Luca Volonte
(ZENIT Noticias – La Bussola Quotidiana / Washington, 18.12.2023).- Confirmando la vieja regla, el que paga manda, como querían demostrar Joe Biden y Kamala Harris, después de haber recibido llamativas donaciones de las multinacionales del aborto la pasada campaña electoral y haber abolido todas las leyes provida de Trump, ahora compensan a las propias industrias abortistas con fastuosas subvenciones públicas, mientras que a los obispos católicos les toca mendigar poco dinero para la protección de los lugares de culto y la seguridad de las parroquias.
En los últimos días, a petición de miembros provida del Congreso estadounidense, la «Government Accountability Office» (Gao), la oficina de transparencia de la administración federal, ha tenido que publicar la última serie de datos que ilustran la cuantía de la financiación pública a Planned Parenthood y otras organizaciones abortistas internacionales. El informe Gao fue solicitado por primera vez a principios de 2022 por 142 miembros del Congreso, encabezados por la senadora republicana de Tennessee Marsha Blackburn y el congresista de Nueva Jersey Chris Smith, que pusieron de manifiesto su preocupación por el uso del dinero de los contribuyentes para financiar servicios de aborto.
Entre 2019 y 2021, Planned Parenthood en EEUU recibió 1.780 millones de dólares en subvenciones del presupuesto estatal, es decir, de los contribuyentes. El Congreso solicitó los informes del Gao sobre la financiación pública de Planned Parenthood desde 1994. En los últimos 29 años, los contribuyentes estadounidenses han tenido que pagar al menos 7.900 millones de dólares en subvenciones para los abortos de Planned Parenthood y su administración de medicamentos transgénero, bloqueadores de la pubertad y cirugías irreversibles. Desde que el Gao comenzó a publicar estos informes en 1994, Planned Parenthood recibía 163 millones de dólares al año y realizaba alrededor del 9% de todos los abortos en EEUU, ahora reciben miles de millones y Planned Parenthood realiza más del 40% de todos los abortos del país, convirtiéndose progresivamente en una industria de propiedad pública que domina el bárbaro mercado del asesinato de inocentes. En 2021, Planned Parenthood tenía 567 instalaciones, de las cuales 391 realizaban abortos, con un aumento de las instalaciones que solo realizan abortos químicos (píldora abortiva), que ahora superan en número a las instalaciones que realizan abortos quirúrgicos.
En 2021, los contribuyentes estadounidenses pagaron una media de 1,4 millones de dólares por cada centro de Planned Parenthood que realizaba abortos en todo el país. A pesar de las numerosas iniciativas para limitar la financiación federal a la industria del aborto bajo la administración Trump, Planned Parenthood todavía recaudó más de 550 millones de dólares cada año entre 2019 y 2021, una montaña de dinero que, sin embargo, parece ser una migaja en comparación con la financiación que la Administración Biden está otorgando a estos abortistas cada año. Una de las victorias políticas más importantes de la Administración Trump, entre las muchas a favor de la vida por nacer del concebido, había sido la «Regla de protección de la vida», que interpretaba correctamente el estatuto de planificación familiar del Título X para exigir una separación física y financiera completa entre las clínicas del Título X y los centros abortistas.
Sin embargo, se produjo un fuerte aumento de la financiación de Medicaid por parte del Departamento de Sanidad entre 2020 y 2021, debido a la mayor implicación de Planned Parenthood en la prestación de servicios Covid-19 y al aumento de la contribución federal para Medicaid establecida por la Ley Cares, una respuesta a la pandemia. Según el informe de Gao, a Planned Parenthood se le retiraron unos 90 millones de dólares en préstamos contraídos durante la pandemia de Covid-19. Se suponía que estos préstamos se concederían a Planned Parenthood. Se suponía que estos préstamos debían concederse a pequeñas empresas de hasta 500 empleados, pero curiosamente también se concedieron a Planned Parenthood, que en cambio tiene más de 16.000 empleados, a través de sus filiales en EE.UU. y en todo el mundo.
La administración Biden aumentó en conjunto la financiación a Planned Parenthood en un 373% en comparación con la administración Trump, según los datos del informe Gao, y en 2021 también revocó una norma de la administración Trump que impedía a las organizaciones extranjeras utilizar fondos para prestar servicios de aborto. Además de Planned Parenthood, otros cinco proveedores de abortos, entre ellos Marie Stopes International Reproductive Choices, han recibido cientos de millones de financiación para sus actividades asesinas. Mientras favorece a los abortistas asesinos, patrocinadores de su propio partido y de su propia campaña, Biden está ganando mucho dinero para acumular una importante fuente de apoyo de cara a las próximas elecciones de 2024, no sólo no se financia a los centros de embarazo provida sino que se les combate, sino que además el gobierno federal mantiene un férreo control sobre los culpables y las amenazas físicas de violencia y vandalismo que están sufriendo los centros e iglesias provida, mientras que cada semana surgen nuevos e inquietantes detalles sobre la decisión del FBI de infiltrarse en las comunidades católicas y cardar a los fieles en el catecismo de la Iglesia.
Por último, resulta asombroso el silencio del devoto católico Joe Biden ante la petición de ayuda de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que lleva solicitando desde el mes pasado, incluso en una carta al Congreso, al menos 200 millones de dólares en fondos federales para apoyar mejoras en la seguridad de los lugares de culto y otras organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Miles de millones para los que matan a inocentes y unos pocos millones, quizá, para los que salvan a madres y bebés?
Traducción del original en lengua italiana realizada por el director editorial de ZENIT.
