(zenit – 11 octubre 2020).- Un decreto del presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, cardenal Giuseppe Bertello, modifica la Ley XVIII del 8 de octubre de 2013 sobre “transparencia, control e información financiera”, indica la Santa Sede. En particular, para “evitar los riesgos relacionados con las actividades misioneras y caritativas”.
“Estos cambios son parte del proceso de reforma deseado por el Papa Francisco para que la gestión de los recursos económicos del Vaticano sea cada vez más correcta y transparente”, comenta Radio Vaticano (Sergio Centofanti) que entrevistó sobre este tema a Carmelo Barbagallo, presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), la institución competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, fundada por el Papa Benedicto XVI.
Colaboración interna
Sobre la importancia de la Ley XVIII, Carmelo Barbagallo subraya que “esta legislación es el referente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo”: “Se trata de un texto en continuo y progresivo desarrollo, que tiene en cuenta las fuentes comunitarias de referencia en la materia – que la Santa Sede se ha comprometido a transponer con la Convención monetaria entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano de 2009 – y características de la jurisdicción. Permite que la legislación del Vaticano esté permanentemente alineada con los mejores estándares internacionales. Tal trabajo no hubiera sido posible sin la participación activa de todos los actores involucrados: la Secretaría de Estado, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Secretaría de Economía, así como la Autoridad de Información Financiera. Por tanto, aprovecho esta oportunidad para agradecéroslo a todos”.
Mecanismos y controles de defensa
Indica que la AIF ha tenido en cuenta las directivas cuarta y quinta de la Unión Europea “sobre loa prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
Observa que el “progreso” ha permitido “hacer cada vez más eficaz la actividad de vigilancia, en primer lugar intensificando los mecanismos de colaboración entre las distintas autoridades implicadas».
Subraya la “estrategia global” de control sobre la reforma de las finanzas de la Santa Sede y del Vaticano: “Las últimas modificaciones de la Ley XVIII son parte de una estrategia de cara a hacer la gestión de las fianzas del vaticano cada vez más transparentes, en el marco de controles intensivos y coordinados. Es un camino que se ha acelerado desde 2010, con la creación de la Autoridad de Información Financiera, y que encuentra su expresión más reciente y más significativa en el motu proprio del 1 de junio y en la Ordenanza del 19 de agosto de 2020, concerniendo respectivamente a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y la obligación de informar sobre actividades sospechosas de asociaciones y personas jurídicas” empleadas en el Vaticano.
Para el director de la AIF, “la Ley XVIII ha fortalecido aún más los mecanismos de defensa y los controles de las entidades que, en el ejercicio de sus nobles objetivos, se ven afectadas de diversas formas por los flujos financieros: organizaciones sin fines de lucro , personas jurídicas, organizaciones de voluntariado, autoridades públicas”.
Posiciones irreversibles
Coloca la dignidad humana en el centro de estas medidas: “Es un deber fundamental de todo tipo proteger y defender la dignidad de cada persona. En este contexto, la gestión prudente y el control efectivo no son solo deberes legales sino también morales. Esto es tanto más cierto cuando se controla el flujo de dinero. Flujos que pueden estar al servicio de una causa justa, pero que a veces pueden resultar de actividades ilegales y luego ser “depurados” o destinados a sembrar el terror. La toma de conciencia de las amenazas y de vulnerabilidades potenciales, la efectividad de los controles, la transparencia de las opciones financieras también contribuyen a evitar los riesgos que podrían condicionar las actividades misioneras y caritativas de la Iglesia Católica”.
“Por mi parte, concluye el director de la AIF, estoy convencido de que las modificaciones realizadas a esta ley, así como a toda la normativa adoptada en los últimos años, podrán demostrar, tanto a nivel interno como a los observadores externos, el compromiso firme de la Iglesia en un tema en el que toma una posición irreversible”.
Traducido por Raquel Anillo
