rehabilitación holística de niños con discapacidad en toda Palestina, principalmente a través de socios en Cisjordania. La rehabilitación holística implica la provisión de estrategias individuales integrales para abordar las necesidades de los niños con discapacidad y lograr una calidad de vida libre, en la medida de lo posible, de complicaciones médicas. Incluye elementos de fisioterapia, terapia ocupacional, intervención médica, atención de enfermería, trabajo social, apoyo psicológico, emocional y familiar, educación y terapia de juego.

ABCD logra esto recaudando fondos para financiar proyectos específicos y programas de divulgación que se planifican en consulta con sus socios en Palestina y se implementan a través de ellos. ABCD es una organización benéfica registrada en el Reino Unido (número de registro 1097623 y número de empresa 04383155).

La web del centro: https://www.abcdbethlehem.org/

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Durante décadas, la USCCB ha desempeñado un papel central en la coordinación del reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos, distribuyendo fondos federales a agencias de Caridades Católicas en todo el país. Desde 1980, la conferencia de obispos ha ayudado a los recién llegados a encontrar vivienda, empleo y apoyo comunitario durante sus primeros meses en los EE.UU. Sin embargo, ese programa ahora está en peligro luego de la decisión del Departamento de Estado de terminar el acuerdo, declarando que «ya no se alinea con las prioridades de la agencia».

En una carta enviada el 26 de febrero, el contralor del Departamento de Estado, Joseph Kouba, informó a la USCCB que su acuerdo financiero para el reasentamiento de refugiados fue “terminado inmediatamente” a partir del 27 de febrero. La carta ordenó a los obispos detener todas las actividades del programa y declaró que solo se podrían reembolsar los gastos incurridos antes de la fecha de terminación.

La decisión sigue a una demanda que la USCCB presentó el 18 de febrero, impugnando la suspensión del gobierno federal de la financiación de los servicios para refugiados dirigidos por católicos. Los obispos argumentaron que la ley federal garantiza a los refugiados el derecho a la asistencia para el reasentamiento financiada por el gobierno, que describieron como esencial para ayudar a las personas desplazadas a establecer vidas estables en los EE. UU. La USCCB también sostuvo que la congelación de los programas de reasentamiento por parte de la administración Trump era ilegal y debería ser revocada por los tribunales.

Para agravar la disputa, los obispos afirman que el gobierno federal les debe más de 20 millones de dólares por servicios ya prestados. Aunque la demanda todavía está en sus primeras etapas, un juez federal rechazó el 20 de febrero la solicitud de la USCCB de restauración inmediata de la financiación, dictaminando que los obispos no habían demostrado que la congelación de la financiación causaría un “daño irreparable”.

Ahora que el contrato ha sido rescindido oficialmente, la batalla legal puede cambiar de enfoque. El gobierno federal, en su última presentación ante la corte el 27 de febrero, argumentó que la USCCB debería buscar reembolsos impagos a través de canales administrativos en lugar de litigios. La posición del gobierno es que la rescisión del acuerdo elimina cualquier fundamento legal para una orden judicial, afirmando que la única opción restante de la USCCB es presentar reclamos financieros a través del Tribunal Federal de Reclamaciones.

Se espera que la cancelación del contrato tenga consecuencias de gran alcance, en particular para las agencias de Caridades Católicas en todo el país que dependen de la financiación federal para apoyar a miles de refugiados cada año. El impacto ya se está sintiendo. A principios de este mes, la USCCB despidió a 50 empleados, aproximadamente un tercio de su personal de servicios de migración y refugiados, debido a los pagos federales congelados. El último recorte de fondos podría obligar a más despidos, lo que podría desmantelar toda la rama de reasentamiento de refugiados de la conferencia de obispos.

Más allá de Washington, las organizaciones de Catholic Charities en todo el país también están reduciendo su personal. Algunas agencias ya han comenzado a despedir a trabajadores, y una oficina redujo el 20% de su personal en respuesta a la incertidumbre financiera.

En 2023, la USCCB recibió $130 millones en contratos federales para servicios para refugiados y migrantes, y la mayoría de los fondos se distribuyeron a agencias locales de Catholic Charities que brindan asistencia directa a los refugiados. Entre 2014 y 2023, la conferencia administró casi $800 millones en fondos federales para estos programas, gastando un total de $850 millones en esfuerzos de reasentamiento.

Ahora, con el gobierno federal cortando lazos, el futuro de la asistencia a los refugiados dirigida por católicos sigue siendo incierto. Queda por ver si la USCCB encontrará fuentes de financiación alternativas o reestructurará sus programas para continuar su misión sin el apoyo del gobierno. Mientras tanto, es probable que la batalla legal por los fondos impagos se intensifique a medida que los obispos luchan por recuperar lo que afirman que se les debe.

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El ISEP es una organización independiente dedicada a transformar la vida de los palestinos y otras personas en la región a nivel social, político y económico. El instituto realiza investigaciones de vanguardia en el campo de las ciencias sociales, basadas en proyectos experimentales y encuestas de opinión orientados al público, a la sociedad civil y a la clase política. El último relevamiento sobre Gaza se llevó a cabo a fines de enero dirigido a la población adulta (mayores de 15 años), con 400 encuestados de 34 localidades de las gobernaciones de Deir Al Balah y Khan Younis.

Se hace referencia al lugar de origen de las personas porque, con una población de la Franja (dos millones en total) compuesta en un 80% por desplazados y una devastación de más del 50%, hoy resulta casi imposible encontrar personas que vivan en su propia casa o en su lugar de nacimiento. La encuesta también se realizó mediante opiniones recogidas en la calle entre personas desplazadas, entrevistas cara a cara con preguntas cerradas y un cupo de muestreo.

En cuanto a la consecución de la tregua, dos de cada tres palestinos de Gaza (el 67,9%) creen que el mérito de haberlo logrado es del presidente estadounidense Donald Trump, seguido de Qatar, Egipto y Hamás, mientras que sólo el 20% atribuye algún mérito a su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden. Sin embargo, hay que señalar que estas opiniones fueron recogidas antes del encuentro en la Casa Blanca con Netanyahu que dio comienzo a la campaña de la «Riviera de Oriente Medio», que también es el tema central del grotesco vídeo que se publicó ayer.

Más significativo es probablemente el juicio sobre Hamás, el movimiento islámico extremista que gobierna la Franja y cuyo ataque a Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó el terrible conflicto con sus 48.000 muertos palestinos y 1.200 israelíes. Sólo el 5% de los habitantes de Gaza todavía quiere que los militantes sean la “autoridad al mando” después del conflicto, y sólo el 12% cree que seguirán “gobernando” la Franja. Por otro lado, el 37,9% “quiere” un gobierno de unidad, mientras que el 32% quiere a Fatah y el 24,1% a las fuerzas árabes. Al mismo tiempo, el 40,3% “piensa que habrá” un gobierno de unidad, el 24% de Fatah y el 22,6% de las fuerzas árabes.

También resultan significativas las respuestas sobre las futuras elecciones en Gaza. El 60% de los entrevistados declara que están dispuestos a apoyar candidatos que representen a Fatah o a los independientes, mientras que las figuras pertenecientes a Hamás contarían con el voto de un mísero 5% de la población.

Lo que hoy despierta mayor preocupación es sobre todo la realidad económica, la devastación de las infraestructuras y la falta de trabajo: en efecto, el 89% de los entrevistados “no tiene ningún medio” para reconstruir su vida y más del 51% dice que “no está preparado” para utilizar préstamos e invertir dinero en proyectos de reconstrucción. Además, al 54% le gustaría rediseñar la Franja desde cero y construirla “mejor” de lo que era antes de la guerra. Por último, la gran mayoría acusa a las bandas criminales y a Israel por la dispersión de las ayudas (y sólo en una mínima parte a Hamás), una cuestión central y tal vez la principal fuente de preocupación para los gazatíes en este momento.

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(ZENIT Noticias – Asia News / Delhi, 04.03.2025).- El Tribunal Supremo de la India ha aceptado escuchar una petición presentada por los cristianos dalit -los llamados «parias»- del distrito de Trichy, en Tamil Nadu, en la que denuncian la presencia de formas de discriminación basadas en la casta incluso dentro de la parroquia católica de Kottapalayam, en la diócesis de Kumbakonam.

Los peticionarios, residentes en el pueblo, alegan que la administración local de la comunidad sigue excluyendo a los dalits de participar en las celebraciones festivas anuales y practicando la segregación de los cementerios; además, a diferencia de otros católicos, no se permite que los restos de los dalits fallecidos entren en la iglesia para la misa final del funeral o las oraciones.

La petición afirma que los miembros de la comunidad se han dirigido al gobierno estatal, al gobierno federal de Delhi y a la Iglesia católica para denunciar las atrocidades de casta y la «intocabilidad» que sufren desde hace al menos un siglo. En la petición se afirma que la comunidad de la parroquia está formada por cristianos católicos dalit que realizan actividades como trabajos funerarios, tareas agrícolas serviles y reparación de calzado. «Hasta la fecha», escriben, “los peticionarios se enfrentan a la práctica tradicional de la intocabilidad y a una discriminación de casta inhumana debido a la agresión de la comunidad mayoritaria de la casta dominante, incluso dentro de la iglesia”, reza la petición.

El 21 de febrero, los jueces remitieron la protesta al gobierno de Tamil Nadu y a las autoridades eclesiásticas, solicitando respuestas antes del 15 de abril.

1. Z. Devasagayaraj, antiguo secretario nacional de la Oficina de Castas y Tribus Catalogadas (SC/ST) y Clases Desfavorecidas de la Conferencia Episcopal de la India, comentó a AsiaNews: «Desgraciadamente, todavía se practican diversas formas de intocabilidad incluso en la Iglesia, especialmente en el sur.

Los obispos de Tamil Nadu presentaron un programa de 10 puntos sobre este problema ya en 1990, integrado después en 2004. La Conferencia Episcopal de la India elaboró una política para la emancipación de los dalits en 2016. Todos ellos son documentos que piden claramente la abolición de estas prácticas, especialmente en iglesias y cementerios. En este caso, el Tribunal Supremo, basándose en la Constitución, dictará sin duda un veredicto que no permitirá que continúe la discriminación basada en las castas. Pero, por desgracia, en muchos casos se tolera este tipo de comportamiento. En la parroquia de Purathakudi, por ejemplo, el Tribunal Superior dio orden de celebrar la fiesta parroquial incluyendo a los dalits y dijo que la procesión con coches debía pasar también por las calles donde vive su comunidad. Pero incluso después de este veredicto, los cristianos de la casta superior no aceptan la idea de incluir a los dalits y darles la misma dignidad. La verdadera cuestión, por tanto, es reafirmar como cristianos que Jesús y el sistema de castas no pueden ir juntos’.

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(ZENIT Noticias – Asia News / Milán, 26.02.2025).- «Un ataque mortal contra la sociedad civil israelí, en particular contra las organizaciones que promueven los derechos humanos, la democracia y la paz». Es lo que subraya a AsiaNews Mauricio Lapchik, director de Desarrollo y Relaciones Exteriores de Peace Now, comentando el controvertido proyecto de ley que está examinando la Knesset, el Parlamento israelí, y que corre el riesgo de convertirse en una lápida para las ONG del Estado judío.

El pasado 19 de febrero, la primera (de las cuatro votaciones previstas en el reglamento) se saldó con 47 votos a favor y 19 en contra, a favor de una norma que impone impuestos masivos a las ONG financiadas por gobiernos extranjeros y erosiona el derecho a presentar demandas ante los tribunales israelíes. El proyecto de ley, patrocinado por el diputado del Likud Ariel Kallner, impone un monstruoso gravamen del 80% a las donaciones de gobiernos extranjeros, lo que acabaría paralizando la actividad en Israel y Cisjordania.

Los grupos activistas -como B’Tselem, Rompiendo el Silencio y el New Israel Fund- llevan mucho tiempo en el punto de mira de la derecha israelí e incluso del centro por su atención a las violaciones israelíes de los derechos humanos contra los palestinos. Mientras tanto, las organizaciones de derechas que dependen de donaciones privadas no se ven afectadas por la norma, mientras que el Ministro de Finanzas conserva el poder discrecional de eximir a determinadas organizaciones. «Este cambio», prosigue el director de Paz Ahora, al tiempo que subraya su cercanía a las familias de los rehenes de Hamás que salen a la calle para exigir su liberación, “corre el riesgo de alejar a Israel de las democracias liberales y reforzar las tendencias autoritarias”. Para la sociedad civil, esto significa un aumento de la represión, la deslegitimación y las amenazas a las libertades fundamentales».

Si en el frente interno el gobierno está dispuesto a aprobar leyes que corren el riesgo de acabar con el compromiso y el activismo de la sociedad civil, por otro lado amenaza con avivar los vientos de guerra en la región. Recientemente, por primera vez en 20 años, lanzó una operación militar de máxima envergadura en la zona de Yenín, afirmando que durará al menos un año y que ya ha obligado a más de 40.000 palestinos a abandonar sus hogares. Al mismo tiempo, del Líbano a Siria, de Irán a Yemen y a Gaza, el ruido de las armas es cada vez más fuerte: sobre todo en la Franja, donde el alto el fuego firmado con los milicianos para obtener la liberación de los rehenes es cada vez más frágil y está en peligro.

Por último, en Siria, con la dirección del Estado judío declarando que «no tolera» la presencia de Hayat Tahrir al-Sham (Hts, los antiguos milicianos radicales dirigidos por Ahmed al-Sharaa protagonistas del derrocamiento del ex presidente Bashar al-Assad y ahora en el poder en Damasco) en el sur. En este sentido, el Estado judío pretende mantener indefinidamente su presencia en la zona con un cambio radical de estrategia y pide la desmilitarización del territorio. Declaraciones que preocupan a los sirios, que ayer salieron a la calle en el sur del país para protestar contra el «expansionismo» israelí en el territorio.

A continuación, la entrevista con el director de relaciones exteriores de Paz Ahora:

¿Cuáles son los elementos críticos de la ley sobre las ONG y cómo afecta a la «misión» de Peace Now y otras organizaciones?

El proyecto de ley es un ataque mortal contra la sociedad civil israelí, en particular contra las organizaciones que promueven los derechos humanos, la democracia y la paz. De aprobarse, impondría severas restricciones económicas y legales a las ONG que reciben financiación de cancillerías extranjeras, incluyendo impuestos exorbitantes y la prohibición de presentar demandas en Israel. Esto amenaza directamente la capacidad de Peace Now para supervisar la expansión de los asentamientos, apoyar la solución de dos Estados y hacer que el ejecutivo rinda cuentas [de sus acciones y decisiones]. Es un paso más para silenciar las voces de la oposición y socavar la democracia israelí.

¿Hay aún alguna posibilidad de detenerla o está condenada a ser aprobada?

No, aún habría posibilidad de detener la ley, pero depende de la presión política, tanto nacional como internacional. El actual gobierno [de Israel] tiene una fuerte mayoría de extrema derecha y muchos de sus miembros apoyan la ley. Sin embargo, los intentos anteriores de aprobar una ley de este tipo han fracasado debido a las protestas de la opinión pública nacional y a la presión internacional. Si la sociedad civil, los medios de comunicación y los gobiernos extranjeros actúan con decisión, la ley podría ser bloqueada o debilitada.

Ya había surgido una propuesta similar en el pasado, hace casi dos años, pero fue descartada antes de la votación final. ¿Es diferente ahora el clima social y político?

El clima político se ha vuelto aún más hostil hacia las organizaciones de derechos humanos y los grupos prodemocráticos. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, el gobierno ha intensificado la represión de la disidencia y el debate público está cada vez más marcado por la retórica nacionalista. En realidad, la oposición a estas medidas sigue existiendo, pero la coalición de derechas es más fuerte que antes. Esto significa que las posibilidades de que se apruebe la ley pueden ser mucho mayores que en el pasado.

¿La fiscalidad insostenible y la imposibilidad de presentar demandas representan, por tanto, una lápida sobre la presencia misma del activismo y la sociedad civil israelíes?

Absolutamente. Unos impuestos tan elevados podrían paralizar económicamente incluso a organizaciones como la nuestra, obligándolas a reducir actividades cruciales como la vigilancia de los asentamientos y la impugnación [ante los tribunales] de los puestos de avanzada ilegales, entre otras. Además, la imposibilidad de presentar demandas impediría a las ONG emprender acciones legales contra las violaciones de derechos humanos y las políticas gubernamentales, eliminando así un mecanismo clave de rendición de cuentas.

¿El conflicto de Gaza y la violencia continuada en Cisjordania -que se parece mucho a una guerra encubierta- han afectado a su trabajo y cómo?

La guerra en Gaza y el terrorismo de los colonos en Cisjordania han creado un entorno extremadamente difícil para todos los que trabajan contra la ocupación. El gobierno mesiánico y los elementos extremistas han utilizado el conflicto para justificar políticas represivas, dificultando la labor de las organizaciones de derechos y recursos humanos. La situación de seguridad, las amenazas legales y la reducción del espacio democrático hacen que nuestro trabajo sea hoy más difícil que nunca. Sin embargo, esto no hace sino reforzar la urgencia y la esencia de nuestra misión.

Además, la norma, en su aplicación, también pone de manifiesto criterios de selectividad: ¿cuál es el objetivo que se esconde tras estas políticas?

La afirmación de que este proyecto de ley pretende limitar la influencia extranjera es engañosa. Un ejemplo concreto: ahora se acusa al gobierno israelí de recibir apoyo financiero de Qatar, y las organizaciones de colonos se benefician de una masiva financiación privada extranjera, en particular de Estados Unidos. Este proyecto de ley se dirige selectivamente a las ONG progresistas, ignorando el dinero extranjero que alimenta la expansión de los asentamientos y los grupos extremistas. El verdadero objetivo es suprimir la disidencia interna y debilitar a las organizaciones israelíes que desafían las políticas del gobierno.

¿Qué impacto tendrá el renovado eje entre Israel y Estados Unidos, en particular entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu?

La creciente alianza entre Netanyahu, Trump y la extrema derecha mundial es profundamente preocupante. Alienta a las fuerzas nacionalistas y antidemocráticas en Israel, impulsando políticas que refuerzan aún más la ocupación y debilitan las instituciones democráticas. Este cambio corre el riesgo de distanciar a Israel de las democracias liberales y reforzar las tendencias autoritarias. Para la sociedad civil, esto significa mayor represión, deslegitimación y amenazas a las libertades fundamentales.

¿Cuál es la postura de Paz Ahora ante las protestas de las familias de los rehenes de Hamás en Gaza? ¿Tendrá este movimiento un impacto y un futuro para Israel?

Las familias de los rehenes están luchando por la justicia y el regreso de sus seres queridos, su lucha es crucial. Las protestas ponen de manifiesto el fracaso del poder ejecutivo a la hora de llegar a un acuerdo [con Hamás, ed] y su voluntad de abandonar a los ciudadanos israelíes [secuestrados en Gaza durante más de 500 días] por razones políticas. Este movimiento representa una de las pocas fuerzas capaces de desafiar al gobierno fuera de las líneas políticas tradicionales. Que consigan cambiar las cosas dependerá de que la opinión pública israelí se una a ellos y presione a los dirigentes para que actúen. Siempre estaremos a su lado.

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La disputa se deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump poco después de asumir el cargo, que congelaba la financiación de los programas de reasentamiento de refugiados. En respuesta, la USCCB presentó una demanda a mediados de febrero de 2025, argumentando que la acción de la administración era ilegal y ya había causado consecuencias financieras devastadoras para las organizaciones que ayudan a los refugiados.

Según los obispos de la iglesia católica, la congelación ha resultado en millones de dólares en reembolsos impagos por servicios ya prestados, con pérdidas financieras adicionales que aumentan cada semana. Los obispos buscaron una orden de restricción temporal inmediata para levantar la suspensión de la financiación, pero el jueves 20 de febrero, el juez de distrito de EE.UU. Trevor McFadden denegó la solicitud.

En su fallo, McFadden enfatizó que las órdenes de restricción temporales se otorgan solo en circunstancias excepcionales. Señaló que los demandantes deben demostrar una gran probabilidad de éxito en su caso, el potencial de daño irreparable y que la orden judicial sería de interés público.

“El tribunal considera que los demandantes no han cumplido con la carga de la prueba necesaria y, por lo tanto, rechaza la moción de una orden de restricción temporal”, escribió McFadden.

Si bien esta solicitud inicial fue rechazada, la batalla legal está lejos de terminar. Los obispos también habían solicitado una orden judicial preliminar, que bloquearía la congelación de fondos mientras se desarrolla el caso. McFadden anunció que el tribunal aceleraría más audiencias sobre ese asunto, pero no especificó cuándo se llevarían a cabo.

Durante semanas, los líderes católicos han estado advirtiendo sobre las amplias consecuencias de la suspensión de fondos de Trump. La congelación ha afectado tanto a los programas de ayuda nacionales como internacionales, lo que llevó a los obispos a pedir a los católicos de todo el país que presionen a los legisladores para que restablezcan el apoyo financiero para la asistencia a los refugiados.

En enero, la USCCB instó públicamente al Congreso a intervenir, advirtiendo que la pausa en la financiación tendría consecuencias que pondrían en peligro la vida de millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, sanitaria y para el desarrollo.

Tras la decisión del tribunal, la portavoz de la USCCB, Chieko Noguchi, reiteró el compromiso de larga data de los obispos con el apoyo a los refugiados, y señaló que las organizaciones católicas han ayudado a casi un millón de personas a reconstruir sus vidas en los Estados Unidos.

“Instamos a la administración a que cumpla con sus obligaciones legales y morales con los refugiados y restablezca la financiación necesaria”, dijo Noguchi en una declaración. “Las organizaciones religiosas y comunitarias deben poder continuar con este trabajo vital, que encarna los valores de compasión, justicia y hospitalidad que definen a nuestra nación”.

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