El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el arzobispo Bernardito Aúza, expuso el 13 de octubre pasado en la 69 sesión de la Asamblea General, la posición de la Santa Sede sobre cómo definir el ‘estado de derecho’.
Porque, como precisó el observador: »Aunque el compromiso por el ‘estado de derecho’ pueda parecer universal todavía persistente el desacuerdo sobre la definición del mismo».
La Santa Sede pidió además «implementar el marco jurídico internacional sobre la responsabilidad común de proteger a las personas contra toda forma de agresión injusta», en particular delante del despiadado y feroz terrorismo internacional y cuando los Estados no logran proteger a su población y por lo tanto necesitan del apoyo multilateral para hacerlo.
La delegación de la Santa Sede ha apoyado una definición de ‘estado de derecho’ que se basa «en los principios fundamentales de la justicia, incluyendo la dignidad inalienable y el valor de cada persona humana antes de cualquier ley o consenso social».
Y como consecuencia «los elementos fundamentales de justicia, tales como el respeto del principio de legalidad (nullum crimen sine lege), la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo».
Por lo que se refiere a las relaciones entre los Estados, la Santa Sede indicó que «el ‘estado de derecho’ significa el máximo respeto por los derechos humanos, la igualdad de derechos de las naciones; y el respeto del derecho consuetudinario internacional, de los tratados (pacta sunt servanda) y de otras fuentes del derecho internacional».
Por ello, la Santa Sede pidió que «en los futuros debates sobre el ‘estado de derecho'» se ponga «más atención a la persona humana y a la sociedad en que vive», y precisó que «más allá de la policía, los tribunales, los jueces, los fiscales y todos el resto de la infraestructura jurídica, el ‘estado de derecho’ no se puede lograr sin la confianza social, la solidaridad, la responsabilidad ciudadana, el buen gobierno y la educación moral».
Y el arzobispo puntualizó: «La familia, las comunidades religiosas y la sociedad civil desempeñan un papel vital en la creación de una sociedad que promueva la integridad pública y la defensa del estado de derecho».
Todo esto sin olvidar que en el marco internacional que rige el estado de derecho están la Carta de las Naciones Unidas y los mandatos contenidos en sus fines y en sus principios.
Recordó también «el compromiso de los Estados de cumplir con su obligación de promover el respeto universal de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada individuo, así como de fomentarlos y protegerlos. Si el estado del derecho internacional tiene como objetivo reflejar la justicia, las estructuras para la protección internacional de las personas deben ser aplicadas con justicia e imparcialidad por los Estados con el fin de garantizar la igualdad de recurso a las protecciones disponibles contenidas la Carta de las Naciones Unidas».
Y Mons. Aúza precisó: «Me refiero en particular a las minorías religiosas y étnicas en el Oriente Medio y otras regiones, que esperan medidas urgentes para obtener esta protección, incluso a través de una posterior elaboración jurídica de la responsabilidad de proteger».
»La ‘responsabilidad de proteger’ es un reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley, basada en la dignidad innata de cada hombre y de cada mujer. La Santa Sede desea reafirmar que todo Estado tiene el deber fundamental de proteger a la propia población de las graves y prolongadas violaciones de los derechos humanos y de las consecuencias de las crisis humanitarias».</p>
«Si los Estados -prosigue el observador de la Santa Sede- no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional debe intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de las instituciones internacionales, siempre y cuando respete los principios que son la base del orden internacional, no puede ser interpretada como una imposición injustificada o como limitación de soberanía».
Por último, Mons. Aúza añadió que la Santa Sede espera que el fenómeno cada vez más alarmante del terrorismo internacional, »nuevo en algunas de sus expresiones y profundamente despiadado en su barbarie, pueda representar una oportunidad para un estudio más detallado y urgente sobre cómo implementar el marco jurídico internacional de la aplicación multilateral de nuestra responsabilidad común de proteger a las personas contra toda forma de agresión injusta».
