Massimo Introvigne and Rosita Šorytė
(ZENIT Noticias – Bitter Winter / Roma, 28.08.2024).- En abril de 2023, los medios de comunicación de todo el mundo publicaron la noticia de que un movimiento religioso keniano al que llamaban «secta», dirigido por un pastor local llamado Paul Mackenzie, era responsable de la muerte de cientos de seguidores, que se habían matado de hambre a sí mismos y a sus hijos siguiendo las instrucciones de su líder sobre una forma radical de ayuno.
Ha pasado más de un año, y lo que ocurrió exactamente sigue sin estar del todo claro, ya que se han descubierto cientos de cadáveres y Mackenzie sigue declarándose inocente. Obviamente, si el pastor Mackenzie persuadió a sus seguidores a cometer lo que desde el punto de vista de las leyes sólo puede calificarse de suicidio, unido a homicidio si obligaban a sus hijos a unirse a ellos en el ayuno, debe ser condenado, sean cuales sean sus motivaciones. La instigación al suicidio, y el homicidio, no están protegidos por la libertad de religión o de creencias.
Por otra parte, una comisión ad hoc del Senado keniano aprovechó el incidente para elaborar un informe sobre «sectas» con algunas propuestas inquietantes, publicado el 10 de octubre de 2023. El informe presentaba las leyes contra las sectas en Francia y la existencia allí de una misión gubernamental para combatir las «desviaciones sectarias» llamada MIVILUDES, y las regulaciones introducidas contra las «sectas» en Japón tras el asesinato de Shinzo Abe en 2022 como «mejores prácticas» a imitar en Kenia y, de hecho, en toda África. El informe también sugería crear un delito de «maltrato psicológico» y sondear las finanzas de las iglesias y religiones que operan en Kenia y de sus líderes con el objetivo de reducir la exención fiscal concedida a las organizaciones religiosas. Tras la tragedia de Kenia, ahora también se escuchan propuestas similares en otros países africanos, como Ruanda, Uganda, Camerún y Gambia.
Se trata de un caso atroz de tirar al bebé de la libertad religiosa con el agua de la bañera de su abuso por parte de quienes pueden haber utilizado la religión para cometer delitos comunes.
Ahora, en Kenia, un grupo de trabajo especial creado por el presidente William Ruto en mayo de 2023 para evaluar el marco jurídico y normativo por el que se rigen las organizaciones religiosas en el país ha entregado su informe final. Este documento incluye varias recomendaciones centradas en examinar y regular rigurosamente las actividades de las organizaciones y grupos religiosos en el país. El grupo de trabajo, dirigido por el político y predicador protestante Mutava Musyimi, entregó su informe al Presidente Ruto el 30 de julio.
El informe sugiere la creación de una Comisión de Asuntos Religiosos que evalúe a todos los grupos religiosos y clérigos de Kenia. Musyimi insistió en que la mayoría de los kenianos son susceptibles de sufrir abusos religiosos debido al aumento de la pobreza y al escaso conocimiento de las cuestiones religiosas, factores que pueden haber ayudado a Mackenzie a persuadir a sus seguidores para que murieran de hambre.
«Una persona pobre no tiene opciones, y la religión se convierte en su única esperanza. La pobreza hace que sea fácil caer presa de los abusos religiosos», declaró Musyimi, señalando que la aplicación del informe permitiría tomar medidas enérgicas contra los líderes religiosos “engañosos”. Musyimi parece apoyar la anticuada teoría de la privación propuesta en el siglo pasado para explicar el éxito del pentecostalismo y los nuevos movimientos religiosos, y también utilizó un lenguaje derivado del movimiento internacional contra las sectas.
El grupo de trabajo sugiere que las organizaciones religiosas se sometan a un régimen de registro. Al solicitar el registro, deben presentar sus estatutos, en los que se detalle su doctrina religiosa, y certificados de autorización de la Autoridad Tributaria de Kenia y de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción.Principio de la páginaInfierno de la página Mientras que las iglesias católicas y protestantes tradicionales (con algunas excepciones) apoyan la propuesta, en la que pueden ver una oportunidad para limitar la competencia de los grupos pentecostales y los nuevos movimientos religiosos, en auge, otras minorías protestan contra el informe. Un grupo de líderes pentecostales de las regiones del Monte Kenia y el Bajo Este, conocido como Foro de Unidad Gikuyu, Embu, Meru y Akamba (GEMA), se opone a todas las propuestas. Dirigidos por su presidente nacional, James Munga, sostienen que la aplicación del informe del grupo de trabajo será perjudicial y atentará contra la libertad de religión o creencia. Quieren que se rechace.
«Nos están amordazando como Iglesia. No queremos que la Iglesia sea examinada y registrada de nuevo», declaró Munga, añadiendo que cualquier cambio debería decidirse mediante un referéndum nacional. Los juristas también se oponen a las propuestas por considerarlas contrarias a la Constitución keniana.
En Ruanda, según informan los medios de comunicación locales y Human Rights Without Frontiers, la teoría ya se ha convertido en práctica. El Consejo de Gobernanza de Ruanda (RGB, por sus siglas en inglés), junto con otros organismos gubernamentales, está supervisando las inspecciones en todo el país para garantizar que las organizaciones confesionales cumplen las leyes y normativas nacionales. A mediados de agosto, se habían clausurado más de 7.700 iglesias de las 13.000 inspeccionadas.
Las autoridades ruandesas afirman que una iglesia o lugar de culto religioso puede ser clausurado si no supera una de cuatro pruebas. Una de las pruebas se refiere a los principios de construcción y seguridad, y parece razonable y correspondiente a las normas internacionales. Sin embargo, en «Bitter Winter» recibimos a menudo informes de que se utilizan argumentos de seguridad mal fundados como pretexto para acosar a minorías impopulares, incluso en países generalmente considerados amigos de la libertad religiosa, como los centros islámicos de Italia.
Los otros tres criterios son muy problemáticos. Los burócratas del gobierno declararon a los medios de comunicación que los líderes de las organizaciones confesionales deben poseer cualificaciones académicas. Estos líderes necesitan una licenciatura en estudios religiosos de una institución de enseñanza superior acreditada o cualquier otra titulación acompañada de un certificado válido en estudios religiosos o materias afines de una institución reconocida. Se explicó que «la razón de ser de las cualificaciones académicas es garantizar que los líderes religiosos reúnen los requisitos y son capaces de interpretar y transmitir mensajes relacionados con la fe a las congregaciones que dirigen». Si estos criterios se aplicaran en Estados Unidos o en muchos otros países democráticos, la mayoría de los lugares de culto de las minorías religiosas serían clausurados. La Iglesia católica y algunas iglesias protestantes mayoritarias sí exigen que sus párrocos o pastores tengan títulos académicos, pero la mayoría de las demás organizaciones religiosas no lo hacen.
El segundo criterio es que las iglesias y otras organizaciones religiosas deben presentar al gobierno sus estatutos, obtener una «carta de colaboración» de las autoridades del distrito respectivo y presentar un «plan de acción». El plan de acción debe incluir no sólo actividades evangelizadoras, sino también iniciativas comunitarias. Obviamente, las autoridades del distrito pueden negarse a firmar «cartas de colaboración» por cualquier motivo, lo que lleva a cerrar los lugares de culto de las organizaciones que no les gustan.
El tercer criterio es que «cada organización debe presentar una declaración de fe en la que se detallen sus doctrinas». Este documento es crucial para evaluar si las enseñanzas se ajustan a los valores y leyes nacionales». Las autoridades explicaron que la libertad religiosa está garantizada por el artículo 37 de la Constitución de Ruanda, pero no a todo el mundo, sino sólo a las religiones y movimientos que «no contradigan los valores y normas nacionales» especificados por el gobierno. Obviamente, se trata de una libertad religiosa limitada y falsa, similar a la que garantiza la Constitución china sólo a las actividades religiosas «normales», reservándose el régimen el derecho a definir lo «normal».
En 2018, el gobierno de Ruanda ya había llevado a cabo una campaña similar cerrando unos 9.000 lugares de culto. Camerún ha anunciado recientemente que estudia adoptar una política religiosa similar. Tanto Ruanda como Kenia han alabado la represión de la Iglesia de la Unificación (ahora llamada Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación) y otras minorías en Japón y la legislación anticulto en Francia como prácticas que les han servido de inspiración.
África ha tenido que enfrentarse a muchos virus. Parece que el virus que amenaza la libertad religiosa se está extendiendo más rápido de lo esperado.
Traducción del original en lengua italiana realizada por el director editorial de ZENIT.
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