Por: P. Jorge Enrique Mújica, L.C.
(ZENIT, 23 de junio de 2021).- En noviembre de 2020 la Cámara de Diputados de la República Italiana aprobó un diseño de ley presentado por el diputado del Partido Democrático Alessandro Zan y cuyo objetivo era la protección de homosexuales y transexuales pero también de mujeres y personas con alguna discapacidad contra actos “violentos y discriminatorios” directamente contra ellos o indirectamente orientados hacia ellos. La votación fue de 265 votos a favor y 193 en contra. El proyecto se encuentra ahora en el Senado.
El diseño tiene muchos defectos: uno que ya se puede adivinar es qué entiende exactamente el legislador por actos “violentos y discriminatorios” pues en ese saco en realidad se meten muchas cosas, como la presentación del pensamiento crítico como acto de violencia y discriminación.
A la base de este proyecto de ley está el concepto “identidad de género” que, según el proyecto de ley “se entiende la identificación percibida y manifestada de sí con relación al género, incluso si no corresponde al sexo, independientemente de haber concluido un proceso de transición”. Esta consideración cancela el dualismo “hombre” y “mujer” a favor de una fluidez de género basada en la propia percepción del sujeto, privada de toda forma de estabilidad y orillando a una forma de indeterminación que el derecho como ciencia no puede admitir. No puede admitir porque si el derecho se basase en la propia autopercepción, independientemente de una intervención del mal llamado “cambio de sexo”, una mujer que se siente hombre no puede negársele el acceso al baño de hombres, a la cárcel para hombres o en los deportes masculinos. En caso de que sujeto sea un hombre que se siente mujer no habría razón para que se le negase la “cuota rosa” que hoy tanto se exige en política o trabajos.
Pero no es todo lo que prevé la ley: también está el que en la jornada nacional contra la homofobia y la transfobia se den lecciones a todos los niños obligatoriamente, también a los niños de escuelas privadas católicas, incluso si va contra el ideario del colegio e incluso si los papás, tanto en colegios públicos como privados, no están de acuerdo. Y aún más: la ley es un atentado contra la libertad de expresión: según esta ley, si cualquier ciudadanos osase pensar y manifestar que un hombre transexual no es una mujer, podría ir a la cárcel.
Todo esto explica mejor por qué la Santa Sede, a través de la Secretaria de Estado, manifestó este martes 22 de junio su desacuerdo por el diseño de ley así como está formulado: no porque esté a favor de la discriminación sino justamente porque está en contra de ella, en este caso de la que se practicaría contra ciudadanos que osen pensar distinto en esta materia. Por otra parte, en términos de relaciones bilaterales entre países, ese diseño de ley contradice el Concordato (acuerdo) entre Italia y la Santa Sede con relación “de organización, de ejercicio público del culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal, o de libertades sancionadas por el artículo 2, número 1 y 3” del Concordato de 1984. O en otra palabra: si el Senado aprueba esta ley va contra aquello que previamente ha acordado con otro estado. Lo que en palabras sencillas y llanas podemos llamar “faltar a la palabra dada”.
No se trata por tanto de una intromisión de la Santa Sede en la legislación de un país sino de una legítima preocupación manifestada por vía diplomática pues ha sido el “ministro de asuntos exteriores de la Santa Sede” el que ha transmitido la preocupación al embajador de Italia ante la Santa Sede, es decir: se han seguido los canales habituales propios de la praxis diplomática en que el Vaticano tiene una milenaria experiencia. Es de destacar, finalmente, que la Santa Sede no se opone a todo el proyecto de ley sino sólo a las partes que atentan contra la libertad de expresión y la imposición de la ideología de género en la vida de los niños y sus familias. Máximo si es en las escuelas católicas.
