Eutanasia: la verdad de la pendiente resbaladiza con Canadá como ejemplo

Por: Germán Cerdá Olmedo

(ZENIT Noticias – Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia / Valencia, 11.01.2023).- Los gobiernos que impulsan la eutanasia lo hacen dentro del máximo compromiso de preservar el respeto a la libertad y autonomía de sus ciudadanos y con la única intención de dar respuesta a una vivencia de «sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios» (1)

Sin embargo, la realidad es que en los países donde se ha regulado la eutanasia y el suicidio asistido, los criterios de indicación de eutanasia se van relajando progresivamente, hasta el punto de permitir acabar con la vida de personas sin patologías incurables, con discapacidad, enfermedad mental o sin una petición explícita.

Países como Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo, ya desde 2002, legalizaron la eutanasia y el suicidio asistido mediante la receta de una medicación letal para la autoadministración.

Lo que es bien cierto, es que la aprobación de estas leyes supone un muy importante ahorro económico para las arcas de los gobiernos en el ámbito sanitario. Un caso paradigmático de esta situación es lo que viene ocurriendo en Canadá.

Canadá cuenta desde 2016 con una ley (C-14) (2) que permite la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. Ambas variantes de terminar con una vida se incluyen en el concepto de «Ayuda médica para morir» (MAiD). Aquí, de nuevo, nos encontramos con el asunto del lenguaje, utilizando eufemismos como «ayuda médica para morir» para evitar términos como eutanasia o suicidio asistido que definen claramente estas prácticas pero que pueden percibirse por los ciudadanos más negativamente.

Según los datos recogidos en el tercer informe anual sobre Asistencia médica para morir en Canadá (MAiD)2021 (3) el ministerio de salud reconoce más de 30.000 muertes al amparo de esta ley. En la provincia canadiense de Quebec, el 5,1% de las muertes son debidas a las prácticas del MAiD.

La ley C-14 permitía la MAiD a canadienses adultos, en una situación grave e irremediable, mediante una solicitud ante 2 testigos independientes, con la capacidad de retirar la petición en cualquier momento y tras un periodo de reflexión obligatorio.

Sin embargo, en Febrero 2021 entra en vigor una nueva ley (C-7) que deroga la exigencia, para poder acceder a la MAiD, de que la muerte natural debe ser razonablemente previsible, por tanto, abre la posibilidad de poder provocar la muerte a personas con enfermedades crónicas no terminales, discapacidad, o con sufrimiento físico o psicológico que se consideren intolerables.

Inicialmente la Ley C-7 excluía los trastornos psiquiátricos de las causas para solicitar le ayuda médica a morir (MAiD), al igual que su predecesora C-14. Sin embargo, existía cierta confusión con el concepto de sufrimiento psíquico, que sí estaba contemplado en la Ley como causa de solicitud de MAiD.

Esta exclusión de las enfermedades mentales para acceder a la ayuda médica a morir fue considerada, por los defensores de la eutanasia, como una discriminación para las personas con patologías mentales. Fruto de esta controversia, se presentó una enmienda al senado canadiense que, 18 meses después de la aprobación de la ley C-7, eliminaba la exclusión de la MAiD a los enfermos mentales y por tanto, ya se podía aplicar la eutanasia y el suicidio asistido a pacientes con patologías mentales.

La trascendencia ética de esta decisión, que ahonda en las propias de la eutanasia y el suicidio asistido, es grande y un ejemplo claro de cómo se cumple la ley de la pendiente resbaladiza: una vez aceptada la existencia de vidas prescindibles, ya no hay motivos ni freno racional para limitar lo que se considera un derecho.

En palabras de Wesley J. Smith JD, un conocido abogado y escritor estadounidense «Una vez que una sociedad acepta la muerte prescrita por un médico como una respuesta aceptable al sufrimiento humano o como una especie de derecho fundamental a la libertad, no hay frenos. Sólo necesitamos mirar a los países europeos que han recorrido la autopista de la eutanasia para ver cómo la sociedad se ve perjudicada al aceptar matar como una respuesta adecuada al problema del sufrimiento humano».

Esta ley, y otras en el mismo sentido, que permiten la aplicación de la asistencia médica para morir a enfermos mentales, supondrán un cambio radical y profundo en la actividad profesional de los psiquiatras. Éstos, deberán decidir qué «suicidios deben ser evitados o cuales deben ser permitidos o instigados». Y se cuestionarán asuntos como ¿Hasta qué punto se deben seguir impulsando los esfuerzos de prevención del suicidio, si en pacientes con depresión mantenida se considera que el suicidio asistido es una opción? Otro claro ejemplo de progresiva permisividad con las medidas restrictivas que pone de manifiesto la realidad de la «pendiente resbaladiza».

Otro aspecto llamativo de la ley C-7 es que establece un sistema de dos niveles para el acceso a los servicios de salud. Los pacientes con enfermedades terminales pueden ser evaluados para la eutanasia, e incluso les puede ser administrada, el mismo día, sin periodo de espera. Mientras, los pacientes que no tienen una enfermedad terminal esperan 90 días o más para poder ser atendidos en una consulta psiquiátrica u otros tratamientos. Con esto, se agrava la desesperación y la indefensión de aquellos que esperan una opción para afrontar su situación, respecto aquellos que, en un momento determinado en el que viven un sufrimiento intenso, se le facilitan con extremada agilidad los recursos para la MAiD.

Ahora en estos países se empieza a debatir sobre «otras condiciones no médicas» no relacionadas directamente con la salud, cómo pueden ser la falta de sentido o el cansancio existencial para justificar la eutanasia o el suicidio asistido. Incluso, en Suiza existen diferentes asociaciones que ofrecen los medios para al autoadministración de unos medicamentos letales para llevar a cabo un suicido asistido. Esto está propiciando la aparición del llamado «turismo de la muerte o turismo suicida»… una pendiente resbaladiza sin freno.

Los datos de las prácticas de eutanasia y suicidio asistido en Canadá

Los datos recogidos en el tercer informe anual sobre Asistencia médica para morir en Canadá 2021 (3) son extremadamente reveladores del impacto de esta ley y del impacto real del efecto de la pendiente resbaladiza.

En el año 2021 se ha realizado en Canadá 10.064 prácticas de eutanasia o suicidio asistido, lo que supone nada menos que un 3.3% de todas las muertes en este país. Esta cifra supone un incremento del 32,4% con relación a las cifras del informe de 2020.

La progresiva permisividad de las leyes de la MAiD, ha supuesto un crecimiento paralelo en el número de estas prácticas claramente visible a la luz de los datos del número de acciones eutanásicas y suicidios asistidos realizados: En 2016 se practicaron 1.018, en 2017 fueron 2.838, en 2018 ya ascendieron a 4.480, en 2019 llegaron a 5.661, en 2020 se produjeron 7.603 y los ya referidos 10.064 casos de 2021. Es decir, un total de 31.124 muertes por eutanasia y suicidio asistido en Canadá desde 2016, primer año de aplicación de la ley C14, posteriormente ampliada y corregida por la C7.

Estos datos ponen de manifiesto un problema social de fondo que está arraigando en los países del primer mundo. Se trata de una visión simplista en la que la vida sólo tiene sentido sin sufrimiento. Esto, acaba haciéndonos cada vez más vulnerables ante la realidad no deseada, poniendo de manifiesto nuestra gran dificultad -cuando no la completa incapacidad, personal, social y política- de enfrentarla.

La carencia de recursos personales frente al sufrimiento se traduce en una sociedad con cada vez menos tolerancia a la frustración.

«En esta sociedad de la multiculturalidad, la globalización, del emotivismo, del individualismo, de la revolución digital, tecnológica y científica y del relativismo ideológico… el sufrimiento no tiene cabida.

La felicidad y sufrimiento aparecen como opuestos, inmiscibles e incompatibles. La búsqueda de la felicidad se convierte de este modo en una mera huida del sufrimiento» (4).

En nuestras sociedades occidentales, el sufrimiento no está previsto, no debería existir, incluso se llega a considerar un derecho el no sufrir. Cuando aparece… es un «fallo del sistema».

Esto nos deja cada vez más expuestos e indefensos ante el sufrimiento inevitable. Ante el sinsentido del sufrimiento que no sabemos interpretar, y por ello mismo, no podemos integrar en nuestra vida. Hasta tal punto somos incapaces de asumirlo y afrontarlo, que preferimos provocar la muerte, acabando sí con el sufrimiento, pero también con todo… absolutamente todo lo que nos hace personas.

«En nuestra sociedad moderna, para el evitar el sufrimiento, cada vez se producen más “renuncias” a la vida; a esa vida real no idealizada en la que está presente el bien, pero también el mal; y por ello el sufrimiento como la experiencia personal de ese mal» (5)

La dimensión económica de la eutanasia y el suicidio asistido

La eutanasia y el suicidio asistido tienen, sin duda, otra dimensión de gran calado en la que habitualmente no se hace hincapié pero que, sin embargo, tiene una gran importancia para entender la realidad que estamos viviendo: el impacto económico de su implantación.

En gran medida se puede entender el interés de determinados gobiernos en facilitar y estimular estas prácticas porque, en definitiva, permiten acabar pronto con la vida de ciudadanos improductivos socialmente y con un alto consumo de recursos públicos y sociales.

Son medidas con una repercusión en las cuentas del estado nada despreciables, que suponen un ahorro económico importante sin un coste electoral significativo, ya se explican como un avance social y no como un recorte en inversión en cuidados a los más vulnerables. Justificado con frecuencia con argumentos como el que los costes sanitarios para cuidar a los pacientes en su último año de vida son «desproporcionadamente» altos: estos representan solo el 1% de la población, pero consumen entre un 10-20% de los costes sanitarios. Sin tener en cuenta que, además del gasto, la gran mayoría por su propia situación personal (5) son improductivos socialmente.

Pero pongamos cifras: En Canadá desde la legalización de estás practicas en 2016 el estado ha ahorrado 66 millones de dólares. Parece evidente que la «pendiente resbaladiza» se traduce progresivamente cada vez en más ahorro.

Los defensores más francos de la eutanasia –como el fundador de Hemlock, Derek Humphry– han admitido que el control de costes es el «argumento no declarado» a favor de la legalización (5)

Los investigadores de la Universidad de Calgary afirman que el ahorro podría ser de hasta 139 millones de dólares anuales. (5)

Si bien el argumento económico no es públicamente admitido ni utilizado para la defensa de la actitud eutanásica por su difícil encaje ético, es sin duda un «efecto colateral» muy apreciado por los gobiernos que legalizan y estimulan la eutanasia y suicido asistido.

Notas: