Giorgio Bernardelli
(ZENIT Noticias – Asia News / Milán, 02.04.2024).- “Un sistema injusto necesita reglas para funcionar y perpetuarse, del mismo modo que las necesita un sistema justo. No sólo eso, las reglas a menudo pueden encubrir la injusticia con un velo de legitimidad institucional, facilitando la implantación del mal a gran escala mediante la eficiencia y la indiferencia burocrática”.
Tras ser aprobada en un tiempo récord (y por rigurosa unanimidad), el sábado 23 de marzo entrará en vigor en Hong Kong la versión «local» de la Ley de Seguridad Nacional, que en nombre del artículo 23 de la Basic Law restringe aún más cualquier espacio para la expresión de la disidencia. Muchas voces han señalado y con razón en las últimas horas que esta nueva medida socava los derechos humanos fundamentales en nombre de la «seguridad nacional». Pero sólo las palabras citadas anteriormente que consiguió hacer salir de la cárcel Chow Hang-tung – abogada y activista pro democracia, detenida desde 2021 por ser uno de los organizadores de la vigilia que cada año conmemoraba el 4 de junio en Hong Kong las muertes en la plaza de Tiananmen – explican la esencia de la demostración de fuerza impuesta en los últimos días por John Lee, el hombre que Beijing ha colocado al frente del gobierno de Hong Kong para cancelar definitivamente la temporada de protestas de 2019.
Lo que más escandaliza al mundo son las penas draconianas como la cadena perpetua por delitos como «traición» o «insurrección», el endurecimiento de las condenas por «sedición», la posibilidad inmediata de despojar de la ciudadanía a los perseguidos políticos que se han refugiado en el extranjero, la barbarie jurídica de poder incluso negar la entrevista con un abogado en las primeras 48 horas después de ser arrestado por la policía. Pero en el fondo hay muy pocas «novedades» respecto al viento que sopla en Hong Kong desde hace cuatro años.
Porque ya en este momento hay 1.832 personas en la cárcel por motivos políticos en la antigua colonia británica. Ya en este momento, en el juicio más sonado que se está desarrollando en Hong Kong – contra Jimmy Lai – está testificando como si nada ocurriera Andy Li, un joven ex activista pro democracia que fue detenido en el mar mientras intentaba llegar a Taiwán con otros 11 compañeros, pasó 7 meses en las cárceles de la República Popular China y después reapareció en un centro psiquiátrico de Hong Kong, con la fuerte sospecha de que ha sido víctima de torturas.
Ya en este momento, en las crónicas de ese mismo juicio, los contactos internacionales habituales de un periódico y de un movimiento político local se presentan como «pruebas» de un complot contra Beijing. Ya en este momento nadie puede postularse para ocupar una banca en el Consejo Legislativo sin tener férreas credenciales «patrióticas» de lealtad a lo que ha decidido la República Popular China para Hong Kong. Y en efecto, ya en este momento nadie ha tenido la oportunidad de plantear objeciones a la Ley sobre el artículo 23, cuando en 2003 el solo intento de aprobar una medida similar sacó a las calles a cientos de miles de personas, lo que obligó al gobierno de la época a dar marcha atrás.
¿Entonces por qué era tan importante poner por escrito esta nueva represión y marcarla con el sello de tres votaciones unánimes? Por la razón que decía Chow Hang-tung: porque también para los regímenes autoritarios es importante encubrir la injusticia con un velo de legitimidad. Por eso – en estos días nuevamente tan dolorosos – nuestro pensamiento sólo puede dirigirse a ella, al ex sindicalista Lee Cheuk-yan, al ex presidente del Partido Demócrata Albert Ho y a todos aquellos que están desde hace años en la cárcel simplemente por haber afirmado la idea de que Hong Kong debe seguir siendo la encrucijada de libertad que la historia del siglo XX había forjado.
Inmediatamente después de la aprobación de la ley sobre el artículo 23, John Lee se apresuró a declarar que «debe haber un país antes que dos sistemas», en alusión al lema «un país, dos sistemas», bajo el cual Hong Kong volvió a la soberanía de Beijing en 1997. En este momento sólo hay una China entre rejas, tanto en Hong Kong como en la República Popular. Nosotros tenemos la tarea de no olvidarla.
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