(ZENIT Noticias / París, 24.03.2026).- Una sentencia de un tribunal administrativo del este de Francia ha vuelto a poner en el punto de mira uno de los principios más delicados del país: la laicidad, o secularismo estatal, evidenciando la tensión entre la libertad religiosa individual y la neutralidad institucional en la función pública.
El 18 de marzo, el Tribunal Administrativo de Dijon ratificó un decreto emitido por Gilles Platret, alcalde de Chalon-sur-Saône, que prohíbe a los cargos electos llevar símbolos religiosos «ostentosos» durante las sesiones del consejo municipal. Los jueces concluyeron que la medida no constituye una «violación grave y manifiestamente ilegal» de la libertad de conciencia, afirmando que dicha libertad debe conciliarse con las obligaciones impuestas por el gobierno laico.
La demanda fue interpuesta por dos concejales locales afiliados a La France Insoumise, Damien Saley y Lamia Sabrina Sari. Sari, que usa velo islámico, argumentó que el decreto atentaba directamente contra su capacidad para ejercer su mandato electo. Su recurso legal planteó la cuestión como un asunto de derechos fundamentales: si la participación en las instituciones democráticas puede estar condicionada a la renuncia visible a la identidad religiosa.
El tribunal rechazó este argumento. En su razonamiento, subrayó que los funcionarios públicos, una vez que actúan dentro de los marcos institucionales, están sujetos a un deber de neutralidad derivado del marco laico francés. Este principio, profundamente arraigado en la cultura política francesa, tiene su expresión jurídica moderna en una serie de leyes, incluida la prohibición de 2004 de los símbolos religiosos ostentosos en las escuelas públicas y las posteriores normativas que extienden restricciones similares a otros ámbitos públicos.
Platret fundamentó explícitamente su decreto, emitido el 14 de enero, en estos precedentes, así como en el reglamento interno adoptado por la Asamblea Nacional francesa en 2018. Para el alcalde, la lógica es sencilla: si los legisladores nacionales están sujetos a tales restricciones, los ayuntamientos no deberían operar bajo normas menos estrictas. La decisión del tribunal, afirmó, ofrece «un modelo» que otros municipios podrían adoptar.
Su abogada, Julie Callot, reforzó este argumento al insistir en la neutralidad de la medida. La prohibición, señaló, se aplica por igual a todos los símbolos religiosos visibles —ya sea una gran cruz cristiana, una kipá judía o un velo islámico— y tiene como objetivo prevenir lo que describió como «indumentaria proselitista» en los procedimientos oficiales.
La abogada de la parte contraria, Marion Ogier, presentó una interpretación diferente de la laicidad, que prioriza la libertad individual sobre la uniformidad institucional. En su opinión, el decreto corre el riesgo de excluir a ciertos representantes electos de la plena participación, penalizándolos de hecho por sus creencias. El tribunal, sin embargo, se decantó por una interpretación más restrictiva del laicismo, que impone la responsabilidad de la neutralidad a quienes ejercen la autoridad pública.
El fallo no puede entenderse al margen del perfil político más amplio del propio Platret. Recientemente reelegido con más del 61 % de los votos en una ciudad de aproximadamente 45.000 habitantes, el alcalde se ha forjado una reputación basada en interpretaciones firmes —y a menudo controvertidas— del orden público y la identidad. Entre las iniciativas anteriores se incluyen un intento de prohibir las banderas palestinas en el municipio, posteriormente suspendido por los tribunales, así como esfuerzos por regular los menús escolares y el lenguaje en el lugar de trabajo.
Su trayectoria política también refleja la evolución de la derecha francesa. Anteriormente vinculado a Les Républicains, se ha acercado, según se informa, a las posturas de Reconquête!, el movimiento liderado por Éric Zemmour, conocido por su línea dura en materia de inmigración e identidad cultural.
Más allá del contexto local, la sentencia de Dijon aborda una cuestión europea más amplia: hasta dónde pueden o deben llegar las democracias laicas en la regulación de la expresión religiosa dentro de las instituciones públicas. El modelo de laicidad francés, más estricto que el de muchos de sus vecinos, ha buscado durante mucho tiempo confinar la religión al ámbito privado, particularmente en contextos donde se ejerce la autoridad del Estado.
Los críticos argumentan que este enfoque corre el riesgo de afectar desproporcionadamente a las minorías religiosas, especialmente a los musulmanes, para quienes las manifestaciones visibles de fe son más comunes. Quienes lo defienden replican que el principio es indivisible y esencial para preservar la neutralidad —y, por lo tanto, la legitimidad— de las instituciones públicas.
Por ahora, el tribunal ha establecido un límite claro: el cargo electo no exime a los individuos de las expectativas de una conducta laica. Queda por ver si este límite se mantendrá ante futuros desafíos legales o políticos. Lo que sí está claro es que, en Francia, el equilibrio entre la libertad de conciencia y las exigencias de la laicidad continúa negociándose caso por caso, a menudo en los tribunales en lugar de en el parlamento.
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