(ZENIT Noticias / Michigan, 14.11.2024).- En un fallo importante, un tribunal federal de Michigan ordenó a Blue Cross Blue Shield of Michigan pagar más de $12 millones en daños y perjuicios a Lisa Domski, una empleada de mucho tiempo, que fue despedida por negarse a cumplir con el mandato de la vacuna COVID-19 de la compañía por motivos religiosos. El tribunal se puso del lado de Domski y consideró que su despido constituía discriminación religiosa.
Domski, que había trabajado de forma remota desde la oficina de su casa, argumentó que su negativa a vacunarse se debía a sus creencias católicas. Según su abogado, Jon Marko, presentó una solicitud formal de exención religiosa en 2021, junto con una declaración que describe sus creencias y la información de contacto de su sacerdote y parroquia. Sin embargo, según los informes, la empresa rechazó su solicitud y emitió un ultimátum: vacunarse o afrontar el despido. A pesar de casi cuatro décadas de servicio, Domski se mantuvo firme en sus convicciones y posteriormente fue despedida.
“Aquí estaba una empleada dedicada, trabajando remotamente desde su oficina en el sótano, sin representar ningún riesgo para nadie y cumpliendo fielmente su trabajo durante 38 años”, afirmó Marko, enfatizando que su despido carecía de justificación dado su rol remoto.
El caso de Domski planteó dudas sobre la aplicación de la política de vacunas de la empresa, que permitía exenciones tanto médicas como religiosas. Su abogado señaló que a pesar de su presentación detallada, Blue Cross Blue Shield cuestionó la sinceridad de su objeción religiosa y, según Marko, luego afirmó no estar familiarizada con su fe, incluso después de revisar su documentación.
La decisión del jurado desglosó los daños de la siguiente manera: $10 millones en daños punitivos, $1,7 millones por salarios perdidos y $1 millón por daños no económicos, lo que refleja la evaluación del tribunal del impacto personal y financiero de su despido.
Tras el veredicto, Blue Cross Blue Shield de Michigan expresó su decepción e indicó que estaban explorando opciones legales para impugnar el fallo. El caso destaca las tensiones legales en torno a las exenciones religiosas y los mandatos de vacunas, lo que plantea implicaciones más amplias para las políticas laborales que buscan equilibrar las pautas de salud pública con los derechos individuales.
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