(ZENIT Noticias – Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia / Valencia, 20.12.2024).- Un hombre de 54 años con problemas de movilidad y habla como consecuencia de haber sufrido varios ictus e infartos en los últimos años, morirá víctima de la eutanasia tras haberlo autorizado una jueza del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona.

Según se deriva de los informes médicos, el hombre tiene afasia (lo que le dificulta hablar), no puede escribir sin ayuda, le cuesta seguir el hilo de frases largas y, aunque comprende lo que se le dice, no puede mantener una conversación con normalidad. Tampoco puede conducir ni moverse sin ayuda del bastón. Por eso, pese a todos los tratamientos, expresó a los médicos que «no se gusta» y que «a raíz de su discapacidad no le encuentra sentido a la vida». El mismo comunicó a los sanitarios que tiene mucho miedo al sufrimiento y que, «bajo ningún concepto, quiere llegar a tener más discapacidad».

Su padre impugnó la decisión, alegando que el paciente sufre problemas de salud mental y que, pese a que es cierto que siente dolor, cree que con el debido tratamiento y pautas médicas puede sobrellevarlo. Los médicos, que evaluaron a su hijo solicitante de eutanasia, han descartado cualquier patología mental.

Asimismo, el progenitor trató de acogerse al “derecho a la vida familiar” como motivo para poder paralizar este proceso, pero Montserrat Raga, jueza del Contencioso, ha explicado que «pareciera que la simple relación familiar autorizaría a este padre a detener el procedimiento legal”. Existe un detalle contraproducente que también señala Raga, y es que la legislación europea advierte que ese vínculo entre padre e hijo debe ser real.

Parece ser que el hombre de 54 años vive solo y no tiene ninguna relación con su padre. También se ha sabido que, al pedir la eutanasia, éste solicitó que «no se comunicase la existencia del procedimiento a ningún familiar ni persona próxima».

Desde el juzgado aseguran que «estamos ante una persona mayor de edad, capaz de ejercer de forma libre todos los derechos que las leyes le reconocen». De hecho, tal y como también se recoge en la sentencia, en los diagnósticos médicos del paciente no se hace mención de que el solicitante de la eutanasia sufra una enfermedad mental que le impida tomar sus propias decisiones.

Los abogados de la Generalitat creen que el padre del solicitante no tiene legitimidad para recurrir la eutanasia de un tercero, aunque sea su hijo, y en un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, estos derechos fundamentales, como la decisión de morir dignamente, son únicos y exclusivos de quienes han pedido la muerte asistida.

Valoración bioética 

Un enfermo que teme sufrir, como la mayoría de los casos en los que se plantea la eutanasia, y ante este temor pide morir, lo hace porque no se le han facilitado alternativas que le permitan vivir con un sufrimiento tolerable.

Ello implica tener acceso a cuidados y acompañamiento que contribuyan a devolver el sentido vital a quien lo ha perdido como consecuencia de su dependencia o incapacidad. Son los cuidados paliativos de calidad los que permiten a los enfermos incurables y sufrientes vivir dignamente, recibiendo la atención médica, enfermera, psicológica y espiritual que les permita dotar de sentido su experiencia vital.

Apelar a la muerte digna, como parece afirmarse en la sentencia, es más bien promover la vida indigna, donde el paciente sufriente es abandonado y empujado a la eutanasia. Es la vida lo que debe dignificarse, no la muerte.

La dejación en la implementación de los cuidados paliativos de calidad que permitan a los enfermos incurables dignificar su vida sufriente, es lo que hace a la eutanasia la única opción para muchos enfermos, víctimas del abandono de una sociedad que no vela suficientemente por sus miembros más débiles.

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Resurge una decisión controvertida

La controversia se centra en la defensa de Carey de David Tudor, un sacerdote anglicano suspendido en la década de 1980 por abusar sexualmente de varios adolescentes. En 1993, Carey, entonces arzobispo de Canterbury, apoyó el regreso de Tudor al ministerio bajo supervisión, una decisión que la Iglesia ahora admite que fue un grave error.

Documentos filtrados muestran que Carey fue más allá de la defensa, facilitando la reinstalación de Tudor eliminando su nombre de la lista central de clérigos disciplinados. Este acto le permitió a Tudor reanudar sus deberes pastorales, aunque bajo restricciones que le prohibían estar solo con menores.

“Sentencias profundamente defectuosas”

La Iglesia de Inglaterra ha condenado las acciones de Carey como “profundamente defectuosas”, reconociendo las garantías inadecuadas que permitieron a Tudor continuar sirviendo en el ministerio durante décadas. A pesar de las restricciones, la presencia pastoral de Tudor planteó riesgos constantes. Finalmente fue retirado del ministerio en octubre después de admitir “comportamiento sexual inapropiado”.

Los críticos argumentan que la decisión de Carey de reinstalar a Tudor priorizó la preservación institucional sobre el bienestar de las víctimas. Una sobreviviente, Rachel Ford, describió a Tudor como “propenso a los toqueteos inapropiados” y criticó la respuesta de la Iglesia como “totalmente carente de empatía”.

Una cadena de responsabilidades

La renuncia de Carey también arroja una luz dura sobre el actual arzobispo de York, Stephen Cottrell, quien ha enfrentado un escrutinio por su manejo del caso Tudor durante su mandato como obispo de Chelmsford. Cottrell, consciente de las restricciones de Tudor desde 2010, permitió que el sacerdote caído en desgracia continuara ministrando e incluso apoyó su nombramiento como canónigo honorario de la catedral de Chelmsford.

Desde entonces, Cottrell ha expresado un profundo arrepentimiento, declarando: “Lamento profundamente no haber actuado antes”. Sin embargo, los sobrevivientes y los defensores han criticado su explicación, argumentando que las limitaciones legales no deberían haber excusado la inacción.

Un patrón de fracaso institucional

El escándalo que rodea a Carey surge tras la renuncia de otro ex arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien renunció el mes pasado en medio de acusaciones separadas de manejo inadecuado de casos de abuso. Welby también enfrentó acusaciones de inacción y fallas sistémicas para abordar la mala conducta dentro de la Iglesia.

Durante su mandato, Welby reconoció que la Iglesia había fallado a sus miembros más vulnerables, declarando: “Descuidamos gravemente nuestro deber de cuidado, y lo siento profundamente”. Sin embargo, su admisión no satisfizo a los críticos, quienes acusaron a los líderes de la Iglesia de fomentar una cultura de encubrimiento y complacencia.

El impacto en la credibilidad de la Iglesia Anglicana

Estos escándalos en cascada han erosionado aún más la confianza en la Iglesia de Inglaterra. Los sobrevivientes y los defensores exigen reformas significativas para garantizar que las medidas de protección sean más que superficiales. Muchos sostienen que los repetidos fracasos de la Iglesia a la hora de priorizar a las víctimas por sobre la reputación institucional han dejado profundas cicatrices en su credibilidad moral.

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Un examen profundo y necesario

El informe, presentado el 19 de noviembre de 2024, arroja luz sobre 63 casos de violencia sexual, cometidos por 46 sacerdotes, una cifra que representa aproximadamente el 3% de los 1,491 religiosos que sirvieron durante el periodo analizado. Estas cifras, aunque impactantes, reflejan solo una parte de la realidad. La MEP reconoce que el número real de víctimas probablemente sea mayor, y se compromete a seguir escuchando y apoyando a quienes aún no han denunciado.

De la indignación al aprendizaje

El Superior General de las Misiones Extranjeras expresó «gravedad, tristeza e indignación» al recibir el informe. Sin embargo, este ejercicio de autoevaluación no solo busca reconocer errores pasados, sino también establecer bases sólidas para el futuro. El informe no se queda en el diagnóstico; ofrece recomendaciones para implementar una cultura de protección que abarque todos los niveles de la organización.

Medidas preventivas y correctivas

En los últimos años, la MEP ha adoptado medidas concretas para mejorar su respuesta ante estas problemáticas. Desde la creación de un Consejo de Evaluación con miembros expertos en derecho y ética hasta la formación de agentes locales de protección, la institución ha mostrado una voluntad clara de cambio. Además, ha establecido canales de denuncia accesibles y transparentes para garantizar que las víctimas puedan buscar justicia y apoyo sin obstáculos.

Lecciones del pasado, compromiso con el futuro

El informe es particularmente crítico con la gestión de casos durante las décadas anteriores a los años 2000, cuando muchas alertas no fueron abordadas adecuadamente. Entre 1950 y 2000, solo 8 casos de abuso fueron confirmados, mientras que los 55 restantes no contaron con la evidencia suficiente. Estas cifras reflejan una época en la que las normas de protección eran prácticamente inexistentes, algo que la MEP está decidida a corregir con nuevas políticas y protocolos.

La importancia de la justicia restaurativa

Para las víctimas, la publicación de este informe representa un paso hacia el reconocimiento y la reparación. Aunque en muchos casos las vías judiciales ya no están disponibles debido al tiempo transcurrido, la MEP promueve alternativas como la justicia restaurativa, ofreciendo espacios de escucha y medidas concretas para reparar el daño causado.

Construir un entorno seguro

El informe también destaca la necesidad de un enfoque integral en la protección de personas vulnerables. Entre las recomendaciones clave se incluye la creación de un mapa de riesgos para anticipar vulnerabilidades, la generalización de programas de formación y una comunicación más efectiva sobre las medidas preventivas adoptadas.

Un testimonio vivo del Evangelio

La MEP concluye que este esfuerzo no es solo una cuestión administrativa, sino un testimonio del respeto y la dignidad que el Evangelio exige para todas las personas. En palabras de su Superior General, este informe marca un nuevo comienzo, donde la transparencia y el compromiso con la protección se convierten en el corazón de su misión.

El camino hacia la justicia puede ser largo y doloroso, pero las Misiones Extranjeras de París parecen decididas a recorrerlo con firmeza, ofreciendo un modelo de rendición de cuentas que podría inspirar a otras instituciones en la búsqueda de un futuro más seguro y humano.

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Falso misticismo y abuso espiritual

El llamado “falso misticismo” aparece en el reglamento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe [DDF] en un contexto muy preciso: el de las cuestiones relacionadas con la espiritualidad y con los presuntos fenómenos sobrenaturales, hoy pertenecientes a la Sección Doctrinal: “problemas y comportamientos relacionados con la disciplina de la fe, como los casos de pseudomisticismo, supuestas apariciones, visiones y mensajes atribuidos a un origen sobrenatural…” (Art. 10, 2).

En este contexto, el “falso misticismo” se refiere a propuestas espirituales que dañan la armonía de la visión católica sobre Dios y sobre nuestra relación con el Señor. Precisamente en este sentido aparece en el Magisterio, por ejemplo en la encíclica Haurietis Aquas donde el Papa Pío XII rechaza como “falso misticismo” aquella concepción de Dios presente en los grupos jansenistas que, en su espiritualidad, no tenían en cuenta el misterio de la Encarnación.

“Por lo tanto, no es justo decir que la contemplación del Corazón físico de Jesús impide el contacto más íntimo con el amor de Dios, porque retarda el progreso del alma en la vía que conduce directa a la posesión de las más excelsas virtudes. La Iglesia rechaza plenamente este falso misticismo al igual que, por la autoridad de nuestro predecesor Inocencio XI, de f. m., condenó la doctrina de quienes afirmaban: «No deben (las almas de esta vía interna) hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los Santos o a la humanidad de Cristo; pues como estos objetos son sensibles, tal es también el amor hacia ellos. Ninguna criatura, ni aun la bienaventurada Virgen y los Santos, han de tener asiento en nuestro corazón; porque Dios quiere ocuparlo y poseerlo solo»” (Cart. enc.Haurietis Aquas, 15 de mayo de 1956, IV: AAS 48 [1956], 344).

No existe en el Derecho de la Iglesia un delito tipificado con el nombre de “falso misticismo”, si bien la expresión viene a veces utilizada por los canonistas en un sentido estrictamente relacionado con los delitos de abuso.

Por otra parte, en las nuevas Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, el DDF ha precisado que “debe considerarse de especial gravedad moral la utilización de supuestas experiencias sobrenaturales o de elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos” (Art. 16). Esta consideración permite evaluar la situación ahí descrita como circunstancia agravante si se presenta junto con los delitos.

Al mismo tiempo, es posible tipificar un delito de “abuso espiritual”, evitando la expresión demasiado amplia y polisémica de “falso misticismo”.

Se propone confiar la tarea de analizar esta posibilidad, y de presentar las propuestas concretas, al Dicasterio para los Textos Legislativos y al DDF, constituyendo un grupo de trabajo presidido por el Prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos.

Víctor Manuel Card. Fernández
Prefecto

Ex Audientia Die 22.11.2024
Franciscus

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«Con ocasión del Día Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, que se celebra hoy, deseo anunciar que el próximo 3 de febrero se celebrará aquí, en el Vaticano, el Encuentro Mundial sobre los Derechos del Niño titulado «Amémoslos y Protejámoslos», con la participación de expertos y personalidades de diferentes países. Será una oportunidad para identificar nuevas formas de ayudar y proteger a millones de niños que aún carecen de derechos, que viven en condiciones precarias, son explotados y maltratados, y sufren las dramáticas consecuencias de las guerras. Hay un grupo de niños que está preparando esta Jornada». Estas fueron las palabras pronunciadas por el Papa Francisco rodeado de un centenar de niños que corrieron a abrazarle.

El Santo Padre también eligió este día para anunciar la creación del Comité Pontificio para la Jornada Mundial de la Infancia (JMI). «Un agradecimiento al Papa Francisco. Es un signo de testimonio y de cuidado por el futuro de los pequeños del mundo», comentó el padre Enzo Fortunato, nombrado presidente del mismo Comité.

El padre Enzo Fortunato y Aldo Cagnoli, coordinador adjunto de la JMI, que preparará el evento «Cumbre de Líderes Mundiales sobre los Derechos de los Niños» con Marco Impagliazzo de la Comunidad de Sant’Egidio y la cooperativa social Auxilium, subrayaron que «con gran alegría acogemos la invitación del Papa Francisco y estamos dispuestos a apoyar con todo el compromiso posible esta importante etapa en continuidad con la próxima Jornada Mundial de la Infancia que se celebrará en septiembre de 2026. El Santo Padre sigue pidiendo al mundo que preste una nueva atención a los niños más pequeños, que cada vez son más víctimas de las guerras. Al Papa los niños del mundo le dicen simplemente: gracias».

Los niños presentes en la audiencia procedían de diferentes realidades: escuelas católicas de Roma, de la comunidad indonesia, escuelas de paz de la Comunidad de Sant’Egidio y Auxilium.

El Día Internacional de los Derechos del Niño se estableció hace 35 años con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. En 1924, con la Declaración de Ginebra, la V Asamblea General de la Sociedad de Naciones había aprobado un documento de cinco puntos en el que se hacía referencia por primera vez a los «derechos del niño».

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Un aspecto central de la decisión del Tribunal Superior fue la cuestión de si una iglesia podría asumir una responsabilidad indirecta en ausencia de una relación laboral entre el sacerdote y la diócesis. El Tribunal Superior determinó que la responsabilidad vicaria normalmente se aplica a las relaciones entre empleador y empleado, y las leyes de Victoria con respecto a la responsabilidad institucional por casos de abuso no proporcionaron una base para extender dicha responsabilidad a la iglesia en este caso.

Este fallo supone un revés para DP, un hombre que denunció en 2021 que había sido abusado por un sacerdote cuando tenía cinco años en la ciudad de Port Fairy, Victoria, aproximadamente a 300 kilómetros al suroeste de Melbourne. El sacerdote acusado, identificado por los medios australianos como Bryan Coffey, murió en 2013, habiendo recibido previamente una sentencia suspendida de tres años en un caso no relacionado que involucraba abuso sexual de otros menores.

La decisión del Tribunal Superior surge tras un escrutinio público generalizado y esfuerzos legales para responsabilizar a las instituciones por décadas de abusos en Australia. La cuestión del abuso infantil institucional ha sido polémica en el país y culminó con una Comisión Real establecida en 2012 para investigar fallas sistémicas en organizaciones religiosas, públicas y comunitarias. El informe final de la Comisión Real de 2017 documentó una “tragedia nacional” con aproximadamente 4.500 denuncias de abuso entre 1980 y 2015 que involucraban a casi 1.900 sacerdotes, figuras religiosas y afiliados de la iglesia.

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Los abusos de Smyth duraron años, ocultos tras las puertas cerradas de un cobertizo insonorizado y velados por una cultura del secreto. A pesar de las advertencias iniciales en 1984, se trasladó a Zimbabwe, donde continuó con sus prácticas de “campamento”, lo que condujo a la trágica muerte de un joven, Guide Nyachuru, en 1992. Cuando Smyth enfrentó un nuevo escrutinio y arresto en Zimbabwe, huyó a Sudáfrica, donde vivió impune hasta su muerte.

La publicación del informe Makin, que se preparó durante más de una década, reveló una red de respuestas tardías y recursos inadecuados por parte de la Iglesia de Inglaterra, un hecho que ha enfurecido profundamente a las víctimas. “La justicia demorada es justicia denegada”, expresaron las víctimas, lamentando los años que tardaron en reconocer su sufrimiento. Señalaron directamente a la oficina de Welby como la causa principal de esta demora, enfatizando que la vacilación de la Iglesia solo intensificó su angustia.

En un giro particularmente polémico, el arzobispo Welby, que en su día había estado vinculado al campamento de Iwerne Trust como líder juvenil, ahora está implicado por supuestas omisiones a pesar de haber recibido información sobre el alcance de los abusos de Smyth en 2013. Su respuesta a estas revelaciones ha sido considerada inadecuada tanto por las víctimas como por el clero. En entrevistas, Welby reconoció su “incompetencia”, pero negó cualquier encubrimiento deliberado, un sentimiento que ha dejado insatisfechas a muchas víctimas.

La frustración por las acciones de Welby ha resonado dentro del liderazgo de la Iglesia, especialmente después de su entrevista de 2017 en LBC, donde afirmó erróneamente que el caso Smyth había sido denunciado a la policía. En realidad, no se había tomado tal medida, y fue solo a través de la intervención de la periodista Kathy Newman que finalmente se produjo la participación de la policía.

En una entrevista reciente con Newman, se le preguntó a Welby si su falta de acción estaba motivada por el deseo de proteger a la Iglesia. La respuesta de Welby fue reveladora: “Si este informe fue un golpe mortal para la institución, que así sea. Dios hará surgir otro”. A pesar de reconocer sus fracasos como “incompetencia”, la renuencia de Welby a renunciar ha alimentado los pedidos de su salida por parte de figuras dentro de la Iglesia, incluido el reverendo Fergus Butler-Gallie. En una carta abierta, Butler-Gallie pidió la renuncia de Welby, afirmando: “Por el amor de Dios, y solo por Él, por favor váyase”.

La aceptación por parte del arzobispo de la responsabilidad por su mal manejo del caso Smyth no ha suavizado el golpe para muchos, que argumentan que su respuesta carece de la acción necesaria para restaurar la fe en el liderazgo de la Iglesia. Con Welby ahora renunciando formalmente, deja un legado plagado de controversias y preguntas difíciles. ¿Abrirá su salida el camino para una Iglesia de Inglaterra más transparente y consciente del trauma? Para muchas de las víctimas de Smyth, sólo el tiempo dirá si este doloroso capítulo en la historia de la Iglesia conducirá a un futuro genuinamente restaurador.

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El informe identifica veintiocho víctimas y ocho sacerdotes que han cometido abusos. A lo largo del documento reconocen sus errores, piden perdón por el daño causado y explican las acciones que están realizando para evitar que esas situaciones se repitan en el futuro. También se detalla el camino que recorrieron para abordar esa dolorosa realidad y destacan los aprendizajes que han obtenido en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sobrevivientes.

La publicación de ese informe brota de la convicción del Consejo Provincial de los Padres de Schoenstatt en Chile. Motivados por su identidad mariana y de Alianza, hace más de dos años dieron inicio a un proceso de investigación histórica y jurídica que ha tenido por resultado una serie de mejoras en los procedimientos de su Comisión de Prevención y un profundo encuentro con su historia. El miércoles 30 de octubre publicaron las conclusiones de esa investigación esperando que el informe contribuya al reconocimiento de la memoria de las víctimas y sobrevivientes, y que situaciones de abuso nunca más vuelvan a repetirse. En una nota de prensa dicen: “Durante este tiempo nos animaron las palabras del Papa Francisco, quien pedía que todos como Iglesia pudiéramos tener “la valentía necesaria para mirar de frente el dolor causado, el rostro de sus víctimas y la magnitud de los acontecimientos” (Francisco 2018, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile).

El documento comienza con las palabras del P. Diogo Barata, Superior Provincial, quien reconoce, tomando el mensaje del Papa Francisco, que “el clamor de las víctimas llegó al cielo” y que su testimonio ha motivado este trabajo de revisión histórica.

“Quiero comenzar por agradecer profundamente a las víctimas, a sus familiares y amigos, y a diversos miembros y exmiembros del Movimiento de Schoenstatt quienes, con coraje, nos impulsaron a no mirar hacia otro lado. Fue su insistencia y perseverancia la que hizo despertar a nuestro Instituto, acelerar los procesos de investigación y las respectivas sanciones, avanzar en la prevención e iniciar caminos de reparación”, escribe el Provincial.

“No fue hasta que abrimos nuestros oídos y nuestro corazón, escuchando con toda la atención que merecían las víctimas, que comenzamos a ver la magnitud del dolor causado. Fue un camino de crecimiento lento en el cual cometimos errores y tuvimos muchas fallas que aumentaron todavía más el dolor de las víctimas”, añade.

Reconocimiento y petición de perdón

El informe reconoce los errores institucionales en la gestión de algunos de los casos y la falta de celeridad en los procesos de reparación. Como comunidad, los Padres de Schoenstatt “pedimos  perdón a las víctimas, sus familias y amigos, al Movimiento  de Schoenstatt, a la Iglesia y la sociedad, comprometiéndonos a un camino de sanación y reparación”, dijo el P. Diogo en la presentación del informe.

Medidas de reparación y prevención

El documento describe los procesos de reparación implementados para restaurar, en la medida de lo posible, la dignidad de las víctimas y sobrevivientes. Asimismo, explica el funcionamiento de la Comisión de Prevención y Acompañamiento del Instituto. Esa Comisión juega un rol fundamental en la recepción y gestión de denuncias relacionadas con situaciones abusivas y en la implementación de los planes de formación permanente como forma de prevención y promoción de ambientes seguros.

Además, la institución se ha comprometido a acompañar de manera integral a las víctimas durante los procesos judiciales abiertos y en el camino de reparación.

Compromiso con la justicia civil

El informe deja claro que el Instituto siempre colaborará plenamente con las autoridades civiles para que la justicia siga su curso. “Nos comprometemos a notificar inmediatamente cualquier delito que implique a menores y a colaborar de manera activa con la justicia civil y eclesiástica”, dice el informe

Invitación a la comunidad

El documento completo, que está disponible en la página web del Instituto, ayuda a comprender a fondo los hechos ocurridos -la mayoría de casos presentados son públicamente conocidos- y las acciones preventivas que se han tomado.

Este esfuerzo por la transparencia busca garantizar que esos hechos del pasado no se repitan y que las víctimas y sobrevivientes reciban el reconocimiento que merecen.

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Este informe inaugural se configura como una herramienta de rendición de cuentas y transparencia, impulsada por el mandato directo del Papa Francisco, quien ha dejado claro que la protección de menores es una prioridad central de su pontificado. En una reforma significativa de la Curia Romana, el Papa elevó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores para trabajar en estrecha colaboración con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con el compromiso de informar directamente al Santo Padre. 

Salvaguardias en la Iglesia: Un Camino de Aprendizaje y Cambio

Este informe pionero, dividido en cuatro secciones, examina las políticas de varias Iglesias locales, la eficacia de la Curia en la salvaguardia y la colaboración de la Iglesia en el ámbito social. Desde sus primeras páginas, el documento traza una transformación fundamental en la Iglesia: un avance hacia una mayor responsabilidad y transparencia. En palabras del cardenal O’Malley, la Comisión actúa con un mandato claro de «incluir y reconocer a las víctimas y supervivientes de abusos en la vida de la Iglesia». El cardenal denunció con firmeza el período en el que la Iglesia respondió de manera ineficaz a los abusos, calificando esa etapa como “oscura” y señalando que, afortunadamente, se avanza hacia una nueva era donde la escucha y la respuesta a las víctimas se vuelven prioritarias.

A través de iniciativas como la Iniciativa Memorare, la Comisión busca no solo revisar políticas de salvaguardia, sino promover una mejora continua en la capacitación de las personas involucradas en el ministerio de protección infantil. La presentación de este primer Informe Anual, señaló O’Malley, es parte de un ciclo continuo de evaluación y mejora que pretende generar un cambio significativo en la cultura de la Iglesia.

Un Enfoque Global: Desigualdades en la Protección y la Falta de Datos

Aunque en varios países la Iglesia ha implementado lineamientos estrictos que han reducido de manera drástica los casos de abusos, el informe revela que esta «curva de aprendizaje» no se ha producido en otras partes del mundo. La Comisión enfatiza especialmente las carencias en el Sur Global, donde la falta de recursos y datos limita los avances en salvaguardia. México, entre otros, se presenta como un ejemplo de esta realidad. La falta de estadísticas detalladas en muchas regiones impide el análisis profundo y la implementación efectiva de protocolos de protección, lo que, según la Comisión, requiere una mayor inversión en infraestructura para garantizar la rendición de cuentas.

Maud de Boer-Buquicchio, ex relatora especial de la ONU sobre explotación sexual, resaltó que el enfoque del informe se basa en los derechos humanos y está centrado en las víctimas, una perspectiva que busca poner en el centro de la misión de la Iglesia la dignidad de las personas. “El clamor por la justicia ha sido ignorado por demasiado tiempo”, señaló Buquicchio, y subrayó que la Iglesia debe responder a esta llamada con acciones contundentes.

 Retos y Compromisos para el Futuro

A pesar de ser una herramienta innovadora, la Comisión reconoce que el Informe Anual es un primer paso en un proceso de cambio y que deberá fortalecerse en futuras ediciones. Buquicchio adelantó que el próximo informe se enfocará en aspectos de reparación para las víctimas, destacando que el acompañamiento psicológico y social es esencial para promover una recuperación real y duradera.

El Informe también apunta que se necesita un trabajo extensivo para involucrar más a fondo a los religiosos y laicos en la salvaguarda de menores, ya que se busca que estos grupos desempeñen un rol activo en la vigilancia y apoyo a los protocolos de protección. Además, la Comisión reconoció la necesidad de mejorar la verificación de datos a través de un cruce de referencias con fuentes externas, con el objetivo de ofrecer informes cada vez más exhaustivos y confiables.

Reflexiones sobre el Celibato y la Prevención de Abusos

En el turno de preguntas, la Comisión también abordó un tema controvertido: la relación entre el celibato sacerdotal y los abusos. Buquicchio refutó cualquier vínculo directo, enfatizando que los abusos no se tratan de relaciones adultas sino de delitos graves contra menores. Según ella, insinuar una conexión entre el celibato y estos actos criminales es desviar la atención de la verdadera naturaleza de estos delitos, que exigen una respuesta judicial y un abordaje psicológico especializado.

O’Malley apoyó esta postura, señalando que la cuestión del celibato no tiene conexión demostrable con el abuso, según los estudios disponibles. De esta manera, la Comisión reafirma su enfoque en la protección de menores mediante sistemas de denuncia sólidos, formación en gestión de riesgos y el fortalecimiento de un entorno seguro para todos.

 Una Esperanza en la Transparencia y la Responsabilidad

El miembro de la Comisión y sobreviviente de abusos, Juan Carlos Cruz, expresó que nunca pensó que llegaría el día en que la Iglesia pudiera abordar este tema con tanta franqueza. «Estamos usando palabras que antes no se decían: ‘verdad’, ‘justicia’ y ‘reparación’”. Cruz agradeció al Papa Francisco por su compromiso sincero en la lucha contra los abusos y subrayó que este informe es un gran primer paso hacia una Iglesia más transparente.

Con este informe, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores no solo cumple un encargo del Papa, sino que da un mensaje a toda la Iglesia: el camino hacia una verdadera transformación requiere enfrentar el pasado y trabajar con firmeza para proteger a los más vulnerables.

El informe se puede consultar aquí en español.

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Tras la reunión del pasado mes de abril, el viernes 26 y sábado 27 de octubre han celebrado una nueva jornada formativa. En esta ocasión se han abordado dos temas: la familia como factor de riesgo y factor de protección y las oficinas como lugar de acogida y seguimiento de las víctimas.

Los abusos sexuales en el entorno familiar y en movimientos asociativos

El programa del viernes 25 de octubre incluía cinco ponencias, dos mesas redondas y un papel de experiencias que permitieron desarrollar, desde distintas perspectivas, el tema de los abusos sexuales en el entorno familiar y en movimientos asociativos. Precisamente por el tema que se trató, también estaban invitados los delegados diocesanos de Apostolado Seglar y Familia y los responsables de movimientos y asociaciones laicales.

Por la mañana se contó con las intervenciones de Javier de la Torre, director del departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana en la Facultad Teología de la Universidad Pontificia Comillas, que habló sobre educación afectivo-sexual en el entorno familiar, teniendo a los padres como protagonistas; Olalla Rodríguez, psicóloga y psicoterapeuta en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y responsable del Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica, que se centró en la familia como factor de protección y de riesgo de abusos; y la pedagoga Irene Arrimadas, directora del departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, que presentó la protección al niño como un deber de todos y cada uno y también se detuvo en el papel de padres y profesores ante los abusos en el seno de la familia. Tras las exposiciones, hubo una mesa redonda y un tiempo para el diálogo con estos tres ponentes.

La sesión de la tarde se abrió con la presentación del grupo de Justicia Restaurativa. Después, fue el tiempo para compartir experiencias. Así, Amparo Medina,como responsable de Protección y buen trato de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, explicó cómo trabajan la protección en Discapacidad. Mayte Gómez explicó la mirada al menor en el Movimiento Scout Católico, al que pertenece, para protegerle en el ámbito asociativo.

Las otras dos ponencias estuvieron a cargo de Montse Soria, coordinadora de Programas de Juventud de la Fundación Pere Tarrés, que habló sobre la violencia infanto-juvenil y familiar; y de Carlos Presa, director del departamento de Enseñanza y de la Oficina de Atención a Víctimas de la diócesis de Lugo, que contestó al interrogante ¿Cómo sanar el daño intrafamiliar?

Este primer día de encuentro se cerró con otra mesa redonda y el diálogo con los cuatro ponentes de la tarde.

Gestión, acompañamiento, terapia y derivación

Los trabajos del sábado 26 de octubre se han orientado a la gestión, acompañamiento, terapia y derivación en las oficinas de protección de Menores.

La jornada ha comenzado con la presentación del PRIVA por parte de Jesús Rodríguez Torrente y Jesús Miguel Zamora Martín, ambos miembros del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores, por parte de la CEE y de CONFER, respectivamente.

Después, el grupo de Trabajo de Victimología ha ofrecido unas claves y criterios para que una Oficina funcione bien. También han hablado del abuso desde otra perspectiva, la Teología del Abuso.

Además, se han escuchado otras dos conferencias. La responsable de la Oficina de Entornos seguros de la CONFER, Gloria Rodríguez, ha hablado sobre acoger, acompañar y derivar. Y sobre las heridas de los abusos y la función terapéutica ha hecho su exposición Almudena Olivares, también de la CONFER, pero de su centro médico-psicológico. Entre ambas intervenciones, se ha dedicado un tiempo a talleres por grupos.

Con unas palabras del secretario general, Mons. Francisco César García Magán, en torno a las 14.00 horas, se ha clausurado este VII encuentro.

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