(ZENIT Noticias / Roma, 16.03.2025).- El gobierno de Israel derriba viviendas palestinas en Jerusalén y sus suburbios durante el mes sagrado para el Islam. Los daños materiales a sus habitantes crecen con heridas a su sensibilidad religiosa. Las protestas de los diputados árabes no se escuchan en la Knesset (el parlamento israelí).
Una entrevista a Aviv Tatarsky muestra la vulnerabilidad de la comunidad palestina y la situación actual de los habitantes en los barrios de la zona Este de Jerusalén tras el conflicto armado de hace meses. Aviv Tatarsky es investigador de la organización Ir Amim, que significa «Ciudad de los Pueblos» o «Ciudad de las Naciones», organización activista israelí sin fines de lucro, fundada en 2004, que se centra en el conflicto palestino-israelí de Jerusalén y busca garantizar la «dignidad y el bienestar de todos sus residentes y que salvaguarde sus lugares santos, así como sus patrimonios históricos y culturales».
La demolición de viviendas es utilizada por el ejército israelí para enfrentar a la insurgencia palestina y limitar el crecimiento demográfico de la población palestina en Israel. Se justifica como medida disuasoria contra el terrorismo, aunque el propio ejército israelí sostiene que la medida no ha demostrado eficacia para disuadir y es más bien contraproducente.
Las excavadoras israelíes han retomado las demoliciones en Jerusalén y, por primera vez, durante el Ramadán. Ir Amim proporciona información a los miembros de la Knesset y del Gobierno Municipal de Jerusalén sobre las acciones en la zona Este que socavan la estabilidad de la ciudad, impiden la igualdad entre los residentes o amenazan futuras negociaciones sobre el estatuto final en Jerusalén.
Aviv Tatarsky informa sobre las demoliciones: “El año pasado hubo 181, el año anterior 140, lo que supone una media de unas 120 demoliciones al año, es decir, unas 600 personas expulsadas de sus hogares cada año”.
El investigador comenta: “Las familias desalojadas cenan el Iftar (cena durante el Ramadán) sobre los escombros de sus casas. Las demoliciones tienen lugar principalmente el primer día de la semana, que para los israelíes es el domingo”.
Sobre el soporte legal, resalta: “Empecemos diciendo que, aunque Israel procedió a anexionarse Jerusalén Este en 1980 (a pesar de la condena de la ONU en la Resolución 478/80), el dato indiscutible sigue siendo que se trata de un territorio ocupado ilegalmente desde 1967, en el que no deberían permitirse demoliciones ni desplazamientos de población”. Y añade: “En los últimos tiempos, se han aprobado normas aún más restrictivas en relación con las sentencias judiciales, lo que hace que las órdenes de demolición sean aún más fáciles y rápidas”.
Sobre las voces que reclaman respeto a los palestinos, señala: “Hay algunas protestas de diputados de partidos árabes en la Knesset, pero no se les hace caso. Luego están, por supuesto, las campañas de información y denuncia que las organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas, como la nuestra, llevan años realizando. Pero el gobierno sigue por su camino. El año pasado, el Tribunal Internacional de Justicia, al condenar la ocupación militar israelí, incluyó también la práctica de las demoliciones entre las que deben considerarse discriminatorias e ilegales”.
Acerca de la construcción ilegal por los palestinos, Aviv Tatarsky explica: “Cuando los habitantes palestinos solicitan un permiso de construcción, muy rara vez se les concede y, en cualquier caso, la espera puede durar varios años. Esto les obliga en algunos casos a construir sin permiso, respetando los volúmenes y estilos de los edificios vecinos. Esto da vía libre a los tribunales israelíes para dictar órdenes de demolición”.
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