Por: P.Jorge Enrique Mújica, L.C.
El jueves 27 de mayo de 2021 Rosanne Casimir, jefa de la reserva Tk’emlups te Secwépmc, habitada por indígenas shuswap, hizo público el hallazgo de 215 cuerpos de niños indígenas en una fosa del “Kamloops Indian Residential School”, en la provincia de la Columbia Británica de Canadá. El informe de Casimir recogía que se desconocían las causas de las muertes. Un equipo había hallado un fin de semana antes del reporte los restos humanos gracias al empleo de radares de penetración terrestre.
Ya en 2015 una comisión había publicado un informe sobre el tema de las residencias para niños nativos que el gobierno había fundado y puesto en manos de varias asociaciones religiosas, entre ellas la católica. Según las declaraciones de Rosanne los 215 niños no estarían incluidos en aquellos reportes de 2015.
No tardó mucho en regarse la pólvora de la acusación contra la iglesia católica en particular. Marc Miller, ministro de asuntos indígenas, dijo que se trataba de una vergüenza nacional mientras que el primer ministro Justin Trudeau se desahogó en Twitter diciendo que las revelaciones le rompían el corazón. No tardó mucho en cambiar el discurso al grado de posteriormente pedir al Papa y a la Santa Sede que se disculpara por los acontecimientos, determinando así la narrativa de los días sucesivos.
Efectivamente, entre 1883 y 1996 unos 150 mil niños indígenas pasaron por una de las más de 130 residencias para infantes nativos que instituyó el gobierno canadiense, inicialmente todavía como parte del Imperio Británico, con la finalidad de asimilar a la población indígena. La gestión de las residencias fue confiada a varias asociaciones religiosas, también a algunas católicas, pero no sólo. En una etapa de esas instituciones, hacia la parte final, fue el mismo gobierno canadiense el que directamente las gestionó. En particular, la residencia de Kamloops -la de este caso- fue confiada a los Misioneros Oblatos gran parte del periodo en que estuvo operando, siendo esta la mayor residencia del país por cuanto a cantidad de alumnos se acogió.
Diferentes medios de comunicación -los de siempre más Trudeau- se han aventurado a insinuar los acontecimientos calificándolos de genocidio y a culpar exclusivamente a la Iglesia católica por ellos. Ante todo, habría que recordar que las residencias no fueron iniciativa de la Iglesia ni de ninguna otra confesión religiosa sino totalmente proyectos del gobierno civil que buscaba integrar a la población nativa a la sociedad canadiense a través de instituciones con esa finalidad. Las asociaciones religiosas se ocupaban de la disciplina en las escuelas, de la educación y de la organización del día a día al interior de las mismas. Como los niños y niñas vivían en las escuelas por eso eran llamadas “residencias”.
Hacia 1920 el gobierno legisló y se hizo obligatorio el que los niños indígenas fuesen a esas residencias. No fueron las iglesias las que arrebataban a los niños a algunas familias sino el gobierno por medio de una ley. Por otra parte, algunos niños ya eran huérfanos, lo que facilitaba aún más el traslado por parte del gobierno a una de las residencias.
Llama la atención que el discurso dominante liderado por el primer ministro sea el de señalar a la Iglesia como la culpable: llama la atención porque de hecho la persona que dio a conocer el hallazgo dijo claramente en el informe que se desconocen las causas de las muertes de los niños y al menos hasta mediados de junio de 2021 no se espera que se puedan publicar las causas. Igualmente, la Comisión de 2015 dijo oficialmente que al menos la mitad de los niños que murieron en residencias había perecido por causa de la tuberculosis y otros más por gripe y neumonía. Otras más lo habrían hecho también por ahogamiento, hipotermia y finalmente pocos más por suicidio. No parece que los hechos hasta este momento se correspondan con el discurso, aunque a decir verdad a Trudeau le está funcionando: una encuesta reciente muestra que el 66% de los canadienses considera que las instituciones religiosas que gestionaban las residencias eran las responsables mientras que un 34% culpa al gobierno. Si esto fuese un partido el gobierno llevaría ya un gol. Si eso fuera una serie de tv el malo ya no sería el gobierno.
Es legítimo preguntar si los niños que morían entonces tenían acceso a vacunas que en todo caso debería proporcionar el gobierno -piénsese la fácil correspondencia que se puede hacer entre tiempo y aparición de las mismas- o en los enseres necesarios como ropa adecuada y alimentos que también el gobierno debía -¿y daba?- a niños en un país donde las temperaturas no son las de Cancún y las residencias eran su propiedad. Estas preguntas se derivan de algo tan evidente que, de hecho, las denuncias por malos tratos a la población indígena fueron canalizadas en 2007 por un organismo gubernamental que llegó a acuerdos monetarios de reparación entre los afectados y el gobierno canadiense, no contra la Iglesia católica o cualquier otra asociación. El gobierno de Canadá tuvo que desembolsar 3,230 millones de dólares canadienses a 27,800 personas indemnizadas.
¿Qué hay entonces detrás de toda esta campaña emotivista que se aprovecha de la muerte de niños y que abandera Justin Trudeau? A finales de junio de 2021 vence el plazo para que el primer ministro saque iniciativas legislativas en un congreso en el que no tiene mayoría su partido (el Partido Liberal de Canadá). Entre las iniciativas de ley en puerta está la aprobación de leyes indigenistas como la Ley C15 por la cual se sustrae de la soberanía del país a las poblaciones indígenas. Esa es una política impulsada por la ONU para un objetivo muy sencillo y que no es el de proteger al indígena: posibilitar que las empresas entren directamente, y sin mediación del estado, en contacto con la población autóctona sustraída del poder del gobierno del país para poder quitarles sin trabas sus tierras a través de “proyectos” que explotan la biodiversidad, minerales o petróleo. Después de todo eso es más sencillo que hacerlo por medio de las instancias gubernamentales y toda su burocracia.
La otra iniciativa es la Ley C5 que busca crear un nuevo feriado por el que se benefician, sobre todo, los políticos teniendo como pretexto la “opresión indígena”. O en otras palabras: un feriado para que los políticos no trabajen a través de la manipulación emocional pues si te opones te tachan de racista. E igual hasta te echan del partido, como le sucedió a una senadora expulsada del Partido Conservador por no seguir la ideología indigenista en enero de 2021. Los únicos que la defendieron fueron… los indígenas.
El Papa Francisco, no obstante, quiso pronunciarse sobre los hechos en su alocución al final del rezo de la oración mariana del Ángelus el domingo 6 de junio. Dijo:
“Sigo con dolor las noticias procedentes de Canadá sobre el espantoso descubrimiento de los restos de 215 niños, alumnos del Kamloops Indian Residential School, en la provincia de Columbia Británica. Me uno a los obispos canadienses y a toda la Iglesia católica de Canadá para expresar mi cercanía al pueblo canadiense, traumatizado por esta impactante noticia. El triste descubrimiento aumenta nuestra conciencia del dolor y el sufrimiento del pasado. Las autoridades políticas y religiosas de Canadá sigan colaborando con determinación para esclarecer este triste suceso y comprometiéndose humildemente en un camino de reconciliación y sanación”.
“Estos tiempos difíciles son un fuerte llamado para que todos nos alejemos del modelo colonizador y también de las colonizaciones ideológicas de hoy, y para que caminemos juntos en el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos y valores culturales de todas las hijas e hijos de Canadá. Encomendamos al Señor las almas de todos los niños que murieron en los internados de Canadá y rezamos por las familias y comunidades nativas canadienses sumidas en el dolor. Recemos en silencio”.
Los obispos católicos de Canadá, días antes, ya se habían pronunciado al respecto (véase el comunicado en lengua inglesa), y de hecho el Papa mismo en sus palabras se pone en continuidad con lo dicho por ellos. Pero hay algo sutil que no pasa desapercibido: el Papa también parece responder a Trudeau al referir la colonización ideológica que se vive hoy. Una colonización que el primer ministro ha sabido canalizar muy bien durante todo su gobierno.
Por lo pronto, a pesar de sus palabras, el Papa tiene el horizonte la intención de ser visitado por Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de Primeras Naciones y David Chartrand, vicepresidente del Consejo Nacional Métis. Se trata de las dos principales asociaciones indígenas de Canadá. ¿Y para qué quieren ver al Papa? Para solicitar que el Papa se disculpe.
Curiosamente, ya en el discurso que san Juan Pablo II dio a los indios canadienses en su vista de 1984 evidenció el trato dispensado por parte del gobierno canadiense a los indígenas (punto 5 de su discurso). Hoy el gobierno canadiense parece simplemente devolver la pelota al campo contrario. Una estrategia que a Trudeau parece estarle funcionando.
